Un testigo de 'Gürtel' asegura que una firma de publicidad dejó de trabajar con Camps porque “estaba Orange Market”

Juan Antonio G. L., propietario de una empresa de rotulación digital proveedora de la Fundación la Luz de las Imágenes, ha declarado este miércoles en calidad de testigo en el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional en el que Francisco Camps, expresidente popular de la Generalitat Valenciana, figura como el principal acusado. El hombre ha declarado que su empresa confeccionó pancartas para la celebración del Open de Tenis de Valencia en sus ediciones de 2005 y 2006, adjudicado por la Generalitat Valenciana a la firma Orange Market, filial de la trama 'Gürtel' en Valencia.

Preguntado por si conocía a Orange Market, el testigo ha asegurado que en aquel momento no sabía de la existencia de la firma. Sin embargo, ha agregado que trabajaba como proveedor externo para la empresa de publicidad Trasgos y conocía a las empresas que trabajaban para la Generalitat Valenciana. “Eran las agencias de publicidad grandes”, ha indicado.

“Una vez”, ha relatado, “le pregunté a Antonio [Puig] Payà, de Trasgos cómo era que ellos ya no trabajaban más para la Generalitat Valenciana siendo que tenían una muy buena relación con el PP a nivel del Ayuntamiento [de Valencia, durante el mandato de Rita Barberá] y él me contestó que allí estaba Orange Market”.

Sin embargo, según ha destacado el testigo, la firma de la trama Gürtel no era una de las habituales empresas de publicidad que hasta ese momento prestaban sus servicios a la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, también ha declarado el funcionario Rafael V. S., responsable de Informática de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte cuando se celebró el segundo Congreso de Software Libre en mayo del 2005, un evento contratado con la trama 'Gürtel' que costó 112.484 euros. “En ese tema yo no intervine”, ha asegurado el testigo, quien ha mantenido que se trataba de un “acto paralelo” a la conselleria.

El funcionario ha afirmado que no firmó ni autorizó las cinco facturas y ha asegurado que desconocía de dónde procedía la propuesta. Las facturas fueron firmadas por la acusada Silvia Caballer, entonces directora general del Libro, que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. 

El testigo ha declarado que “juraría” que las facturas se correspondían con la realidad dado que el “congreso se hizo y fue multitudinario”, con lo cual “los servicios que se pongan [en las facturas] se supone que se sirvieron”.