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Compromís-Sumar presiona a PP y PSOE para recuperar el derecho civil valenciano en la reforma constitucional exprés

La coportavoz de Compromís-Sumar Àgueda Micó.

Laura Martínez

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La coalición Compromís presiona a PP y PSOE para incluir en la reforma constitucional 'exprés' la recuperación del derecho civil valenciano. A través del grupo parlamentario Sumar, formación valencianista presentará una enmienda a la iniciativa pactada por los dos grandes partidos, que se han negado a incorporar la petición en la propuesta de reforma del artículo 49. La reforma acordada entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna se llevará a cabo finalmente por el procedimiento de urgencia: con tramitación directa y en lectura única, según el texto registrado por ambos grupos parlamentarios, un trámite que no requiere de un referéndum.

Los partidos valencianos y la Associació de Juristes Valencians, impulsora del debate, vieron hace años, cuando se planteó por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) la reforma, una oportunidad para introducir por esta vía la reforma y recuperar la capacidad legislativa en materia civil. Tres sentencias del Tribunal Constitucional tumbaron esta capacidad, que sí tienen otros parlamentos de nacionalidades históricas como Galicia o Catalunya. Desde entonces, el colectivo de juristas trabaja por buscar la vía legal para restituir esta competencia autonómica, con un acuerdo en las Corts Valencianes para reclamar al Gobierno su recuperación, con todos los partidos salvo Vox a favor. La reforma estuvo cerca de prosperar el pasado año, pero el adelanto electoral frustró las expectativas.

Ahora, la coalición Compromís, que canaliza la demanda del colectivo de juristas, quiere aprovechar el pacto entre Sánchez y Feijóo para poner fin a lo que consideran una discriminación histórica. La coalición trató de negociar con el PSOE la incorporación de la demanda valenciana en el texto pactado con el PP, pero no resultó, por lo que anunciaron junto a Sumar una enmienda en el Congreso, que obligará a los dos grandes partidos a posicionarse sobre un tema que sí han respaldado en las Corts Valencianes. Salvo giro de guion, la enmienda no prosperará. Por el momento, populares y socialistas se han mostrado partidarios de limitarse a lo estrictamente acordado: la sustitución del término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Los populares temen que la reforma se convierta en un cajón de sastre y que otros partidos quieran incluir otras demandas, un temor compartido con los socialistas.

A falta de una semana para la toma en consideración de la propuesta, la coportavoz de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, recordaba que en la Comunitat Valenciana “todo el mundo está a favor de esta incorporación” y que cuenta con el respaldo del Cermi. “El PP y PSOE han dado su apoyo en las Corts Valencianes y ahora no dan apoyo a esta reforma. No entendemos cómo pueden justificar no dar apoyo a solucionar un problema histórico de las valencianas y los valencianos”, planteaba Micó este martes en el Congreso. La parlamentaria reiteró que presentarán la enmienda la próxima semana, una vez se abra el periodo tras el debate y “exigirán que PP y PSOE lo aprueben y esta discriminación deje de existir”.

Preguntada por si este rechazo por parte del PP y PSOE va a condicionar el voto de Compromís para al reforma del artículo 49, Micó ha matizado que “una cosa no tiene nada que ver con la otra”, ya que desde la formación valenciana están de acuerdo y por tanto su voto va a mantenerse favorable “acepten o no la enmienda”.

Para qué sirve el derecho civil

Como recuerda la coalición, su recuperación serviría para agilizar la administración en cuestiones de familia y herencia y para que el territorio valenciano vuelva a la legislación propia en esta materia. El Derecho Civil valenciano incluye en cuanto a derecho de familia la separación de bienes por defecto como régimen económico matrimonial, la ley de custodia compartida, la ley de parejas de hecho y la ley de contratos agrarios, que regula las transacciones de productos del campo y el arrendamiento de tierras. Respecto a las sucesiones, si se aprobara la propuesta, se recuperaría la la Ley Valenciana de Sucesiones del año 2009, que da mayor margen a las herencias, libertad para no otorgar la “legítima” de la herencia y la posibilidad de desheredar en casos de maltrato psicológico, permite redactar un testamento “por apoderado”.

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