El Gobierno valenciano estudia ampliar las ayudas de alquiler del plan de vivienda joven de Pedro Sánchez

Ximo Puig y Pedro Sánchez se reúnen con los consejos de la juventud de la Comunitat Valenciana.

El Gobierno valenciano se abre a estudiar las medidas complementarias a las ayudas de alquiler incluidas en el plan de vivienda para facilitar el acceso de los jóvenes. El plan estatal de vivienda, el bono joven y la futura ley de vivienda, cuyo anteproyecto se aprobará la próxima semana, dejan a las autonomías una vía abierta para reforzar las políticas de fomento del alquiler asequible.

El Gobierno valenciano ya ha puesto en marcha la mayoría de medidas que prevé la futura ley estatal de vivienda

El Gobierno valenciano ya ha puesto en marcha la mayoría de medidas que prevé la futura ley estatal de vivienda

El plan del Gobierno deja en manos de las autonomías la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas y la ampliación de las ayudas, tanto las cuantías que cubre el bono joven como el resto de apoyos económicos. El bono joven, un cheque de 250 euros para personas de entre 18 y 25 años y una de las medidas estrella del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la juventud, limita a 600 euros el alquiler subvencionable, una cifra alejada de los umbrales en los que opera el mercado en las principales capitales. Madrid, Barcelona o Valencia tienen una oferta de alquiler que supera con creces ese estándar que fija el Ejecutivo y en el último lustro han registrado subidas notables.

La medida aprobada el martes en el Consejo de Ministros deja una ventana abierta a las comunidades autónomas para elevar el alquiler subvencionable hasta los 900 euros y permite que se puedan acoplar las habitaciones en pisos compartidos. La vicepresidencia segunda y conselleria de vivienda, que gestiona el dirigente de Unides Podem-Esquerra Unida Héctor Illueca, estudia la posibilidad de incrementar el techo subvencionable, dada la escalada de precios en algunas ciudades de la Comunitat Valenciana, pero reclaman medidas complementarias para no financiar los intereses especulativos. El Ejecutivo autonómico quiere trabajar el equilibrio entre impulsar la emancipación juvenil e impedir que los precios sigan aumentando sin tocar techo.

Al margen de elevar el importe de las ayudas, el Gobierno autonómico estudia las otras medidas de flexibilidad que prevé el Ejecutivo central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha detallado este miércoles que el bono al alquiler se podrá complementar con otras ayudas directas contempladas en el Plan de Vivienda hasta subvencionar el 75% de la renta de alquiler. El Consell, que ya ha puesto en marcha ayudas autonómicas, se muestra dispuesto a colaborar para aumentar el escudo de protección. No obstante, advierten desde el departamento de Unides Podem, estas ayudas deben ir acompañadas de una intervención en los precios y una legislación de protección contra los desahucios para ser efectivas.

Los consejos de la juventud de las grandes ciudades, entre ellos el valenciano, advierten que el bono necesita de otras complementarias para ser efectiva. “El bono joven de alquiler y el plan nacional de vivienda son medidas positivas, pero con impacto limitado. Necesitamos políticas estructurales de vivienda y educación”, señala el Consejo.

El Gobierno valenciano ha puesto en marcha desde 2017 algunos aspectos que se recogerán en la legislación estatal para facilitar a los ciudadanos el acceso a un derecho reconocido en la Constitución. La ley de Función Social de la Vivienda, que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el PP por invasión de competencias estatales, ya recoge las zonas tensionadas y prevé las sanciones a los grandes tenedores de viviendas deshabitadas. El vicepresidente segundo, Héctor Illueca, considera que el posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda es una “anomalía institucional”.

El departamento dirigido por Unides Podem-Esquerra Unida espera que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado para activar todos los mecanismos de control de precios. La Generalitat ya tiene detectados 83 municipios con necesidades de vivienda y las zonas tensionadas, aquellas en las que el importe destinado a sufragar la vivienda excede del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En cuanto la ley que lo ampara entre en vigor, el Ejecutivo limitará los precios.

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