El PP critica que los partidos del Botànic retrasen la comparecencia de Bravo sobre el fallo del desfibrilador en la Ciudad de la Justicia
La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha pedido en la Junta de Síndics de las Corts la inclusión en el orden del día de la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, prevista para el próximo 29 de octubre, la comparecencia de la consellera Gabriela Bravo para escuchar sus explicaciones sobre las ciscunstancias que rodearon el fallecimiento de una persona que intentó ser reanimada con un desfibrilador que no reunía las garantías necesarias.
La petición ha sido denegada por los partidos que sustentan el Consell del Botànic. El orden del día estaba aprobado por la Mesa de la Comisión, explican fuentes parlamentarias, y la consellera de Justicia ya solicitó su comparecencia a petición propia (en la siguiente Comisión). Bonig ha criticado el “apagón informativo” y ha reprochado a Bravo que “no quiere venir a dar la cara y de nuevo busca resquicios para no tener que explicarle a los valencianos todas las circunstancias que rodearon este triste suceso”. “Cuando alguien no tiene nada que ocultar da explicaciones, no excusas”, añade la portavoz del PP.
El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València que no pudo ser utilizado, por un fallo de la batería, con un hombre que sufrió un infarto cuando iba a ser juzgado por tráfico de drogas, no tenía las pilas recomendadas por el fabricante ni contrato de mantenimiento desde 2016.
La empresa encargada del mantenimiento ya había recibido dos adjudicaciones (48.715 euros en total) de la Conselleria de Sanidad durante los gobiernos autonómicos del PP. Imex Salud SL, que según Justicia sustituyó las pilas del desfibrilador por unas de menor calidad, cuenta con Patricia Llopis Pardo como secretaria de su consejo de administración, según los datos del Registro Mercantil. Llopis Pardo, nombrada el pasado 17 de julio, es la exdirectora del Aeropuerto de Castelló (AEROCAS), nombrada por el PP.
La secretaria de la empresa es hija de la ex senadora y exdiputada en el Congreso por el PP, Carmen Pardo, y del ingeniero Rafael Llopis, cuya empresa recibió la adjudicación a dedo del plan de viabilidad del aeropuerto. La entonces diputada de Compromís en la oposición, Mónica Oltra, preguntó al Consell del PP por la capacitación de Patricia Llopis para dirigir AEROCAS pero no obtuvo respuesta.
Bonig ha recordado que dos asociaciones profesionales de magistrados “opuestas ideológicamente” —la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y la conservadora Francisco de Vitoria— pidieron el esclarecimiento de los hechos. La “obligación” de mantener el aparato en perfectas condiciones de funcionamiento corresponde a la Conselleria de Justicia, sentenció la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La Conselleria anunció una investigación interna para determinar qué falló con el desfibrilador. La Fiscalía de Valencia, en diligencias previas, solicitó al Instituto de Medicina Legal un informe para esclarecer si existe relación de causalidad, “o pudo haberla”, entre el fallecimiento del hombre de 54 años que sufrió un infarto el pasado jueves 17 de octubre en la Ciudad de la Justicia y el “incorrecto funcionamiento del desfibrilador (sin batería suficiente) con el que se le intentó reanimar en un primer momento”.
