PP, Vox y Cs retuercen el reglamento de la Eurocámara para ganar una votación sobre menores tuteladas por la Generalitat valenciana

Como no me gusta lo que sale, pues se vota de otra manera. Es lo que ha debido pensar la presidenta de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, cuando este jueves por la tarde ha visto que no prosperaba una petición que presentaba, ni más ni menos, que la portavoz de su partido, el PP, en les Corts, Elena Bastidas, junto con una abogada también afín al PP, Ana María Gil.

Pero, claro, la Comisión Europea había dicho que el asunto, sobre los menores tutelados en la Comunidad Valenciana, no era competencia de la Unión. Y, además, la coordinadora de Renew, Yana Toom, se había desmarcado de su compañero de filas, Jordi Cañas, de Ciudadanos. Y había empate. Porque socialistas, verdes, La Izquierda y No Inscritos, se atenían al manual: una petición sobre un tema que excede el ámbito de la Unión, no debe mantenerse abierta, máxime cuando el asunto está judicializado en España, incluso con sentencias.

¿Y qué ha ocurrido? Que la fórmula del voto ponderado, usado siempre por Dolors Montserrat, por la cual el representante de un grupo político es depositario de toda la correlación de fuerzas de la comisión, ya no le servía a las 18.15 de la tarde. ¿Por qué? Porque Renew estaba dividido, entre Toom y Cañas, y faltaban los ultras de ID –el grupo de la Lega y Le Pen–. ¿Y qué ha decidido Montserrat? Improvisar una fórmula que le convenía: que voten los presentes. De repente. Que voten los presentes y, claro, en ese momento, había más diputados de las derechas porque, casualmente, de repente han ido entrado eurodiputados hasta llegar al quórum de 9, porque el resto de grupos han abandonado la sala como protesta ante la decisión de Montserrat.

Una Montserrat, además, que tenía una alternativa propuesta por el vicepresidente de los Verdes y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, secundada por socialistas y La Izquierda: que, dado que había empate, se dejara el asunto para una reunión de coordinadores donde se terminara decidiendo qué hacer.

Pero los populares se han negado, Montserrat ha leído el reglamento, ha entendido que podía cambiar la forma de votar que llevaba usando todo el día –y toda la legislatura– y hasta ha votado ella misma. ¿Resultado? 9-0 a favor de PP, Vox y Ciudadanos, que se han quedado solos en la sala.

La propia Bastidas ha terminado su intervención final con un alegato elocuente que evidenciaba de qué iba la sesión: “No queremos más Oltras”.

El debate, previo, por lo demás, ha sido un pim pam pum en el que en una comisión pensada para dar voz a la ciudadanía, en tanto que los partidos ya tienen sus cauces, el PP ha recurrido a su portavoz en el parlamento valenciano para hacer oposición en Bruselas al Gobierno de la Generalitat y seguir hablando de Mónica Oltra, ya dimitida tras ser citada como investigada por los tribunales.

Ana María Gil, que se ha presentado como abogada valenciana, ha pedido “una norma europea que proteja a los menores tutelados en casos de abusos sexuales. Con un control independiente y uniforme del cumplimiento normativo. Es una tarea de este Parlamento, de la Unión, de las regiones y de todos los ciudadanos”.

Bastidas, por su parte, ha sido más dura con el Gobierno valenciano, a quien ha acusado de negarse a asumir “su responsabilidad. Un Gobierno que una coalición entre PSPV-Compromís y UP. En aquel momento, la consellería estaba en manos de Oltra. Bajo su responsabilidad una menor sufrió abusos por parte de un educador de un centro, que en aquel momento era su marido y ha sido condenado a 5 años. Debido a esto hay un procedimiento judicial en marcha. Los miembros del gobierno valenciano siguen diciendo que Oltra es la víctima. ¿Va también el Parlamento Europeo a mirar hacia otro lado? Pedimos auxilio ante la negativa a abrir comisiones de investigación en estos casos, por favor piensen en esos niños y niñas”.

Caterina Molinari de la dirección general de Interior de la Comisión Europea ha recordado el compromiso de Bruselas de “luchar contra el abuso de los niños, que es prioritario”, y ha recordado que “en 2019 se abrió un procedimiento contra tres Estados miembros por la trasposición de la directiva [entre otras cosas por la lentitud del Gobierno de Mariano Rajoy], y se ha examinado la respuesta española. La Comisión se asegurará de que las autoridades españolas cumplan con la trasposición”

Molinari no ha hablado de la petición en concreto. La Comisión Europea ya determinó el pasado marzo que no es el organismo competente para realizar estas investigaciones, con una comunicación por escrito a las dos denunciantes. “La regulación del funcionamiento de las agencias de protección de menores corresponde a la legislación española. Además, la Comisión no puede intervenir en casos individuales (...) Así pues, la resolución de estas cuestiones debe buscarse a nivel nacional”, indica el escrito, que recuerda que “en enero de 2019, inició un procedimiento de infracción por transposición incorrecta de la Directiva por parte de España”, en referencia a la disposiciones contra la prostitución infantil.

Por su parte, Juan Vicente Santos Cerveró, director general de la vicepresidencia y conselleria de Igualdad del Gobierno valenciano, ha defendido la gestión de su departamento: “Las manifestaciones vertidas son falsas. Las peticionarias lo saben. Desde 2015 hay un nivel avanzado de protección, hay un gobierno que destina más recursos que nunca para asegurar la protección de los más necesitados. Es vergonzoso el uso político con un tema tan sensible, basado en medias verdades. Asustan a las personas menores tuteladas, sembrando dudas. Ante este comité, afirmamos: las instituciones españolas se toman muy en serio las investigaciones, trabajamos para la correcta trasposición de la directiva, que por dejadez del PP ha derivado en procedimiento de infracción. Las menores ahora sí que están protegidas”.

El socialista Domènec Ruiz Devesa ha insistido en que “la víctima de este caso ha sido amparada, tiene una sentencia a su favor. Y las acusaciones contra la conselleria del gobierno valenciano están en un proceso judicial que dará satisfacción en un sentido o en otro. Es redundante pedir amparo”.

Por contra, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha reivindicado la “legitimidad” del debate y ha pedido mantener abierta la petición, como el portavoz de la extrema derecha, Jorge Buxadé (Vox).

Por parte de los Verdes, Diana Ribas ha argumentado “el desafortunado espectáculo de instrumentalización de la política que sufre este comité. Ya es costumbre venir a decir lo evidente: que en este caso, una vez más, el comité está a servicio de la derecha y extrema derecha española, que la Comisión Europea ha expresado con claridad que está fuera de sus competencias”.

La eurodiputada de Unidas Podemos Sira Rego (IU), ha insistido en “recordar que esta comisión no es un tribunal, deberíamos atenernos a nuestras funciones y competencias. Todos estamos para evitar casos de abusos sexuales. Pero es importante recordar que este asunto ya está siendo investigado en España y hay que ser respetuosas con el proceso”.

La nota discordante, clave en lo que vendría después, fue la intervención de la estonia Toom: “No puedo estar de acuerdo con Cañas. Hay un caso en curso en Valencia, y no somos órgano investigador. Yo soy coordinadora, me ocupo de peticiones con más frecuencia que los suplentes que vienen cuando se habla de su país. ¿Qué pasaría si la mantenemos abierta? Hay centenares abiertas, y no volvemos a ellas porque no hay tiempo. Es evidente que queda fuera de la competencia de la Unión, por favor, seamos realistas. Estamos inundados, no podemos bregar con el número ingente de peticiones, es terrible, es delicado, pero tengan en cuenta a las personas de la secretaría. ¿Cuántas hay pendientes? ¿400?, no tendremos tiempo para verlas, y no podemos dedicar horas y horas a cuestiones que no van a prosperar. La comisión de Peticiones sabe cuáles son las competencias y pediría cerrarlo”.

Urtasun ha insistido: “Sólo puedo decir que estoy de acuerdo con la coordinadora de Renew. Hay una investigación judicial en marcha. Me da la sensación, y es un tema muy grave, esta petición está tremendamente politizada y es erróneo. Tienen su derecho a venir aquí, y no es buena práctica traer a los partidos nacionales con peticiones vamos a bloquear a ciudadanos. Mantenerlo abierto, basta con leer a la Comisión Europea”.

La socialista Inmaculada Rodríguez Piñero también ha insistido en que la comisión “está siendo usada de forma partidista por la derecha. Sólo por eso tiene lugar este debate. Las autoridades competentes han tomado medidas. Su partido [el PP] además ya ha dicho que va a presentarse en el proceso judicial. Les pido que todos defendamos la comisión, en defensa de los ciudadanos”.

Cambio de normas

El cambio de criterio sobre la marcha de Montserrat para ganar la votación generó protestas por el resto de grupos, que abandonaron la sala.

“Si en el debate ha quedado equilibrado, no me parece ecuánime votar ahora de repente”, ha dicho Urtasun: “que se discuta en coordinadores y evitemos una carrera para traer diputados. Que lo evalúen los coordinadores y se decida ahí”. “Estoy de acuerdo con Urtasun”, ha añadido el socialista Iban García del Blanco: “No creo que sea un asunto para jugar. Da para una reunión más sosegada. Si quieren votar, votamos, pero es mal precedente”.

“Pediría que las reglas de funcionamiento sean siempre las mismas y no en función del tema”, respondió la portavoz de IU, Sira Rego, a Montserrat: “Que se plantee de manera ponderada y ahora busquemos otro formato de voto no es sensato. No es sensato que se vote todo el día de una manera, y ahora de otra”.