La Marina de València para la ciudad

Compromís pacta con el Gobierno el apoyo a los Presupuestos

El Ayuntamiento se hace cargo de la zona del Puerto de València de uso ciudadano

No será el Gobierno, ni la Generalitat Valenciana, sino el Ayuntamiento el que gestione la Marina de València. Parece razonable, pero no estaba nada claro hasta que Compromís pactó con el Ministerio de Transportes que esa sea la solución de la zona de uso ciudadano del Puerto de València, tras la desaparición del consorcio a tres bandas que lo gestionaba hasta ahora, dado que ese consorcio está actualmente en proceso de liquidación como consecuencia de la decisión del Gobierno de abandonar su participación en el organismo.

El acuerdo forma parte de las contrapartidas que ha pactado la coalición valencianista con el Gobierno que preside Pedro Sánchez para apoyar en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El fruto de esa negociación son 62 millones de euros más destinados a la Comunitat Valenciana, de los que 51 corresponden a inversiones, sobre todo ferroviarias, en la zona de Alicante. 

En lo que se refiere a la Marina de València, tal como explicó el alcalde, Joan Ribó, en una rueda de prensa junto al diputado en el Congreso Joan Baldoví y la portavoz en las Corts Valencianes, Papi Robles, Compromís ha logrado que la ciudad gestione la totalidad de los terrenos de la Marina, incluido el 70% que sigue siendo propiedad del Puerto de València, a cambio de su apoyo a los presupuestos del Estado. El nuevo ente municipal que gestionará ese espacio se subrogará a los 30 trabajadores del Consorcio para mantener la actuación sobre el recinto de forma unitaria, mientras la gestión de los amarres se sacará a concurso.

En el anuncio del acuerdo con el Gobierno, los dirigentes de Compromís señalaron que se produciría también la desafección y el traspaso al Ayuntamiento de la titularidad del 70% de la Marina que es propiedad del Puerto. Así se había hablado en la reunión con el ministerio, que después de la rueda de prensa de los valencianistas negó este extremo para indicar que “la puesta en valor de los terrenos y de la lámina de agua del puerto de Valencia adscrita a la citada Marina se realizará por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia de forma consensuada tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat”. Ribó aseguró que seguirá reclamando al Estado los terrenos de la Marina sin uso portuario “aunque cueste años”.

El juicio del 'caso Alquería', en la recta final

El fiscal usa e-mails internos de la Diputación contra Jorge Rodríguez

El juicio del caso Alquería, que empezó a mediados de septiembre, acabará en unos días. Centrado en la contratación de altos cargos en Divalterra, empresa de la Diputación de València, en este juicio se sienta en el banquillo, junto a otros, el que fuera presidente de la Corporación, Jorge Rodríguez, que tuvo que dimitir por este asunto y abandonó el PSPV, al que pertenecía, para volver a presentarse a la alcaldía de Ontinyent por una formación creada al efecto, La Vall d'Albaida ens Uneix, con la que obtuvo una abrumadora mayoría de 17 concejales sobre 21 en las elecciones municipales de 2019.

La acusación sobre la que debe decidir el tribunal, formulada por el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, incidió en sus conclusiones en que se buscó “colocar única y exclusivamente a determinados miembros de uno u otro partido político” en puestos de alta dirección de Divalterra “al margen de la legalidad”. Según el fiscal, se produjeron presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Una serie de e-mails internos sirvieron al representante del Ministerio Público para apuntalar su criterio de que “se simularon contrataciones para dar apariencia de legalidad” a lo que era, en realidad, una maniobra para enchufar a dirigentes del PSPV y Compromís en cargos de alta dirección.

Cierra un foro mundial de inspectores de trabajo y presenta Sumar

Yolanda Díaz lleva su proyecto a València

La agenda de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se concentra en Elche y València los últimos días de esta semana. El viernes se reúne en Elche con representantes del sector de las aparadoras del calzado tras clausurar en València el primer foro mundial de altos inspectores de trabajo coorganizado por el Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un foro que el jueves inauguró el vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca. Ambos, Díaz e Illueca, que representa a Unides Podem en el Gobierno valenciano, trabajaron juntos en el ministerio cuando éste fue director general de la Inspección de Trabajo.

El sábado por la mañana, en la Fira de València, Díaz protagoniza un acto de la plataforma Sumar, dentro del proceso de “escucha ciudadana” que lidera con la vista puesta en las próximas elecciones generales. Pese a los roces con Pablo Iglesias y Podemos, la convocatoria de Sumar en València concita la asistencia de dirigentes de Podemos, de Esquerra Unida y de Compromís.