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Vicent Soler: "La reforma del sistema de financiación debe ser un pacto de Estado"

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / Jesús Císcar.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha hecho de la reforma del sistema de financiación autonómica su caballo de batalla en los seis años de Gobierno del Pacto del Botánico. El socialista, economista y discípulo de Ernest Lluch, considera que el problema de financiación valenciana viene heredado de la época predemocrática y reprocha al PP no haber querido abordarlo en 2002, cuando el expresidente Aznar aprobó el modelo con mayoría absoluta. El titular de Hacienda emplaza a los populares a sumarse a un pacto de Estado que ponga fin a las asimetrías entre comunidades autónomas y garantice a todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan, sus derechos básicos.

La reforma del sistema de financiación fue un compromiso del pacto de reconstrucción estatal y el Gobierno aseguró que antes de finalizar el año 2020 habría "un esqueleto" del nuevo modelo. El presidente Ximo Puig se reunió con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, la pasada semana, ¿Qué compromisos ha trasladado últimamente?

De iniciar la reforma lo más pronto posible. Me parece injusto ignorar las circunstancias económicas, financieras y sanitarias por las que estamos pasando, igualar los tiempos políticos de antes de la pandemia y de las medidas de suficiencia financiera que este Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, algo que a Montoro ni se le pasó por la cabeza, como los 16.000 millones del Fondo Covid del año pasado, precisamente la misma cantidad que en el documento de expertos de julio de 2017 se indicó que era lo que necesitaban las comunidades autónomas para llevar a cabo sus competencias constitucionales de manera adecuada. El problema de la suficiencia, con esos 16.000 millones, teniendo en cuenta la previsión de que la economía española crecería un 1,6% en 2020 cuando cayó un 11%, permitió que el sistema se mantuviese; junto con los fondos que tienen que ver con los recursos y las consideraciones de Bruselas. Si sumas eso, más los 5.000 millones a repartir para las comunidades autónomas en ayudas, más los Fondos React EU que gestionan las comunidades autónomas, que son 1.250 millones para nosotros, esto proporciona la idea de que el nuevo paradigma es de suficiencia financiera, un contraste con la época anterior en la que la respuesta de Madrid, de Bruselas y de Montoro eran los recortes.

¿Qué queda pendiente? De los dos principios constitucionales implicados, uno se cumple, el de la suficiencia financiera, pero no el de la equidad. Equidad significa que ante los mismos problemas tenemos que tener los mismos recursos y eso no es así. El sistema de financiación vigente desde el año 2002 y reformado en 2009 por Rodríguez Zapatero, pero que mantiene el statu quo del modelo de Aznar y Zaplana, hace que la Comunidad Valenciana esté a la cola en financiación per cápita. La equidad está pendiente, pero, en cuanto a la suficiencia, no hay precedentes en que fluya el dinero de forma no retornable.

Entiendo que el principio de equidad se solucionaría con un cambio del sistema de financiación autonómica.

Efectivamente. Es lo que el presidente Puig reivindicó y la ministra Montero respondió dos cosas importantes: que la reforma vendría pronto y que el nuevo modelo se sustentaría, no sobre el statu quo actual, que nos damnifica, sino en los recursos per cápita ajustada, el concepto que tiene que ver con las pirámides de población -en las autonomías más envejecidas el componente de Sanidad y Servicios Sociales pondera más, mientras que en las más jóvenes es la Educación-. La población ajustada es un concepto que habría que precisar en el nuevo sistema pero que está cercano a nuestra reivindicación.

La ministra de Hacienda respondía este miércoles a una pregunta parlamentaria del diputado de Compromís Joan Baldoví que era complejo calcular el coste efectivo de los servicios públicos.

Por eso mismo es mucho más factible el concepto de población ajustada. Creo que es razonable en la financiación de unas administraciones que se hacen cargo sobre todo de los servicios públicos básicos, servicios para las personas. Hay que pensar que más del 80% del gasto de las comunidades autónomas es para las personas. Si añadimos la justicia democrática, de la vivienda social y todo lo que tiene que ver con las áreas sociales, roza el 90%.

La reunión de la pasada semana entre la Generalitat y el ministerio ha reactivado el debate en las Corts Valencianes sobre la reforma del sistema. Por las respuestas en la sesión de control de este jueves, tanto las suyas como las del presidente, se deduce que aunque no haya aún reforma del sistema de financiación ni un fondo de nivelación como reclama Compromís, las políticas del Gobierno parecen compensar a través de otros fondos esa falta de financiación.

Sí, es lo que hablabámos de garantizar la suficiencia financiera.

¿Están satisfechos?

Estamos mucho más satisfechos que en la época anterior. Incluso en situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo ha habido una provisión de recursos inimaginable. No quiero ni pensar en el exministro Montoro en estas circunstancias. Esta vocación autonomista de la ministra Montero era impensable en Montoro: cada vez que sacaba algo de Bruselas respecto al techo de déficit la proporción para el Gobierno central siempre era mayor que para las comunidades autónomas; la primera vez que la ministra Montero va a Bruselas y consigue un aumento del techo de déficit lo reparte de manera muy diferente, más para las comunidades autónomas que para la Administración central. Eso concatena una cosa con las otras, que la administración subestatal que son las comunidades autónomas ha de estar en primera línea de fuego. Pero insisto: hay que volver al tema de la equidad. Hay que salir de la crisis, cuando venzamos al virus, con los mismos recursos relativos que otras comunidades autónomas y para eso necesitamos un nuevo sistema de financiación.

Pero debe quedar clara una cosa: el partido, la final, se juega en el Congreso de los Diputados. Para eso el Gobierno de España debe hacer una propuesta, que el sentido común dice que se haya hablado con los partidos aunque sea informalmente. El Gobierno no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados, la propuesta inicial tiene que hacerse pensando en la final, tener en cuenta a otros partidos políticos y pasar el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pero el Gobierno no ha hecho aún esta propuesta.

No, no la ha hecho. En ello estamos. Pero más importante que eso es el criterio, romper con el statu quo. Es la tercera gran oportunidad que tenemos. Ya se hizo mal en 2002, cuando estábamos al final de la cola, y en 2009 las autonomías que se suponían de mejor trato impidieron una alternativa; Zapatero lo único que pudo hacer es una reforma parcial que a las comunidades del eje Mediterráneo las mejorara un poco. Esta es la tercera oportunidad, en la que parece que por fin se supera ese statu quo.

El criterio de población ajustada, per se, supera este statu quo que nos lastra?

Es nuestro gran perjuicio, que no se tenga en cuenta.

¿Pero, si se trata de que ninguna comunidad pierda, cómo se puede superar?

Ese es el otro gran problema político. En 2002 y 2009 todo el mundo creía que esa reforma sería a coste 0: que lo que unos ganan, otros lo pierden. En el documento de los expertos de 2017 se dijo muy claro que eso era irresoluble sin resolver primero la suficiencia vertical. Si pones 16.000 millones más encima de la mesa puedes mejorar a los que están peor sin perjudicar a los que están mejor. Incluso, todos ganan algo. Evidentemente, los que están peor ganarán más. En definitiva: aquí existe un problema de dotación de recursos a todas las comunidades autónomas, es nuestro discurso siempre que hemos ido a los foros. Es un problema de todas, porque durante 40 años se ha hecho un reparto de competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas, pero esa distribución no ha ido acompañada en paralelo de un discurso razonable y riguroso sobre la dotación de recursos de acuerdo a lo que se encargan estas administraciones. Las comunidades autónomas están en su conjunto infrafinanciadas.

¿Entonces el Estado tendría que renunciar a una parte de sus recursos?

Renunciar no. Esos recursos no son del Gobierno, son del contribuyente, del ciudadano que paga sus impuestos para tener unos servicios. Y si esos servicios los prestan las comunidades autónomas más que la Administración central del Estado, tendrán que ir más recursos del ciudadano a ellas. Esto es la reflexión de las inercias históricas de un Estado centralista en el pasado que sigue identificando el Estado con la Administración central y ya no es así desde la Constitución. Por lo tanto, la parte del Estado que somos nosotros es la parte del Estado con la que el ciudadano tendrá mejor sanidad, mejores tratamientos, mejor educación; de eso estamos hablando, para eso se pagan los impuestos. Más que que el Gobierno dé, se trata de que distribuya diferente el dinero del contribuyente de acuerdo con las competencias de cada nivel administrativo. El nivel subestatal, las comunidades autónomas, está infrafinanciado. Está el problema de la suficiencia, de la equidad y las diferencias entre comunidades autónomas, que a veces es del 30%, para prestar lo mismo -salvo en Cataluña y Euskadi que tienen algunas extras como la Policía o prisiones-. ¿Para las mismas obligaciones por qué no hay los mismos recursos per cápita? Es la pregunta que se hace este Gobierno de la Generalitat. Queremos resolverlo, pero no somos ingenuos; no sirve de nada que el Gobierno inicie el proceso si no mira que el final tenga éxito. ¿Qué tipo de documento si no está mínimamente hablado tendrá éxito? Si el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, si no hay pactos con otros partidos que dan las mayorías, y en esta liga no juegan Euskadi y Navarra, y Cataluña está fuera de juego, ¿Quién nos va a hacer ganar el partido? La izquierda junto con Ciudadanos y el PP. Si ellos no se implican desde el principio tendremos una gran frustración.

¿Con esta política de bloqueo se puede conseguir una reforma?

El bronquismo institucional no es el mejor ambiente para el pacto y eso es lo que hay que empezar. El problema no es iniciar, es acabar.

¿Se podría considerar una propuesta de Pacto de Estado?

Sí, esto ha de ser un Pacto de Estado, no puede ser otra cosa.

¿Ve a PP y Ciudadanos dispuestos?

Empecemos a mirar hacia la derecha. Parece que esto no va con ellos y, si no votan, no hay pactos. Se carga todo el peso en el Gobierno de coalición, pero es insuficiente. Hay que empezar a pensar que los otros tienen una gran responsabilidad. Y no solo en la financiación autonómica, sino en la deuda acumulada por la infrafinanciación. La deuda que tenemos es tres veces el presupuesto financiero. Tenemos que pensar que el pasado, la infrafinanciación, no puede condicionar el futuro. Necesitamos resolver la deuda para hacer el camino a la misma velocidad.

La parte generada por una infrafinanciación histórica no viene del año 2002, que consolida un statu quo, que Aznar y Zaplana no resuelven, sino de antes. En 2002 llegamos a las transferencias de competencias en las peores condiciones, con la dotación de servicios públicos heredada de la época predemocrática por debajo de la media. Como todos crecemos al mismo ritmo, los que tenemos una base más baja nunca convergemos. Se crea una posición de salida en 2002 que defienden a capa y espada los que están mejor dotados, que son comunidades del PP, menos la Comunitat Valenciana de entonces, en la que Zaplana no abrió la boca.

Ahora el PP suele echar en cara al PSPV que fue Zapatero quién creo el modelo que discrimina a los valencianos.

Zapatero no lo solucionó entre otras cosas porque la oposición que hicieron las comunidades autónomas del PP era como si se fuera a acabar el mundo. No había pacto de Estado. Ahora se puede cambiar, ya concebimos que esto no será una reforma a coste cero, sino que habrá más recursos para el sistema que permitirían que los que estamos peor mejorásemos.

¿Ve al Gobierno cierto ánimo descentralizador?

Yo lo he notado. No hay color entre Montoro y Montero. Ser del mismo partido que Montero me quita autoridad, pero como conseller de Hacienda, le digo que no hay color. El diálogo funciona. Nosotros somos 1 entre 17, pero como mínimo nos escuchan. Y la propia ministra, exconsejera de Hacienda en Andalucía, entiende este Estado complejo, este Estado compuesto, que es el Estado constitucional Español, con todos los niveles legítimos. El dinero del contribuyente debe repartirse de acuerdo con el catálogo de obligaciones constitucionales.

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28 de marzo de 2021 - 07:00 h

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