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Los medios públicos valencianos ya tienen quien los vigile

José María Vidal, presidente del Consell de l'Audiovisual valenciano, toma posesión del cargo junto al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Lo habitual en una democracia es que los medios de comunicación estén desligados del poder político y su gobierno. Hasta en los países anglosajones, fervientes defensores de la desregulación del mercado hay un órgano independiente que regula los medios de comunicación. La Comunitat Valenciana comienza a salir de esta anomalía democrática con la constitución del Consell de l'Audiovisual el pasado miércoles, un organismo previsto en el Estatuto de Autonomía que se materializó en una ley aprobada por las Corts Valencianes en 2018, pero que no fue hasta hace un mes que comenzó a arrancar. En España, solo Catalunya y Andalucía cuentan con organismos de este tipo, mientras que en Alemania se organizan en función de los länder.

Inspirado en el modelo francés, el Consell de l'Audiovisual valenciano tendrá su sede en Castellón y asumirá las funciones que hasta ahora venía desempañando la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupó hasta 2019 el que ha sido nombrado su presidente, José María Vidal. Vidal es uno de los escasos expertos en derecho de la comunicación -es profesor del departamento de Derecho Constitucional en la Universitat de València- y pertenece a la minoría que cumple los requisitos para desempeñar un cargo público de estas características en el Gobierno del Botánico. Con la puesta en marcha del organismo, la secretaría autonómica de Comunicación comenzará a vaciarse de poder y a centrarse en comunicar la acción del Gobierno.

Los mandatos de los consejeros exceden los de la legislatura, con periodos de cinco años renovables por otros cinco, en aras de desvincular sus decisiones de las del Gobierno autonómico y las mayorías parlamentarias. El organismo tiene capacidad propositiva, competencia reguladora y potestad sancionadora. Entre sus decisiones más urgentes se encuentra desbloquear la presidencia de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, organismo gestor de À Punt Media. Según la norma, el Consell Audiovisual propondrá tres candidatos a la presidencia del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y las Corts Valencianes, a través de la comisión de radiotelevisión pública, escogerá al presidente.

La presidenta en funciones, Mar Iglesias, apoyada por el consejo, mantiene desde diciembre un pulso con el Palau de la Generalitat para poder dirigir el ente público con un contrato acorde a su responsabilidad, algo que cuestiona la Abogacía de la Generalitat que considera que un cargo en interinidad no puede gozar de la misma situación que uno elegido desde el Parlamento autonómico. Una vez se desbloquee la presidencia, la Corporación y la comisión parlamentaria deberán abordar la fusión de la Corporación y la Sociedad en un mismo ente, un planteamiento al que urge su director, Alfred Costa.

Según la ley de creación del organismo, entre sus funciones están velar por el cumplimiento de la legislación vigente sobre publicidad en todo lo relativo a los contenidos; garantizar los derechos de la juventud, la infancia y adolescencia, tercera edad, personas con diversidad funcional, migrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección -en los contenidos y la publicidad-; velar por la igualdad de género y la presencia del valenciano. El Consell Audiovisual deberá remitir informes sobre el funcionamiento de los medios de comunicación públicos, el cumplimiento del mandato marco y el impacto económico de los mismos a la comisión parlamentaria encargada del sistema comunicativo audiovisual.

El Consell Audiovisual tendrá entre sus funciones las adjudicaciones de licencias de medios de comunicación, una asignatura hueso en el Ejecutivo autonómico. En 2006, con el Gobierno del PP, la Conselleria de Relaciones Institucionales que dirigía Esteban González Pons adjudicó en 14 demarcaciones más de 40 frecuencias de Televisión Digital Terrestre, una decisión que fue cuestionada y anulada por el Tribunal Supremo en 2012 por beneficiar a empresas afines al partido. Entre ellas, se encontraba Mediamed Comunicación Digital, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel. Ulibarri envió recientemente un escrito a la Audiencia Nacional confesando cinco delitos, entre ellos el pago de sobornos a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, para conseguir adjudicaciones en Boadilla del Monte (Madrid). El mismo empresario montó una red comunicativa en la Comunitat Valenciana en 2007 bajo la marca Tele 7, aliado con varios medios locales, que apenas duró 3 años, pero que se benefició en 13 de las 14 demarcaciones que el Supremo anuló. El Ejecutivo del Botánico ha ido sacando a concurso progresivamente los lotes de licencias de televisiones locales, un sector en mínimos de audiencia.

Para la composición del centinela de la ética de los medios de comunicación el Consell y las Corts Valencianes han elegido a la exdirectora de À Punt, Empar Marco; Dolors López, Manuel Alberola, Àlvar Peris, Carmen Carretón y Anna Gimeno Berbegal como vocales. El consejo deberá elegir a una vicepresidenta -la estructura ha de ser paritaria, también en el reparto de poder- que tendrá dedicación exclusiva al organismo. Según manifestó el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto de toma de posesión de los vocales, el órgano constituye uno de los instrumentos "que garantizan el peso de la sociedad civil para generar el mejor escenario posible" en el que desplegar la actividad económica, social y cultural". Los medios de comunicación valencianos ya tienen quien los vigile.

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