El Defensor del Pueblo investiga por qué las personas en situación irregular que denuncian se arriesgan a sanciones o la expulsión

Ser una persona migrante en situación irregular no sólo supone estar expuesta a sufrir más delitos, sino que también significa arriesgarse a ser expulsada o multada cuando se acude a una comisaría a presentar una denuncia o a realizar un mero trámite administrativo. La oficina del Defensor del Pueblo viene denunciando esta situación de indefensión jurídica desde hace dos décadas y en su memoria sobre 2023 (págs. 186-187) indica que las quejas en este ámbito “destacan, un año más”, vinculando esta situación a que los datos sobre denuncias no reflejen los datos reales, “uno de los principales problemas de la lucha contra la discriminación. Lo que no se denuncia no consta en las estadísticas y, por tanto, no existe. Cualquier obstáculo para la interposición de una denuncia desincentiva a las presuntas víctimas e invisibiliza problemas reales”.

Actualmente, el Defensor está investigando cuatro casos que se produjeron en comisarías de València, Castellón, Sagunt y Xirivella. Tres de las víctimas acudieron al Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull tras recibir una citación de la Policía para sancionarlas después de comprobar que su estancia en España era irregular cuando fueron a poner una denuncia por el extravío o sustracción de su pasaporte. Una de estas personas, apuntan desde la ONG, había acudido previamente al juzgado de guardia, donde explica que se negaron a admitir la denuncia y la derivaron a la comisaría. A la cuarta víctima ya se le había notificado la orden de expulsión a raíz del expediente sancionador abierto al presentarse en dependencias policiales de Castellón a preguntar por la denuncia por estafa que había formulado.

En estos cuatro casos se presentaron quejas ante la oficina del Defensor del Pueblo, que finalmente ha decidido investigarlos. Por el contrario, ni el juez decano de València ni el Consejo General del Poder Judicial han adoptado medidas para que el juzgado de guardia admita todas las denuncias de presuntos delitos, como lo es la sustracción de pasaportes.

“Especial situación de debilidad”

En la notificación remitida a València Acull de admisión a trámite de las quejas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recoge y asume -igual que hace en el informe anual- las consideraciones de la Fiscalía General del Estado expuestas en su memoria de 2023 sobre este asunto. La Fiscalía pone de relieve la “especial situación de debilidad” que pueden sufrir las personas extranjeras ante los delitos “por ser en ocasiones un objetivo fácil y por las posibles dificultades de su denuncia posterior”. Y remarca las múltiples barreras a las que se enfrentan quienes están en situación irregular “para hacer valer sus derechos en los tribunales, constituyendo la mayor de ellas, el miedo a ser expulsados a sus países de origen, lo que les impide denunciar las condiciones abusivas que padecen”. La Fiscalía recuerda que está obligada a garantizar los derechos humanos de todas las personas “que se hayan en nuestra jurisdicción, lo que incluye a los inmigrantes irregulares” y su acceso a la justicia.

Además, Gabilondo destaca las consideraciones de la Fiscalía de Almería, que incide en el papel fundamental que “juegan las asociaciones y ONGs en la orientación y asesoramiento de este colectivo. Estas instituciones son mayoritariamente las destinatarias iniciales de los problemas y necesidades del extranjero y desde las mismas se les orienta en cómo deben actuar ante un episodio racista o xenófobo”. Por todo ello, el Defensor anuncia que “se han iniciado actuaciones ante la Fiscalía General del Estado”.

Primera recomendación del Defensor del Pueblo, en 2004

La oficina del Defensor del Pueblo formuló la primera recomendación sobre este asunto en 2004, cuando pidió al Ministerio del Interior que no se incoaran expedientes sancionadores “a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos”. En 2019, a raíz del caso de una mujer hondureña que acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (València) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar, volvió a presentar una recomendación al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”.

Esta recomendación fue rechazada en 2021 y, además, se detectaron casos en los que las sanciones no sólo afectaban a quienes van a denunciar un delito sino también a quienes realizan trámite en las comisarías, como las sanciones contra tres madres que habían acudido a sacar el DNI para sus bebés en la comisaría de Paterna. Estos casos provocaron una nueva recomendación de la oficina del Defensor del Pueblo.

El Gobierno no ha asumido ninguna recomendación

Ninguna recomendación ha sido asumida. “El Gobierno sigue avalando este tipo de actuaciones policiales no solo rechazadas por el Defensor sino también por la legislación: la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia ECRI del Consejo de Europa (núm. 16, marzo de 2016, Proteger a los migrantes en situación irregular contra la discriminación) establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia”, denuncian desde València Acull.

Por todo ello, explican desde la ONG que, por el momento, si no se quiere correr el riesgo de la expulsión, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado a denunciar los delitos acompañadas de una abogada y han de autorizar a otros u otras con NIE o DNI para gestionar sus trámites en dependencias de la Policía Nacional.

Escrito del Defensor del Pu...