La emergencia sanitaria y las ayudas económicas para paliar la crisis han marcado el curso en el Parlamento valenciano

La instalación de mamparas entre escaños marcó el inicio del que parecía ser el curso parlamentario de la “nueva normalidad”, una idea que las instituciones habían ido trasladando desde la desescalada de restricciones. Las Corts Valencianes reiniciaron la actividad presencial en septiembre tras unos meses híbridos en los que predominaron las videoconferencias y los votos telemáticos.

La actividad parlamentaria, como el resto de formas de trabajo, ha tenido que adaptarse a la pandemia. Y no sólo en los aspectos formales como aforo, distancias y mascarilla, sino en su razón legislativa. La irrupción de la Covid-19 y el confinamiento interrumpieron plenos, comisiones y proposiciones y, aunque en verano las previsiones parecían optimistas, también ha condicionado al completo las prioridades parlamentarias.

En el periodo de sesiones que arrancó en septiembre de 2020 y finaliza este mes de julio el Parlamento autonómico ha centrado el grueso de su actividad en convalidar los decretos de emergencia del Gobierno valenciano para acelerar las ayudas económicas a los sectores más resentidos por la crisis. De los 15 decretos que la Cámara han convalidado, 11 tienen relación directa con la pandemia, desde aquellos que regularon el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas hasta los planes de recuperación. Entre ellos destaca la habilitación del fondo de resiliencia o el Plan Resistir, además de decretos específicos que canalizan las ayudas a empresas, autónomos, transporte público, ocio nocturno y artesanía. En el último pleno, pese a los votos en contra de PP y Vox, la mayoría parlamentaria aprobó la creación del Fondo de Cooperación Municipal, un instrumento financiero de la Generalitat Valenciana y las Diputaciones para apoyar a las entidades locales en la salida de la crisis.

En cuanto a las leyes, según el balance que ofreció el presidente de la Cámara, Enric Morera, han salido adelante cinco propuestas, además de la ley de Presupuestos y la ley de medidas fiscales, que se tramitan de la mano. Los partidos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) han aprobado la ley de creación del Instituto Cartográfico, la disolución del colegio de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Castellón, la reforma del Síndic de Greuges, la creación de los colegios profesionales de Economistas en Castellón y Alicante y la Ley de Función Pública. Esta última, la de mayor calado, era un proyecto heredado de la primera legislatura progresista, que regula la Administración Pública autonómica y ha causado múltiples tensiones entre socios, entre otras cuestiones por el nivel de obligatoriedad de conocimiento del valenciano del personal que presta los servicios al ciudadano.

Pero al margen de la emergencia sanitaria el Parlamento autonómico ha conseguido avanzar en dos estudios clave que se encargaron antes de que la Covid fuera un compañera de viaje. El primero, relacionado con el cambio climático, es el dictamen de la comisión de estudio sobre las inundaciones de la Vega Baja, una comarca asediada por episodios de gota fría y DANA, que, según los expertos, serán cada vez más frecuentes debido al calentamiento del Mediterráneo. La comisión analizó la idiosincrasia de la comarca, concluyó que el urbanismo salvaje ha contribuido a agravar los riesgos y plantea una serie de actuaciones para paliar futuros daños.

El segundo, un ambicioso proyecto para cambiar costumbres: el estudio de usos del tiempo para impulsar políticas de racionalización horaria con perspectiva de género. La comisión de usos del tiempo prolongó sus trabajos durante un semestre y contó con las aportaciones de más de medio centenar de expertos en distintos campos -economía, género, medio ambiente, sociología, medicina...- con el objetivo de dibujar un modelo de vida que permita a las personas su desarrollo en condiciones de bienestar, prestando especial atención a la salud física y mental. La comisión concluyó que es necesario avanzar hacia un modelo de vida que no tenga como epicentro al trabajo, con jornadas más reducidas y flexibles, y centrarse en el cuidado de las personas.