El PP y Vox aprueban en las Corts la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones que mermará en 230 millones la recaudación

Fue la primera medida anunciada por el Gobierno de Carlos Mazón y este miércoles se ha consolidado. El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado la primera ley del gobierno valenciano de PP y Vox: la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares de primer grado.

Los votos favorables de los grupos que sustentan al gobierno han dado luz verde a una rebaja fiscal a los patrimonios más elevados, un impuesto que apenas han pagado el 1% de los declarantes y que en 2020 solo pagaron 20.000 personas. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, aseguró en la presentación de la ley que la rebaja del tributo “deshumanizado” beneficiaría a cerca de 15.000 personas en el caso de sucesiones y a otras 3.000 en donaciones, atendiendo a los datos de 2022, muy similares a los de ejercicios anteriores. Hasta la fecha, el impuesto estaba bonificado al 50% y había un notable número de exenciones y reducciones en la base liquidable, como la que afecta a la herencia de una casa para los familiares de primer grado.

El impacto económico de la medida estrella del PP oscila entre los 166 y los 230 millones de euros según el Consell, aunque la estimación de recaudación por el global del impuesto es de 350 millones de euros en 2023. Los grupos del gobierno insisten en que la reforma afecta a los grupos de parentesco 1 y 2, por lo que no desaparece el total recaudado. La renuncia a la recaudación es especialmente relevante en un contexto en el que se debate sobre el modelo de financiación autonómica, que deja a la Comunitat Valenciana a la cola en recursos, y sobre la condonación de la deuda histórica, a la que la ultraderecha se opone. La Comunitat Valenciana, la peor financiada de España, deja de ingresar 1.300 millones de euros por el sistema de financiación, un agujero que se agrandará con la rebaja impositiva. La ultraderecha, que rechaza la condonación de la deuda histórica y niega la infrafinanciación valenciana, ha dado su voto favorable a la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones a grandes fortunas.

El informe económico de los presupuestos señala que los tributos de patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas suponen en su conjunto el 21% de los ingresos totales estimados para las arcas públicas y que sucesiones es, tras transmisiones patrimoniales, el principal agente recaudador. Todo son impuestos que el PP y Vox han comenzado a rebajar en su primer proyecto presupuestario. Los populares defienden el clásico argumentario liberal, que dice que menos impuestos aumentan la recaudación, que una excesiva carga fiscal desmoviliza el dinero.

La ley aprobada este miércoles con la mayoría de la derecha con la ultraderecha en las Corts también conlleva beneficios para las transmisiones intervivos, las llamadas donaciones, por las que este año se han recaudado 39,2 millones de euros. La norma elimina el techo de patrimonio para optar a la rebaja fiscal -antes de 600.000 euros- y amplían el grado de parentesco -antes limitado a ascendientes y descendientes-. Con la nueva ley, se podrán beneficiar los cónyuges sin importar el patrimonio preexistente y se elimina el requisito de la premoriencia para las transmisiones de nietos a abuelos. Es decir: en una pareja, cualquiera de los miembros puede realizar una donación al otro y descontar de esa cuantía 100.000 euros en la base para liquidar impuestos.

El parlamento ha aprobado la medida con carácter de urgencia, avanzando el pleno una semana respecto lo esperado. La razón: los plazos para la entrada en vigor de una medida que el Consell quiere aplicar con carácter retroactivo desde el 28 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas. Hacienda ha tenido que ampliar el plazo para realizar las liquidaciones, que legalmente es de seis meses desde que fallece el familiar, dado que la norma no había culminado su tramitación, según avanzó Valencia Plaza. La promesa del PP necesita que la ley entre en vigor antes del 28 de noviembre. De lo contrario, dejaría a un número indeterminado de personas fuera de plazo y sin beneficiarse de su medida estrella.

El portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha defendido que esta votación pone “fin al infierno fiscal”, una de las consignas de los populares durante toda la campaña electoral, mientras que la diputada de Vox Teresa Ramírez ha considerado que esta es “una medida muy buena y que están esperándola los valencianos, sobre todo las familias trabajadoras”, aunque estas ya veían bonificado el impuesto con la legislación anterior.

Desde la oposición, PSPV y Compromís han criticado que sea una medida pensada para las grandes fortunas. “Piensen en la mayoría y no gobiernen solo para el 0,4% de los valencianos”, ha aseverado el portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Arcadi España, mientras el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado esta medida de “amnistía fiscal de las siete familias más ricas”. La primera medida del Consell, aprobada por la vía de urgencia, supondrá un agujero en las arcas públicas de la autonomía peor financiada.