La reforma constitucional que reconoce la capacidad legislativa civil a la Comunitat Valenciana lleva 18 meses parada
En febrero de 2020, cuando las palabras pandemia, coronavirus o confinamiento eran una masa abstracta y no formaban parte del vocabulario diario, el Parlamento valenciano aprobaba una proposición de ley para impulsar una reforma constitucional que le permitiera recuperar su capacidad legislativa en materia civil. La propuesta, que surgió cuatro años después de que el Tribunal Constitucional tumbara una tras otra las leyes que lo recogían, pasó desapercibida en un clima político agitado que la pandemia terminó de trastocar.
Este sábado se cumplen 18 meses de la publicación en el Boletín Oficial del Congreso de la proposición de reforma constitucional, una pieza fundamental en el avance hacia el autogobierno valenciano. La proposición de ley fue aprobada por las tres formaciones de izquierdas y el Partido Popular; más de tres quintas partes de los diputados de las Corts Valencianes. La redacción de la propuesta es sencilla y pretende que la Comunitat Valenciana pueda legislar en materias como las uniones civiles (matrimonios) y los regímenes de custodia de los descendientes, así como en lo relativo a las herencias o transmisiones de grandes patrimonios.
En vista de la parálisis, que coincide con los albores del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía Valenciano -la efeméride se celebrará el 1 de julio de 2022-, la Associació de Juristes Valencians, impulsora de la reforma constitucional, reclama al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, que insten a sus partidos en el Congreso a tramitar la reforma. La vía planteada obedece a una reforma blanda, una modificación en la disposición adicional segunda de la Carta Magna que deje negro sobre blanco una capacidad legislativa hasta la fecha ambigua pero que obedece a las costumbres centenarias. Esta reforma requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso.
La cascada de sentencias de inconstitucionalidad sobre las leyes de Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y Uniones de Hecho en 2016 dejó vacío de contenido el derecho civil valenciano. Desde entonces, la asociación que preside José Ramón Chirivella ha presentado mociones suscritas en prácticamente todos los municipios valencianos -apenas queda una decena sin rubricar la petición- y ha puesto en marcha campañas de información y divulgación sobre la materia. “Desde hace cinco años tenemos un autogobierno recortado”, denuncian los juristas. Chirivella considera “incomprensible que las cúpulas del PSOE y del PP de Madrid nos discriminen también en este tema” y alienta a Puig y Mazón a “reaccionar” dado que es “la voluntad generalizada de los valencianos en un tema previsto en el Estatuto”.
La organización profesional recuerda el apoyo que suscitó la reforma del Estatuto de Autonomía en 2006, que contó con el apoyo de 291 diputados en el Congreso, “fruto del acuerdo entre PP y PSOE”; dos formaciones a priori antagónicas a las que la ciudadanía reclama sentido de Estado. Chirivella recuerda que “si bien contó con votos en contra (Izquierda Unida y los nacionalistas vascos o catalanes), desde luego no cuestionaban la recuperación de esta capacidad de dictar normas civiles, reclamada de forma reiterada por políticos valencianos de diferente ideología, e historiadores y juristas desde la época de Mayans”.
El Estatuto de Autonomía Valenciano de 1982 y su posterior reforma, en 2006, incorporan esta capacidad legislativa, aunque la falta de concreción escrita de normativa civil valenciana en el momento en el que se redactó la Constitución Española, cuatro años atrás, ha dejado esta capacidad en el limbo. En la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano de 2006, aprobado como ley orgánica, se introdujo el Derecho Foral Civil como eje del autogobierno; una norma que, como recuerda la Associació de Juristes Valencians, no fue recurrida, pero sí las leyes a las que daba cobertura. En base a la reforma estatutaria se aprobaron las leyes del régimen económico matrimonial valenciano, la ley de custodia compartida y la ley de uniones de hecho, que se declararon inconstitucionales en 2016. El Alto Tribunal entendió que su disposición en el Estatuto no tenía relevancia competencial.
El derecho civil valenciano parte de los fueros, las normas por las que se regía el Reino de Valencia entre los siglos XIII y XVIII. En España las nacionalidades históricas como Aragón, Catalunya y Baleares, hoy con la división estatal autonómica, tienen reconocida su capacidad legislativa civil; un reconocimiento que no se produce en el caso valenciano por la abolición de los fueros que decretara Felipe V en 1707 y su sustitución por las normas basadas en las costumbres castellanas. Esa sustitución resulta clave para borrar la costumbre en la que se basa la normativa civil autonómica.
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