El 9 d'Octubre como termómetro político

Las efemérides suelen ser, además de un momento de celebración, un tiempo para el análisis. En un clima preelectoral, la coincidencia del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, con el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía valenciano, invita a repensar el autogobierno y a realizar un balance de la segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista.

La celebración de este 9 d'Octubre llega en el marco de un constante debate sobre el modelo territorial y político español, un debate de debates que comprende desde las diferentes sensibilidades nacionales del Estado hasta el reparto de recursos por habitante. Implica aterrizar el concepto de solidaridad y el de equidad, reflejados en la Constitución. La izquierda con representación parlamentaria reclama un modelo más federalista, avanzar en competencias y más recursos para ejercerlas. Más autonomía pero sin competencia entre regiones, un reconocimiento de las singularidades sin romper el proyecto común y un mecanismo que haga posible que la administración de proximidad cuente con recursos que garanticen a los ciudadanos sus derechos.

La financiación autonómica, el reparto de inversiones entre autonomías, la descentralización de organismos del Estado, la reforma del sistema fiscal para reequilibrar el esfuerzo entre rentas altas y bajas, entre los ingresos derivados del trabajo y los derivados del capital, son algunas de las cuestiones en discusión en los últimos años que afectan de lleno a la autonomía. También la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, sin efectos desde que lo tumbara el Tribunal Constitucional por un recurso del PP, y actualizar la Carta Magna a los derechos que se han legislado en las dos últimas décadas.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha hartado de asistir a foros, negociar comisiones bilaterales con el Gobierno central y con Ejecutivos autonómicos, enviar escritos, asistir a manifestaciones y organizar espacios de debate sobre la reforma territorial y la financiación autonómica, exponiendo un modelo más federalista de país, reclamando un nuevo pacto de Estado que evite una ruptura. En clave interna, la última legislatura ha sido la más convulsa: una DANA, una pandemia y las consecuencias económicas de una guerra que lo han sacudido todo han puesto a prueba los cimientos democráticos y la capacidad de respuesta de la administración ante las emergencias de los ciudadanos. En el último año, se ha abordado una reforma en el Gobierno de coalición que comparte con Compromís y Unides Podem, del que han salido los negociadores habituales y en el que han crecido las tensiones entre partidos, que deben abordar unos presupuestos cruciales para frenar una crisis social, la tercera para los nacidos a partir de los ochenta.

Y en medio de las crisis, la parálisis de los mecanismos del Estado -y de los partidos que deben impulsarlos- para resolver los problemas de fondo; lo importante empañando por lo urgente. Apuntaba el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, lo “escandaloso” de la caducidad del Consejo General del Poder Judicial, cuatro años bloqueado, y la pasividad ante la caducidad del sistema de financiación autonómica, vencido hace una década. En la misma línea se manifestada José Antonio Pérez, responsable de la política económica del PSPV, al defender la revisión del IRPF de Ximo Puig, recordando que a “la verdadera reforma fiscal”, la que toque el peso de los contribuyentes y los equilibrios territoriales, no le llega nunca la hora. También lo hacía Héctor Illueca, vicepresidente segundo y dirigente de Podem, que en un acto reciente con Pablo Iglesias alertaba de las consecuencias territoriales de no reformar la financiación autonómica bajo la perspectiva de la equidad de recursos, con más aportaciones del Estado, pero también del capital privado que se esfuma aprovechando las grietas del sistema fiscal.

Al otro lado, se encuentra una derecha democrática perdida. En tiempos de crisis, se esperan de la oposición aportaciones racionales, pactos de Estado, acercamiento para abordar las grandes reformas, pero en su lugar hay un movimiento neoliberal apelando a discursos centralistas, ultranacionalistas, a señas de identidad, que quiere hacer pasar por justa una propuesta fiscal que implica que siga aportando más al sistema quien menos tiene. Mientras, la extrema derecha agita el populismo xenófobo y aporófobo, desde la tribuna y desde la calle.

La carrera electoral

Los partidos que componen el Pacto del Botánico llegan a la celebración con preguntas pendientes: qué proyecto ofrecer en unos comicios que arrancan en ocho meses y qué caras los encabezarán. En el PSPV es incontestable la candidatura de Ximo Puig, aupado en el último congreso del PSPV, pero falta abordar las listas autonómicas y municipales, donde los socialistas tienen mucho músculo -y muchas familias-. En Compromís, con Mónica Oltra, su referente, apartada de la primera política por una querella de la extrema derecha, la apuesta por compararla con Lula, el expresidente brasileño, encaja con el ánimo de su militancia, pero no resuelve el corto plazo. Por la coalición ha dado un paso al frente Joan Baldoví, diputado en el Congreso, militante de Més-Compromís, mientras se espera un movimiento de Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat desde la salida de Oltra, coportavoz de Iniciativa-Compromís. Los valencianistas, con un sistema que equilibra a sus tres formaciones en las listas, también tienen que componer una candidatura compleja. Por su parte, en Unides Podem-Esquerra Unida tienen que elegir si seguir con su alianza, sumarse a una plataforma más amplia como la que plantea Yolanda Díaz o asistir en solitario a unos comicios que ya les dejaron sin representación en la capital valenciana. De momento, los morados apuestan por mantener a sus caras visibles como candidatos en las primarias: el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, para la Generalitat, y la portavoz en las Corts, Pilar Lima, para València. Dado el escaso margen entre los bloques izquierda-derecha, la respuesta de los morados es clave para la supervivencia del acuerdo de Gobierno.