Compromís y Unides Podem cuestionan al presidente del Puerto de Valencia tras las irregularidades detectadas por la Abogacía del Estado

El informe de la Abogacía del Estado publicado en exclusiva por elDiario.es que refleja hasta cuatro irregularidades en la permuta de concesiones aprobada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en favor del naviero y consejero del organismo, Vicente Boluda, ha causado diferencias entre los socios del Gobierno del Pacte Botànic, en concreto de Compromís y Unides Podem con el PSPV.

Tras conocer el contenido del documento, la portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Papi Robles,  afirmó vía Twitter que Ximo Puig debería cuestionarse el nombramiento del presidente de la APV, Aurelio Martínez: “El ocultamiento de información y las irregularidades tendrían que hacer que Ximo Puig se cuestione el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de València. El Botànic vino para gobernar con transparencia y decencia”.

El senador de la coalición valencianista, Carles Mulet, quien solicitó hasta en una decena de ocasiones el documento por la vía parlamentaria, destacó la gravedad de los hechos: “El informe de la Abogacía del Estado explica las irregularidades graves del de Puerto València. Aurelio Martínez no puede continuar un segundo más en el frente de la Autoridad Portuaria. Ximo Puig tiene que mover ficha y nombrar a una nueva persona limpia”.

La síndica de Unides Podem en las Corts Valencianes, Pilar Lima, afirmó que el informe “es muy grave” y que esperan “explicaciones de Aurelio Martinez”. Fuentes del grupo parlamentario recordaron que en junio ya advirtieron de que “de ser probadas las irregularidades cometidas en esta operación, alguien debería depurar responsabilidades”.

Desde presidencia de la Generalitat Valenciana prefirieron no realizar valoraciones al respecto pese a las interpelaciones directas de los socios de Gobierno a Ximo Puig.

El pasado 29 de junio la APV anuló el acuerdo que había aprobado meses antes por el cual se aprobó rescatar la concesión otorgada al naviero Vicente Boluda en los astilleros de la Unión Naval, sin uso desde 2012 y que caducaba en 2027, compensándole con una nueva concesión de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas.

La anulación de la permuta estuvo motivada por sendos informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado, que afirmó que la APV “no procedió regularmente”, y además, la operación está investigada por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.

El informe de la Abogacía del Estado nunca se hizo público. En aquel consejo de administración del 29 de junio incluso la APV negó una copia a los consejeros (tan solo se les dejó consultarlo) y desde entonces tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno han evitado hacerlo público.

Tal y como avanzó este lunes elDiario.es, el documento refleja hasta cuatro irregularidades en la forma de proceder de los responsables de la APV, con su presidente, el socialista Aurelio Martínez, a la cabeza.

En concreto, considera que no se procedió regularmente al no explorar lo suficiente el rescate de la concesión de Unión Naval por la vía de la caducidad y por tanto, sin necesidad de compensar a Boluda con una nueva concesión. La Abogacía considera que pudo hacerlo por la falta de conservación de las instalaciones que forman parte de esa concesión y por no ajustarse su actividad actual (manipulación y mantenimiento de contenedores) a la actividad principal de la concesión (construcción de barcos).

Además, añade que no se procedió regularmente compensando a Boluda con otra concesión al ser para una sociedad diferente a la original (Unión Naval) y para un fin diferente al original (de astilleros a edificio de oficinas).

El rescate irregular de la concesión de los astilleros de Boluda viene motivada por los cambios introducidos en la ampliación del Puerto, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. Estos cambios implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.