Aitana Mas defiende el presupuesto del Consell como apuesta por los servicios sociales y contra la feminización de la pobreza

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, defiende los presupuestos para 2023 como una fórmula para aportar seguridad a la ciudadanía en un contexto socioeconómico complejo e inestable. Las últimas cuentas que se aprueben esta legislatura buscan “aportar certezas a las familias y empresas valencianas”, priorizando el refuerzo de los servicios públicos básicos y blindando al personal que los presta, en un proyecto que triplica lo presupuestado en comparación a 2015.

En su discurso en las Corts Valencianes, Mas ha tenido menciones para las acciones de otros departamentos del Ejecutivo valenciano, como las políticas de vivienda, de empleo joven, de salud mental, la rebaja en el transporte público o las ayudas escolares y las becas universitarias, englobando la acción del Gobierno en un acuerdo conjunto.

La dirigente ha querido destacar novedades en las cuentas públicas, como “incrementos salariales y dignificación de condiciones laborales”. En 2023 la Generalitat pagará casi 33.000 puestos de trabajo, un incremento del 20,3% respecto a este año. El proyecto contempla una subida salarial a más de 12.000 trabajadores de forma gradual hasta 2026, a razón de unos 700 euros mensuales por trabajador del sistema de servicios sociales, que se equiparan a otros empleados del sistema público. La medida, ha explicado Mas, es “posiblemente la medida feminista más importante de los últimos años”, ya que el de los servicios sociales es “un sector altamente feminizado”. En la misma línea, respecto a la feminización de la pobreza, el Ejecutivo aumenta un 33% la prestación de cuidados en el entorno, lo cual supondrá un aumento de unos cien euros mensuales para las personas cuidadoras.

Respecto a las políticas contra la violencia machista, se destinarán 15 millones de euros para los centros y servicios ambulantes de atención integral a las mujeres supervivientes, 8,7 millones para garantizar una primera alternativa habitacional y 2,7 millones de euros para ayudas directas tanto para mujeres supervivientes de violencia de género como indemnizaciones.

Las cuentas suponen, ha citado, la consolidación y ampliación de la cobertura de las prestaciones sociales, particularmente la renta valenciana de inclusión, la dependencia, las prestaciones económicas para la crianza y las ayudas de emergencia para mujeres supervivientes de la violencia machista. Actualmente 75.000 personas reciben la renta valenciana de inclusión y para 2023, con la previsión de mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital, se han presupuestado 288 millones de euros, con créditos ampliables -este año se han ejecutado 300 millones-. En materia de dependencia, se destinan 462 millones de euros para las prestaciones.

La oposición ha reprochado bajas tasas de ejecución presupuestaria, los retrasos en la adjudicación de las ayudas sociales como la renta valenciana de inclusión o la dependencia y que la política de ayudas públicas no se traduce en una reducción de la pobreza. “El gobierno nos maltrata” al no financiar la dependencia al 50%, critica Elena Bastidas, diputada del PP, mientras que la parlamentaria de Ciudadanos María Quiles apuntaba que “solo han pagado un 13% de ayudas sociales en septiembre”.“La sociedad se enfrenta a una feminización de la pobreza sin precedentes y una brecha de género en el mercado de trabajo cada vez más acuciante”, ha apostillado la popular Maria Luisa Mezquita, que ha compartido intervención con Bastidas.

En su turno de réplica, la vicepresidenta ha considerado que “no podemos fingir que [el Gobierno central] no nos debe la dependencia o la financiación” y ha pedido a las formaciones “arrimar el hombro e intentar que sean una realidad”. Desde 2015 hay 2.000 millones de euros de dependencia con cargo a la deuda, ha expuesto, para recordar que “el primer gobierno que bajó la aportación fue el de Rajoy, que no cumplió con el 15% ”actual“. La ejecución, sostiene Mas, siempre pasa del 90% en los últimos años y suele reflejarse al final del ejercicio, que es cuando se han supervisado los compromisos adquiridos con otras administraciones.

Despliegue del Pla Convivint

El tercer gran objetivo del presupuesto, ha citado Mas, es continuar con el Pla Convivint de Infraestructuras Sociales, al que se destinarán más de 114 millones de euros, que permitirán “mejorar la atención, apostar por la equidad territorial reduciendo la brecha que hay entre unas comarcas y también crear puestos de trabajo, de los que 2.850 serán en el sector de la construcción”. La construcción de centros busca consolidar un modelo de atención 'a 20 minutos', en los que se reduzcan al mínimo los desplazamientos para acudir a un centro social de atención primaria.

En cuanto a la atención a la salud mental, el presupuesto es de 55 millones de euros -a los que se añade la transferencia al IVASS contemplada en el programa de Infraestructuras de Servicios Sociales- De ellos, 38 millones se presupuestan a través del contrato-programa, 157 millones de euros se suman al concierto de diversidad funcional y 2 millones a través de líneas nominativas, “lo que suma un total de 254 millones para financiar los servicios que requiere el colectivo de personas con diversidad funcional o problemas de salud mental”.

En concreto, el Programa de Atención y Seguimiento para Personas con Problemas de Salud Mental Graves (Sasem) dispondrá de 7,3 millones de euros mientras que los Centros de Atención Temprana estarán financiados con un presupuesto de 23 millones de euros, “dos millones más que este año y 16 millones más que en 2015, lo que supone atender anualmente a casi 10.000 niños y niñas”.