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Un desfibrilador instalado en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre de Valencia, dependiente de la Generalitat

Miguel Giménez

Valencia —

La Fiscalía de Valencia, en las diligencias previas, ha solicitado al Instituto de Medicina Legal que elabore un informe para esclarecer si existe relación de causalidad, “o lo pudo haber”, entre el fallecimiento de un hombre de 54 años que sufrió un infarto el pasado jueves 17 de octubre en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana y el “incorrecto funcionamiento del desfibrilador (sin batería suficiente) con el que se le intentó reanimar en un primer momento”.

La Conselleria de Justicia, de quien dependen estas instalaciones, investiga este suceso, tal y como anunció el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell del pasado viernes. Conforme avance la investigación se dará “toda la información oportuna” para saber qué ha pasado y tomar las medidas para garantizar que no se repitan situaciones de este tipo.

Este martes, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, había convocado a todos los colectivos profesionales implicados en el funcionamiento de los tribunales valencianos (sindicatos y organizaciones profesionales de abogados, fiscales, jueces, junto a representantes del decanato y otros) para una reunión en la Ciudad de la Justicia de València, en la que les explicará los datos de los que dispone sobre el fallo de un desfibrilador ocurrido en dicha sede judicial.

Aclaración de los hechos

Desde las dos principales asociaciones de magistrados, Jueces y Juezas para la Democracia y Francisco de Vitoria, ha mostrado su preocupación por estos hechos y han reclamado a la Conselleria que investigue y aclare lo sucedido para determinar si ha existido alguna negligencia por parte de la Administración. Así mismo, apuntan que la obligación del departamento que dirige Gabriela Bravo es mantener estos dispositivos en perfectas condiciones de mantenimiento y advierten de una posible “dejación” que deploran y denuncian.

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