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Europa comienza a proteger a los pequeños agricultores frente al 'lobby' de los grandes supermercados

Huerto de naranjos en Burriana (Castellón).

La guerra entre los agricultores y las grandes cadenas de distribución tendrá un árbitro en el marco europeo. El Parlamento prevé aprobar este octubre una normativa que vigile y persiga las malas prácticas en el comercio agrícola después de años de reivindicaciones de los productores.

El principal objetivo del acuerdo, propuesto por los verdes y aceptado por el comisario de Agricultura, es acabar con la venta a pérdidas. Al margen de los temporales, este es el principal problema del campo valenciano: no saber cuándo ni cuánto cobrarán por la cosecha. En España la venta a pérdidas es ilegal, como lo establece la Ley de Cadena Alimentaria y la de Comercio Minorista. El Estado posee un organismo específico para controlar las prácticas agrícolas, la Agencia de información y control alimentario (AICA). En 2017 realizó 223 inspecciones a empresas en el territorio valenciano, más de la mitad -un 65%- pertenecían al sector hortofrutícola. La acción se saldó con 85 sanciones por prácticas abusivas.

No obstante, en Europa y hasta la fecha, la venta a pérdidas no está prohibida. Ni existe un marco normativo común. Las grandes distribuidoras utilizan triquiñuelas y vacíos legales para fijar precios de facto y utilizan los productos perecederos como reclamo para acudir a la compra. En otras palabras, ofrecen al consumidor un descuento notable en frutas y verduras para 'captarlo' para su compra semanal. Esta práctica, según critica el portavoz de la Unió de Llauradors, Joanma Mesado, se hace a costa de los márgenes de los productores, no de los supermercados. “El supermercado marca un precio para el consumidor y de ahí va bajando, así que el último escalón, el agricultor, es el que menos cobra”, explica Mesado.

Los productores, señala el portavoz, apenas tienen peso en las negociaciones. Según los cálculos de la Confederación de Cooperativas Agrarias (COPA-Cocega), los agricultores sólo reciben el 23% del valor añadido de los productos agrícolas, mientras que la parte de los distribuidores es del 53%. Además, dice la entidad, los ingresos de los agricultores sólo representan el 46,5% de las rentas medias de otros sectores económicos. 

En 2013, había en el territorio comunitario más de 12 millones de agricultores, según datos de la Comisión. Grupos de supermercados hay apenas una decena . Más de la mitad del mercado español está en manos  de Carrefour -junto a Dia-, Mercadona, Lidl, Eroski y el grupo Auchan (en alimentación, opera con Alcampo y Simply) . En Europa, se suman Tesco y Marks & Spencer entre los dominantes. En el Estado español, las citadas anteriormente se reparten el 59'4% del mercado, según Kantar Worldpanel. 

Los agricultores están cada vez más expuestos a las fluctuaciones de los mercados, y a la volatilidad de los precios. Los últimos años, expone la comisión, la factura energética de las explotaciones agrícolas aumentó un 223 %, el precio de los abonos un 163%. Los precios agrícolas han aumentado una media del 50%, dicen los datos de 2013.

Con este panorama, las expectativas de los productores no son optimistas. “Los agricultores nunca tendremos esa capacidad de negociación. No es un libre mercado: el poder de negociación es suyo y no hay transparencia [en la cadena de precios]”, denuncia Mesado respecto a los grandes supermercados. "Pedimos que no abusen de su posición de dominio. Las grandes cadenas de distribución, que pueden contarse con los dedos de una mano, tienen mucha capacidad para ejercer de lobby", añade.

Los productores valencianos llevan denunciando este problema en las instituciones europeas desde 2002. La Comisión Europea comenzó a evaluarlo en 2008 y, desde entonces, se crearon varios foros agrícolas, se publicaron algunas recomendaciones para evitar prácticas desleales (los 'green papers' y the supply chain iniciative', entre otros) y se realizaron informes sobre la materia. Todo ello para concluir, en 2016, que hay un desarrollo considerable de políticas contra las malas prácticas y que “un enfoque regulador a escala europea no añade valor”, según destaca un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2016.

Hasta el momento, la Unión Europea había dejado en manos de cada Estado miembro la regulación de las prácticas desleales, instando a suscribir convenios voluntarios de buenas prácticas, sin un marco común. La cuestión cambiará a partir del próximo año si se aprueba el decreto sobre malas prácticas, que protegerá a los agricultores de la venta a pérdidas y de los retrasos en los pagos.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, se comprometió a realizar una directiva a propuesta del grupo EFA – Greens (Los verdes – Alianza Europea) que se materializará en las próximas semanas, tras las enmiendas de los eurodiputados. 

Según las previsiones desde Bruselas, el informe se votará en octubre por los europarlamentarios, una vez finalizado el periodo de enmiendas. Con el dictamen aprobado, se iniciarían los diálogos entre la Comisión, el Consejo de Ministros y Parlamento para su aplicación en cada Estado miembro-. Los agricultores valencianos lo celebran con cautela: "es un buen punto de partida".

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Publicado el
21 de octubre de 2018 - 22:10 h

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