Ciudadanos busca el apoyo de un tránsfuga para aprobar in extremis la bajada del listón electoral a las Corts Valencianes

La reforma de la ley electoral valenciana, una norma que data de 1987, es una de las más encalladas en el Parlamento autonómico. Parece condenada eternamente a volver a la casilla de salida. Los partidos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) y Ciudadanos asumieron en sus programas electorales en 2015 realizar un cambio normativo que hiciera la representación parlamentaria más proporcional, adaptarla a la pluralidad política y al contexto de digitalización. En definitiva, rebajar el listón electoral, el más alto de España, para homologarlo al resto de territorios y que los partidos que obtengan un 3% del total de votos en la comunidad autónoma puedan tener representación, en lugar del 5% actual.

La modificación de esta norma requiere el apoyo de al menos dos tercios de la cámara -66 de 99 diputados- un resultado que necesita sí o sí la suma de los partidos del Botánico -52 votos- con algún grupo de la oposición. Dado que Ciudadanos es el cuarto partido que asumió ese compromiso en las elecciones, era lógico pensar en un acuerdo entre las mismas fuerzas, que ya habían negociado una reforma mínima en una comisión parlamentaria. Hasta que la cuarta pata se empezó a tambalear y exigió en octubre de 2018 una propuesta inasumible en los plazos de la legislatura. Ciudadanos exigió convertir a la Comunitat Valenciana en una circunscripción única, una reforma que implica una modificación del Estatuto de Autonomía que requiere, entre otras cuestiones, un referéndum. Al pedir lo imposible, la idea de un pacto se esfumó.

La negativa de la formación autoubicada en el centro se produjo antes de su debacle electoral, las fugas del partido y los movimientos internos, pero se mantuvo aún con los siguientes representantes que después se marcharían al PP, como Toni Cantó, o al grupo de no adscritos. Pese a los intentos de reconducir la negociación en 2020, con Cantó al frente, fracasó porque los naranjas volvieron a cambiar de opinión: se mostraron molestos porque el Botànic registró la propuesta sin esperarles. No se ha vuelto a llegar a un consenso. Este febrero, con una nueva portavoz, después de que Ruth Merino dimitiera para irse al equipo económico del PP, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, la idea de rebajar los requisitos para acceder al parlamento parece más atractiva.

La cuestión se planteó en la reunión de Mamen Peris, la portavoz de Ciudadanos, con el presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, aunque aseguran que fue una conversación superficial. Lo que le dijo al presidente fue que los votos de Ciudadanos están dispuestos para la reforma, como marca el programa electoral. Según publicó Valencia Plaza y ha confirmado este diario, se ha producido una reunión del grupo parlamentario para marcar la posición sobre la reforma, que resulta favorable. El problema es una cuestión de aritmética y de confianza. Los partidos del Pacto del Botánico impulsaron la ley en dos ocasiones, modificándola sustancialmente para llegar a un pacto de mínimos, y en ambas se quedaron colgados por los naranjas, así que en esta ocasión esperan que Peris les demuestre que tiene los votos. A esto se suma la desconfianza hacia un partido en el que solo esta legislatura ha habido cinco bajas que mantienen el escaño -cinco tránsfugas- y con un historial de tejemanejes algo oscuro, como pactar contraofensivas a las mociones de censura o romper acuerdos, lo que no lo convierte en el socio más fiable. Y que, aún contando con sus 13 votos, si no se diera ninguna nueva situación de rebeldía, sigue faltando un diputado para conseguir la mayoría cualificada. Los naranjas necesitan a un tránsfuga, un apoyo que tampoco parece fácil: de los seis no adscritos en las Corts Valencianes, una procede de Vox, que ha manifestado su negativa; otro es candidato del PP en las municipales, que además habla en nombre de un tercero que se dio de baja del partido horas antes de cerrarse el plazo de enmiendas a la reforma, y aseguran que no la apoyarán. Los otros tres, también ex de Ciudadanos, una de las cuales dejó el grupo a las tres semanas de tomar posesión del acta, no se han pronunciado.

Este martes, los cuatro grupos han comentado el asunto en los pasillos de las Corts Valencianes, todos con una posición favorable a la reforma. Sin embargo, las fuentes consultadas de las cuatro formaciones no reconocen ninguna negociación formal, solo una disposición al acuerdo, como apuntaban sus programas electorales. “Es complicado, pero estamos dispuestos a negociar”, resumía Ana Domínguez, número dos del PSPV, recordando que su formación planteó la norma de nuevo en 2020.

Tampoco quiere nadie reconocer que es el impulsor de este último intento, ni aparecer como el principal interesado, pese a que todos se necesitan. Ni Ciudadanos, que ha perdido cinco diputados durante la legislatura y está en caída libre elección tras elección; ni Unides Podem, que obtuvo un 8% de votos en la última convocatoria electoral con tendencia a la baja en las encuestas; ni Compromís o los socialistas, que necesitan a los morados para formar gobierno.

El listón electoral del 5% en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha pasado factura a un buen número de formaciones en las elecciones autonómicas: Unió Valenciana quedó fuera de las Corts en las elecciones de 1999 con un 4,7% de los votos; el Bloc, ahora parte de Compromís, quedó dos veces cerca del 5% y no entró en el parlamento hasta incorporar la fórmula de la coalición, pese a cosechar 114.000 votos; Esquerra Unida quedó sin representación parlamentaria en 2015 con un 4,26% de los votos, aunque logró la entrada en las últimas autonómicas de la mano de la alianza Unidas Podemos. Más de cien mil votos que quedan sin representación con esta barrera que parece irrompible.