El Gobierno valenciano ya ha puesto en marcha la mayoría de medidas que prevé la futura ley estatal de vivienda

La PAH de Valencia en una protesta contra un desahucio.

El Gobierno valenciano aplicará todas las posibilidades que el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno central ofrece a las comunidades autónomas. Véase: la regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas y las sanciones a los grandes tenedores. El Ejecutivo autonómico ha manifestado su voluntad de colaborar en los mecanismos que prevé la norma anunciada por PSOE y Unidas Podemos, celebrando que caminen en la misma senda que puso en marcha la pasada legislatura. "Nos pilla con los deberes hechos", expresaba el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda, Héctor Illueca.

El Gobierno valenciano obligará a dueños de viviendas vacías a destinarlas a uso público o para alquiler social

El Gobierno valenciano obligará a dueños de viviendas vacías a destinarlas a uso público o para alquiler social

El dirigente de Unides Podem en el Gobierno valenciano celebra la norma, que "va en la línea de lo que hemos puesto en marcha". Precisamente el pasado viernes Illueca llevó al Pleno del Consell el decreto de movilización de viviendas vacías, una norma que desarrolla la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017, y que ya anticipa las posibilidades de la ley estatal. De hecho, el equipo de su antecesor en el cargo, Rubén Martínez Dalmau, ha colaborado estrechamente con la parte de Unidas Podemos en el Gobierno central para el desarrollo de la norma que el presidente Pedro Sánchez anunció este martes.

El decreto de movilización de viviendas vacías define como gran tenedor al agente inmobiliario que posee 10 o más pisos en propiedad y establece una serie de obligaciones para los mismos, como la de sacar al mercado las viviendas deshabitadas y hacerlo a precios de mercado. El decreto establece la creación de un registro de grandes tenedores, herramienta que permitirá hacer seguimiento del parque privado disponible y aplicar los impuestos y gravámenes correspondientes.

La norma establece que, una vez la vivienda haya sido declarada deshabitada, los propietarios podrán ofrecerla a la administración para que forme parte del parque público o para incorporarla en el portal inmobiliario, la Xarxa Lloga'm, beneficiándose de exenciones fiscales. Si en el plazo de seis meses la vivienda sigue deshabitada y no forma parte de ninguno de los planes de fomento del alquiler, la conselleria activará las sanciones, equivalentes al precio del alquiler. Las multas pueden alcanzar los 950.000 euros por incumplimientos graves reiterados.

Otra herramienta para sancionar a los grandes tenedores y movilizar los pisos vacíos es la de los impuestos. El Parlamento valenciano aprobó el pasado año, a propuesta de Unides Podem-Esquerra Unida, incorporar en la ley de medidas fiscales de 2021 un impuesto para grandes tenedores de deshabitadas. El gravamen se contempla como "un instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del Impuesto y garantizar la función social de la propiedad de una vivienda". El impuesto tiene carácter finalista y los ingresos que deriven de su recaudación estarán afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos.

Ante la falta de una norma de carácter estatal, el Ejecutivo del PSPV, Compromís y Unides Podem comenzó a trabajar desde su victoria electoral en 2015 en una norma que garantizara el derecho a la vivienda. El primer proyecto de ley que emanó del Gobierno del Pacto del Botánico fue el de Función Social de la Vivienda, con la socialista Maria José Salvador como consellera de Infraestructuras. El PP llevó al Tribunal Constitucional esta norma, que preveía la posibilidad de expropiar las viviendas vacías a bancos y fondos de inversión, dejando sin efecto esta posibilidad que sí desarrolla Baleares. Con la reedición del pacto, Vivienda pasó de ser una dirección general a una conselleria, anexa a la Vicepresidencia Segunda y con Unides Podem a la cabeza; una declaración de intenciones de la alianza progresista.

Bajo este paraguas, el Gobierno valenciano aprueba anualmente ayudas de alquiler y alquiler joven -el Gobierno central ha anunciado un bono de 250 euros-, que cubren un 40% del precio total, ya ha delimitado las zonas de alquiler elevado y las zonas donde hay un desajuste entre oferta y demanda de vivienda -una de las posibilidades que oferta la ley estatal- y aprobado incentivos fiscales y multas coercitivas para los grandes tenedores de vivienda desocupada. El Ejecutivo también

Si el proyecto anunciado por PSOE y Unidas Podemos supera los trámites parlamentarios, el Gobierno valenciano establecerá precios máximos de alquiler en 83 municipios, incluyendo las capitales de provincia. Las áreas tensionadas serán, según el acuerdo aprobado este martes, aquellas en las que los precios de los alquileres avancen cinco puntos por encima del IPC en los últimos años y donde el esfuerzo para abonarlos sea más del 30% de los ingresos de la unidad de familiar; unos límites que el Ejecutivo valenciano ya ha dibujado.

Otro avance será el de implementar medidas para frenar los desahucios, con la intención de hacer obligatorio que los jueces soliciten informes de vulnerabilidad antes de autorizar un lanzamiento hipotecario. Actualmente los informes son preceptivos, no vinculantes. La Generalitat Valenciana cuenta desde mayo con una 'unidad antidesahucios', un equipo de 40 personas personas cuya misión es detectar de forma temprana situaciones de riesgo con el objetivo de estudiar soluciones antes de que llegue el momento del desalojo y, si se da el caso, facilitar una alternativa habitacional a las familias vulnerables.

También permitirá avanzar en la reserva de pisos de carácter social. Con la norma valenciana, se reserva un 30% del suelo urbanizable para viviendas de protección pública, mientras que la norma estatal establece una reserva en todas las promociones de nueva construcción.

La norma estatal dará pie a los municipios a aplicar recargos en el IBI para los grandes tenedores, una mano que ya ha cogido el Ayuntamiento de València, uno de los municipios tensionados, que ha comunicado que aplicará un recargo en este tributo del 30% en 2022, si dispone del registro de grandes tenedores de la Generalitat.

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6 de octubre de 2021 - 22:45 h

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