La recuperación de las políticas sociales: el Gobierno valenciano triplica los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión en seis años
La tasa de riesgo de exclusión social -AROPE, por sus siglas en inglés- descendió en 2019 más de un 10% en la Comunitat Valenciana. La bajada, que fue de 5 puntos en 5 años, comenzó a apreciarse en 2015 y se acusó en el ejercicio previo a la pandemia, descendiendo el triple que en el conjunto del Estado.
El indicador es uno de los que utiliza la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno Valenciano para sus planes de inclusión social, la forma de organizar las prestaciones sociales básicas que han tenido que incrementarse durante la pandemia. El pasado jueves, durante las mociones parlamentarias en las Corts Valencianes, la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra realizó un balance de las prestaciones y sus efectos durante los seis años de gobierno del Pacto del Botánico. En 2020 se financiaron proyectos de entidades privadas y tercer sector con un importe de 3 millones de euros para recursos de servicios sociales de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión derivados de la pandemia; una partida que aumenta en 2021 en medio millón de euros para el mismo fin.
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas destacaba la puesta en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión, uno de sus principales proyectos legislativos, que ha triplicado las prestaciones sociales. La RVI es una evolución de la llamada Renta de Garantía Ciudadana que pusieron en marcha varios gobiernos autonómicos en la crisis económica e incluye itinerarios de inserción sociolaboral, complementos por vivienda y pobreza energética y ciertos complementos vinculados a los planes de integración. La renta, que para 2021 cuenta con un presupuesto de 225 millones de euros, multiplica por nueve las prestaciones del último Gobierno del PP, que autorizó 29 millones de euros. En los cuatro meses del año en vigor, se han ejecutado más de 70 millones de euros.
En 2015 había 23.645 beneficiarios de la renta, que debían renovar los procedimientos cada seis meses, cifra que se ha triplicado este año. En abril, según los datos de conselleria, hay 71.000 personas beneficiarias de la renta valenciana de inclusión -31.000 titulares y 39.000 beneficiarios-. Desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, una renta de la que la prestación autonómica es subsidiaria, se han modificado 7.360 expedientes para complementar las ayudas estatales con las autonómicas.
Una familia de cuatro miembros recibe 864 euros al mes de base; 1.080 si se añaden los con complemento de vivienda, derechos energéticos o cuota hipotecaría. El 82% de los titulares percibe una media de 641 euros, correspondientes a lo que se conoce como renta de inserción social, que lleva consigo los itinerarios de servicios sociales, una medida que el Gobierno central indicó que quería comenzar a implementar el pasado marzo.
En el último año el Ejecutivo autonómico ha sumado varios complementos a la renta, tanto para incluir a las víctimas de explotación sexual como para compensar la vulnerabilidad extrema durante la pandemia. Para personas víctimas de explotación sexual o trata con un itinerario de inclusión social se ha incrementando en 320 euros el importe de renta de garantía de inclusión social, mientras que para casos de “especial vulnerabilidad” se ha habilitado la posibilidad de solicitud anticipada. Esta fórmula implica autorizar la prestación cuando “existe un dato objetivo” que indique que se cumplirán, aunque en el momento de la petición no se cumplan todos los requisitos para ser titular de la renta.
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