Aislamiento, sobremedicación y carencia de personal convierten las prisiones valencianas en “los psiquiátricos del siglo XXI”

Un preso es un preso antes que un enfermo y es un enfermo antes que una persona. La situación que se vive en el sistema penitenciario valenciano resulta alarmante desde el punto de vista de los derechos humanos, especialmente desde los derechos sanitarios. Es una de las claves del informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, elaborado por la asociación Àmbit, que apunta que el 40% de la población reclusa padece problemas psiquiátricos.

La falta de recursos del sistema penitenciario está directamente relacionada con la sobremedicación de la población reclusa e impide la reinserción. Cerca del 65% de los reclusos toman medicación psiquiátrica, apunta Javier Vilalta, coordinador de la asociación, que centra su trabajo en las personas privadas de libertad con problemas psiquiátricos. “Esto coincide con una carencia de un 70% de facultativos en prisiones en la Comunitat Valenciana y la ausencia de psiquiatras, lo que hace que se estén vulnerando los derechos sanitarios más básicos y causando un daño innecesario en esta población”, apuntó durante su intervención.

Los centros de privación de libertad, donde hay 6.300 personas ingresadas, presentan unas carencias notables en materia de salud pública, según apunta el informe. El hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, el único junto con el de Sevilla especializado en personas privadas de libertad con trastornos mentales, solo cuenta con tres psiquiatras en la plantilla para 215 personas. En Picassent se contrató a un psiquiatra durante 6 meses para los 3.000 reclusos y ahora la atención psiquiátrica se realiza a través de consultores “a los que les es imposible llevar seguimiento”. Además, los pocos médicos que hay no están especializados en salud mental, apunta el texto. “El equipo médico está colapsado y no puede llevar a cabo una función de filtro previa a la visita del psiquiatra”, indica.

Los datos que subraya el informe llevan a considerar los centros penitenciarios como un espacio en el que almacenar a los residuos humanos, un agujero en los derechos. “Las prisiones se han convertido en los psiquiátricos del siglo XXI y en un fracaso del sistema de salud mental, la sociedad en general no da cabida a las personas con diagnóstico de salud mental y adicción, de manera que la gran mayoría, cuando no tienen un entorno favorable, acaban en prisión”, denunciaba Vilalta.

Desde el punto de vista clínico, las autoras recalcan la relación entre patología dual y prisión, subrayando que los delitos y la reincidencia están “más relacionados con el trastorno por adicción que con la psicopatología en sí”. No obstante, recalcan, “se ha de empezar a contemplar la presencia de personas con diagnóstico psiquiátrico en prisión como una problemática social más que un hecho personal y aislado y entender esta situación como la consecuencia de una serie de fallos en un sistema en el que no todas las personas tienen espacio”. Según el informe, “se trata, en su mayoría, de trastornos muy complejos, crónicos, relacionados con factores sociales y físicos que empeoran su pronóstico y manejo como son la adicción a las drogas, dando lugar a la patología dual o las dificultades de aprendizaje”.

El informe, realizado por segundo año en la Comunitat Valenciana, se presentó en la Facultad de Derecho de la Universitat de Valéncia con la fiscal de Violencia de Género y Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valènca, Susana Gisbert; el Decano de la Facultad de Derecho, Javier Palao; el coordinador de Àmbit, y las redactoras del informe Carla Mateo, y Aurora Fernández, psicóloga y criminóloga, respectivamente.

Salud mental y violencia machista

En el caso de las mujeres presas, que son el 9% de la población reclusa, los autores destacan la suma de los problemas de salud mental, adicciones y violencia de género. Tres de cada cuatro mujeres con trastornos mentales graves han sufrido violencia de género en el ámbito familiar o de la pareja y “las mujeres que se encuentran en tratamiento por adicción son víctimas de violencia de género con una incidencia tres veces superior a la de la población general”. A su vez, añaden que muchas mujeres privadas de libertad lo son por delitos relacionados con sus parejas y la dependencia de sustancias adictivas, y alertan de los casos de violencia vicaria: “Es común que para poder comunicarse con sus hijos dependan de su maltratador y padre de sus hijos”, apunta.

Creación de centros específicos

En la Comunitat Valenciana hay cinco centros penitenciarios ordinarios (Alicante, Villena, dos en Castellón y Picassent, en la provincia de Valencia), dos centros de inserción, un módulo de maternidad (trasladado de Picassent al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent) y otros módulos extrapenitenciarios. Junto a ellos, el informe incorpora el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, un espacio para personas privadas de libertad por comisión de delitos pero que resultan inimputables por enfermedad mental previa o sobrevenida, el único en España junto al de Sevilla. En paralelo el Gobierno proyecta un centro de las mismas características en Siete Aguas, al que se han opuesto los partidos de izquierdas en las Corts Valencianes. El informe también incorpora un estudio sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, que consideran “desproporcionados, inútiles, caros y vulneran los derechos humanos”.

Los autores del estudio reclaman a la Generalitat Valenciana que asuma las competencias en materia de Sanidad penitenciaria, previstas desde 2004, para que las personas presas se integren en el servicio público de salud. También la creación de equipos especializados y unidades de conductas adictivas que trabajen de forma coordinada con equipos de salud mental en prisión para abordar los casos de patologías duales. El estudio recomienda la creación de plazas y centros específicos para las personas que han cometido delitos pero que resultan inimputables, que en numerosas ocasiones cumplen el equivalente a una condena en un centro penitenciario. “Se ha de invertir en recursos alternativos a la prisión especializados y que puedan dar alcance a los diferentes perfiles”, sostiene.

El informe, que se muestra muy crítico con la acción del Ejecutivo autonómico, reconoce que se han incorporado algunas peticiones en el Plan de Salud Mental y en un decreto de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que prevé residencias para personas judicializadas con problemas graves de salud mental y diversidad funcional.