Un barrio humilde, una agresión ultra a un casal antifascista y un concejal de Vox señalado en Castellón

El Raval de Sant Fèlix es un barrio tranquilo. Todos los vecinos consultados insisten en describirlo así. En el distrito norte de la ciudad, comprende una de las zonas populares de Castellón: casas bajas, de construcción humilde, hogar de trabajadores del campo. El carácter agrícola le vale el sobrenombre de l'Ereta, una porción de término cultivable en una pendiente que también le da nombre al bar junto a la plaza y a la plaza misma.

Es, dicen los vecinos y valga el tópico, un barrio normal de gente normal. Por eso extraña tanto la campaña política que apunta a la inseguridad en el barrio en el último año, una sensación que, ahora sí, se ha instaurado después de la agresión ultra del pasado sábado a un colectivo antifascista, que ha dejado a un hombre hospitalizado de gravedad. Este sábado, colectivos antifascistas han convocado una manifestación para condenar la agresión, en la Plaça de l'Ereta (plaza de Isabel la Católica).

Junto a la plaza, en el centro del barrio, se encuentra el casal de la organización juvenil La Cosa Nostra Antifa Social Club. Es frente a su sede donde se produjo la paliza, en una fiesta que organizaban. El colectivo víctima de la violencia se instaló hace 16 años en un bajo, rodeado de viviendas que se encuentran en su mayoría deshabitadas. El casal, explícitamente antifascista, se dedica a organizar actividades políticas y culturales que implican a algunos vecinos. También ha participado en numerosas protestas, como una de rechazo al rey a las puertas de la Universitat Jaume I. El pasado sábado, mientras celebraban el inicio de las fiestas de la Magdalena, un grupo de entre 20 y 30 individuos de extrema derecha irrumpió en la calle y agredió a los asistentes, primero lanzando objetos y después con bates y barras de hierro. Un hombre de 32 años fue herido de gravedad y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el jueves.

Los testigos apuntan a grupos de ultraderecha y neonazis, que se reúnen en la grada ultra del Castellón, el Fondo 1922, vinculada al Frente Orellut. “Nazis violentos aparecieron arrojando objetos” en “una agresión sin precedentes”, describen. La organización busca a quienes pudieran presenciar los hechos para recopilar testimonios. La Policía Nacional, a cargo de la investigación, detuvo a un hombre este viernes, según informan medios locales, pero Delegación del Gobierno no ha confirmado está detención.

La Cosa Nostra ha trasladado la responsabilidad política al concejal de Policía y dirigente de Vox, Antonio Ortolá, quien condenó los hechos en redes sociales. “Mi total repulsa a la agresión violenta; mi profundo deseo de que todo el peso de la ley caiga sobre los agresores; y ante todo que el lesionado se recupere cuanto antes”, escribió el concejal. El colectivo sostiene que tienen pruebas de su “vinculación personal con los agresores”. “Fascista incendiario, llevas meses señalando nuestro espacio, calumniando y generando mucho de odio y crispación, intentando encarcelar a nuestras compañeras, publicando sus caras y grabando videos ante nuestro local. Eres el responsable de lo que ha pasado”, le reprocharon en una respuesta al comentario. Consultados por este diario, recuerdan además que Ortolá ha compartido grada con la peña ultra en el estadio Castalia.

El concejal, preguntado por las acusaciones, responde por escrito a elDiario.es: “Al que intente hacer política con un delito tan grave intentando vincularme, le digo que no tiene otro calificativo más que el de miserable, sobre todo cuando viene dirigido desde altos cargos institucionales. Siempre me pondré del lado de la víctima, nunca del agresor”. La referencia incluye a los dirigentes de Compromís que le han afeado que sea “abogado defensor de neonazis”. Ortolá, jurista de profesión desde hace 23 años, defendió a uno de los encausados por las agresiones del 9 d'Octubre en València.

Los miembros del colectivo antifascista insisten en la “criminalización” ejercida por el edil de Vox hacia ellos y el barrio. Como ejemplo, recuerdan una acción del cabeza de lista en campaña electoral, que el propio partido difundió. En ella, el concejal y su equipo pasean por la plaza y aseguran que “hay delincuencia, hay drogas, hay alcohol, ocupaciones en las viviendas de un barrio muy tranquilo de Castellón”. Ortolá dice en la grabación que el ayuntamiento –entonces gobernado por el PSPV y Compromís– “no se atreve” a llevar a la Policía y que los vecinos “no se atreven a salir a la calle”. Mientras graba el vídeo, se escucha a vecinos decir “no os queremos en el barrio” y se produce algún encontronazo verbal con el concejal, que se graba en la puerta del local y al que le reprochan que vaya “a provocar”, cuestionando su discurso de defensa de intereses de los trabajadores. En el vídeo alude directamente al colectivo y menciona una condena a un integrante por colgar un muñeco con la cara de Santiago Abascal colgado de un árbol. El juzgado no apreció delito de odio pero condenó al hombre a ocho meses de prisión por amenazas y fijó una indemnización de 500 euros.

Preguntado por las alusiones a la inseguridad, Daniel Castillejo sociólogo de la Universitat Jaume I de Castelló, apunta que buena parte de la estrategia de Vox consiste en estigmatizar a los barrios interculturales para asustar a quienes viven en los barrios colindantes. Es una “fórmula del miedo”: “Vox se nutre no tanto de personas trabajadoras sino de clases medias precarizadas en los últimos años y juega con este miedo a precarizarse en exceso, por eso alude a un clima de la inseguridad constante”, indica. El investigador señala que se ha producido “una normalización institucional de discursos minoritarios”, donde de señala a estos colectivos y se les deshumaniza.

Este diario ha pedido al Ayuntamiento datos de quejas o actuaciones de la Policía Local que respalden la inseguridad denunciada, sin obtener respuesta. Por contra, algunos vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato, dada la violencia de la agresión del pasado sábado, sostienen que hay una campaña política dirigida contra el casal, a cargo de gente “a la que les molesta su ideología”. Otros vecinos han iniciado una recogida de firmas contra el local antifascista porque, apuntan, causa molestias por ruido.

C., vecino, lleva una década en la plaza, y apunta que el colectivo “no molesta a nadie. Tienen su colla, están dentro. Les molesta a los vecinos que tienen algo en contra”. El hombre, que manifiesta no tener afinidad ideológica con la organización, reconoce que “hacen cosas por el barrio”, como una fiesta para los niños en verano, paellas populares o las actividades en fiestas de la Magdalena. “Hacen conciertos reivindicativos, traen a mucha gente al barrio. Le dan vida”, defiende. En la misma línea se encuentra otra vecina, una joven del barrio, que asegura que las manifestaciones de inseguridad “no tienen nada que ver con la realidad”. “Es un barrio antiguo, tranquilo, con vecinas que salen a la plaza a tomar la fresca. Hay varias collas y estamos todos a gusto”, dice. Según apunta, en el casal hacen los conciertos en Magdalena, “para todo el mundo” y organizan otras actividades como proyecciones de cine, torneos de cartas, mesas redondas y debates sobre Palestina o el 8M. “Hay mucha vida de barrio, las vecinas compramos lotería juntas, salimos a la calle con las sillas... Es todo tranquilo”, insiste. Desde la agresión del sábado, confiesa, sí han empezado a tener miedo.

Desde La Cosa Nostra insisten en que hay “una criminalización para justificar el cierre”, que viene de lejos. El ayuntamiento, liderado por Begoña Carrasco (PP) ha limitado la organización de actos en la zona amparándose en las quejas vecinales. Este diario ha preguntado a la alcaldesa si mantiene la confianza en el concejal de seguridad, pero no ha obtenido respuesta. En una entrevista el pasado miércoles en la Cadena Ser, Carrasco enmarcaba la agresión en “una pelea entre grupos de ideología diferente” y a continuación censuró que “eso es lo que no cabe, pues nuestras fiestas no tienen ideología, son de todos y para todos”. Además, consideró que es “muy grave” que haya oído decir que la Policía Local “no actuó como debería”. “Me parecen muy graves esas afirmaciones, pues no se puede jugar con esos temas”, indicó.

Compromís ha reclamado “medidas contundentes” al Ayuntamiento por la agresión y, a través del grupo parlamentario Sumar, ha presentado preguntas al Ministerio de Interior. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, subraya que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y que “los autores de esta agresión no van a quedar impunes”.