La Sindicatura de Cuentas alerta de que en 2019 el 61% del personal sanitario era temporal y advierte que examinará “a conciencia” los contratos de emergencia de la pandemia

Pese a que los informes de la Sindicatura de Cuentas evalúan el ejercicio anterior a su entrega, el informe de fiscalización del organismo estatutario de 2019 ya advierte algunas cuestiones relacionadas con la pandemia. El responsable de la institución, Vicent Cucarella, señalaba este miércoles en su presentación que ya el pasado año la temporalidad del personal sanitario era “muy elevada”: un 61% de los trabajadores de Salud Pública eran temporales, cifra que aumentará notablemente en 2020 con los contratos de emergencia de la pandemia, que agotaron las bolsas de médicos y enfermeros.

En los últimos años, desde 2012, la temporalidad ha crecido 20 puntos, según la evaluación del organismo, que recuerda que la pandemia ha puesto de manifiesto que los servicios públicos son esenciales: “Ahora nos damos cuenta de la importancia de tener un personal en las condiciones adecuadas y con buenos medios”, expresaba el responsable.

Otra de las cuestiones premonitorias es la de los contratos de emergencia. Según explicó Cucarella a los medios, en la revisión del pasado ejercicio han detectado como incumplimientos recurrentes de la Administración pública los referidos a esta forma de contratación, sin que se justificaran los criterios. En el marco de la contratación pública, es necesario avanzar en la transparencia en los procedimientos de convocatoria y en la justificación de los criterios de selección.

El procedimiento de urgencia ha sido habitual este 2020 marcado por la emergencia sanitaria y lo serán en 2021, dado que la ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Botánico ha incluido que los contratos asociados a la Covid se tramiten por esta vía. Así, Cucarella vaticinaba que en el próximo informe se prestará especial atención a estos contratos, aunque consideraba que “en muchos casos sí se cumplen los requisitos porque la pandemia se nos ha echado encima”.

Asimismo, el síndic insta al Consell incrementar la inversión en ciberseguridad y contra los ciberataques y, aunque asegura que la situación es buena, llama a no bajar la guardia, dado que la digitalización de la Administración es inminente y la seguridad en los datos de los ciudadanos depende de ella.

Otra de las cuestiones que el informe destaca es el llamado enriquecimiento injusto, los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria que se da, por ejemplo, cuando vence el contrato de una concesión pero esta sigue prestando el servicio y la administración debe pagarlo. A 31 de diciembre de 2019, estos gastos ascienden a 945,2 millones de euros, según el ente fiscalizador y “vulneran lo dispuesto en la normativa de aplicación, si bien existe la posibilidad de convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización exprés del Consejo. En el ejercicio 2019 se han tramitado expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.443,0 millones de euros, de los cuales 490,4 millones corresponden a años anteriores”.

La Sindicatura también afea algunas subvenciones no del todo justificadas. En concreto, advierte que “las fichas presupuestarias de transferencias y subvenciones previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2019 no recogen la forma de concesión en 60 líneas de subvenciones, por un importe conjunto de 2.469,1 millones de euros. Las subvenciones de concesión directa tienen que tener el carácter excepcional que les atribuye la normativa de aplicación”, señala.