El Consell no entiende la “crispación” en la concertada valenciana
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha referido a las críticas que está recibiendo el gobierno valenciano por parte del sector de la educación concertada. El ejecutivo valenciano no entiende tanta “crispación”, con convocatoria de manifestaciones incluida -el pasado domingo, la Mesa para la Educación en Libertad reunió a miles de personas en Valencia y este miércoles se reunían con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en Alfafar para hacerle llegar su preocupación-.
En este sentido, ha apuntado que en la planificación del próximo curso se contempla la creación de 440 nuevas unidades, frente a las 600 que “cerró” el Partido Popular, además de bajar las ratios. Así, respecto a la nueva convocatoria en el sector prevista para el próximo 2 de junio, en la que una cadena humana rodeará el Palau de la Generalitat, la vicepresidenta considera que es una “muestra de cariño” hacia la escuela privada pero que si van a dar un abrazo, “se encontrarán con otro de la otra parte”.
En su opinión, “siempre está bien que la gente se manifieste, es sano y democrático, pero también está bien que la causa sea justa”, y ha recordado que el próximo curso habrá las mismas aulas concertadas que en el actual. En este sentido, ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo en Andalucía que avala las tesis del Consell, “cuando no hay alumnos para llenar el aula, no se paga el concierto”.
Esperando al FLA
Respecto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Oltra confía en que el Gobierno remita el dinero “lo antes posible” después de que la pasada semana se enviara al ministerio de Hacienda el Plan de Ajuste que reclamaba el ministro Cristóbal Montoro. “Esperamos que llegue ya, porque lo necesitamos como agua de mayo”, ha dicho la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
A pesar de ello, la vicepresidenta valenciana ha presumido de que la Generalitat paga a sus proveedores en 66 días, por encima de los 60 que establece la ley pero en menor plazo que hace un año con el PP de Alberto Fabra en el gobierno, cuando estaba “por encima de los 90 días, y eso a pesar de la inyección del FLA extraordinario de más de 2.000 millones de Montoro”.
