El Puerto de València obvia al Ayuntamiento y a la Generalitat y se autoproclama gestor de la Marina desde el 1 de enero

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha dado un paso al frente en su idea de hacerse con el control de una parte de la Marina de València, a pesar de que su presidente, Aurelio Martínez, desmintió cualquier interés al respecto y a pesar de las negociaciones abiertas entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para crear una entidad que se encargue de la gestión integral del espacio, incluida la lámina de agua.

Según ha averiguado elDiario.es, la APV ha convocado a todas las empresas que desarrollan su actividad en el dominio público portuario, es decir, en el suelo que aún no está adscrito al Ayuntamiento de València, a una reunión que tendrá lugar este jueves a las 11.00 horas en la que no habrá en principio ningún representante del Consistorio.

En ella, los responsables del Puerto les comunicarán que a partir del 1 de enero de 2023 pasarán a encargarse de la gestión de sus concesiones “como consecuencia de la extinción del título de ocupación otorgado al Consorcio Valencia 2007”, según reza la carta remitida a las empresas a la que ha tenido acceso ese diario.

“Desde la APV queremos colaborar con ustedes en las tramitaciones que sean necesarias para dar continuidad a su actividad, especialmente en las fases iniciales de este proceso administrativo. En esta reunión se les indicará como, una vez preparada la documentación, deben presentar solicitud formalmente a traves de la Sede Electrónica de esta Autoridad Portuaria”, dice la misiva.

Las concesiones a las que afecta esta notificación son principalmente las relativas a las Bases, Marina Beach y Panorama, Duna, Albacora, el Faro del Sur, Azul, el Alhoa, la Federacion Valenciana de Vela, la Escuela Municipal de Vela, la Federacion Valenciana de Remo y los 970 amarres.

Este paso de la APV choca frontalmente con los planes del Ayuntamiento y de la Generalitat para gestionar el espacio. Según la hoja de ruta explicada en su momento, el Consorcio Valencia 2007, órgano creado para coordinar el funcionamiento del recinto y participado por el Gobierno (40%), por la Generalitat Valenciana (40%) y por el Ayuntamiento (20%), está ya en pleno proceso de liquidación. Con todo, es este órgano el que otorgó en su momento las concesiones y el que en principio las debe seguir gestionando hasta que finalie el proceso de liquidación, lo que estaba previsto para finales del presente año.

En una reciente reunión entre el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, se acordó crear una nueva empresa pública o una fundación participada por el Ayuntamiento y la Generalitat para hacerse cargo de la gestión de la Marina de València una vez se disuelva el Consorcio Valencia 2007.

El propio Ribó ya remitió una carta a la APV para soliciatar la desafección de toda la zona y la cesión de lo que no se pueda desafectar, tal y como prevé la Ley de Puertos cuando estos espacios portuarios pero con uso urbano están separados físicamente de la actividad industrial del Puerto y por lo tanto no afectan en su día a día, como es el caso de la Marina de València. A la misiva del alcalde respondió la APV en el sentido de que es una petición que debe cursar directamente a Puertos del Estado o al Ministerio de Transportes.

Así lo hizo el pasado 1 de septiembre cuando desde alcaldía se remitió otra carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por medio de la cual solicitaba una reunión para tratar la desafección de los espacios de la Marina que siguen siendo de titularidad de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Lejos de ofrecer una respuesta a la misiva del alcalde desde el ministerio, el siguiente movimiento de la APV ha sido la mencionada reunión para asumir el control de una parte importante del recinto.

Actualmente, unos 500.000 metros cuadrados de la Marina de València los conforman la lámina de agua y otros 500.000 los diferentes espacios en superficie. De ellos, el Ayuntamiento ya es el responsable directo de un 30% de los terrenos que se desafectaron en su día, concretamente, de la parte de los tinglados, la estación marítima, las bases de la Copa del América y el edificio Veles e Vents. El resto forma parte de los terrenos de dominio público portuario en los que se encuentran las mencionadas concesiones.