Una querella del PP consigue distanciar a los socios de gobierno en Castellón

El cierre de filas del grupo municipal de Compromís en torno a la vicealcaldesa Ali Brancal, que está siendo investigada a raíz de una querella del PP por utilizar presuntamente el correo municipal con fines partidistas en las elecciones europeas de 2014 –cuando formaba parte del Bloc en la oposición-, podría dejar entrever fisuras en el pacto de gobierno municipal. El malestar en la Alcaldía y el PSPV-PSOE por el incumplimiento del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón y las declaraciones de la alcaldesa Amparo Marco, dejan en evidencia un distanciamiento entre los socios de gobierno.

A pesar de que la Asamblea de Compromís cerraba filas en torno a Brancal la semana pasada –ya que entienden que no debe dimitir al no estar encausada-, las declaraciones de la alcaldesa Amparo Marco en las que hacía referencia a que, de ser alguno de los concejales del grupo municipal del PSPV-PSOE el que estuviese en esa situación, se hubiera apartado del cargo, dejaba entrever el malestar dentro del grupo socialista en el Ayuntamiento con que sus socios de gobiernos no cumplan con el código ético que firmaron en 2015.

Desde la Alcaldía y el grupo socialista remarcan que lo que quiso decir la alcaldesa es que “los candidatos a concejal de la lista municipal del PSPV en 2015 habían firmado un compromiso ante notario en el que presentarían su renuncia en caso de ser imputados en una causa de corrupción”. También han reiterado que “respetan el informe de la secretaria del Ayuntamiento, quien determinó que el debate de la aplicación del Código de Buen Gobierno debía plantearse en el seno de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, donde debía comparecer la vicealcaldesa para dar las explicaciones que considere sobre su situación judicial y política”.

Por su parte, desde el grupo de Compromís en el Ayuntamiento no ha habido respuesta a las preguntas de eldiario.es sobre el asunto. No obstante, ante la negativa de Brancal a dimitir, todo queda a la espera de la convocatoria de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación. En esta comisión, en la que participan todos los grupos políticos, se estudiará la situación de la investigada y se decidirá si se aplica o no el Código de Buen Gobierno.

¿Una ética demasiado severa?

Y es que el Partido Popular ha encontrado un arma arrojadiza en el Código de Buen Gobierno aprobado por el Ayuntamiento en 2015, –tras los diversos escándalos de corrupción del PP en la Comunitat Valenciana- y la rigurosidad del mismo, que permite situaciones como la actual. No es algo nuevo en el PP, que tendría como caso paradigmático al asesor popular en el Ayuntamiento de Valencia –e imputado por blanqueo en el caso Taula- Luís Salom, que habría presentado aproximadamente una quincena de denuncias contra cargos públicos del Consell, hasta ahora todas archivadas.

En este sentido, Enric Nomdedéu, predecesor de Brancal y Secretario autonómico de Empleo –también investigado por malversación de caudales públicos y falsedad documental por el mismo asunto-, argumenta que el Código de Buen Gobierno peca de un exceso de celo a causa del clima político durante el que fue creado, y enmarca la polémica dentro de una “estrategia del PP para desprestigiar con meras acusaciones en el aire de un personaje como el edil Pérez Macián”.

Desde Compromís se reafirmaron mediante una nota de prensa en lo que califican como situación de “juego sucio de la derecha rancia, mentirosa y crispadora” y remarcaron que “los concejales de un partido político que se han hartado de robar a manos llenas no serán los que marquen la ética y la moral” de su formación.