La cooperativa valenciana Florida Universitaria optó a la compra de la VIU que finalmente el PP adjudicó a Planeta

Una cooperativa valenciana se presentó al proceso de diálogo competitivo mediante el cual la entonces consellera de Educación, ahora alcaldesa de València del PP, María José Catalá, privatizó la Universidad Internacional de Valencia (VIU) de la que hasta ahora ha ejercido como profesora asociada, una labor que de momento no ha desvelado si mantendrá como primera edil. Catalá, además, nunca ha publicado su sueldo como profesora de la VIU más allá de remitirse a lo que este medio publicó sobre lo que cobra un profesor de la universidad con sus mismas horas de docencia, esto es, 7.300 euros al año.

Como ha venido informando elDiario.es, Catalá vendió el 70% de la VIU por cuatro millones de euros tras haber invertido el Consell desde su creación 34 millones de euros y su valor se multiplicó a los pocos días de seleccionar la oferta del grupo Planeta tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.

Nueva documentación recabada por esta redacción revela que junto al grupo Planeta, que finalmente se hizo con la mayoría accionarial de la universidad virtual por 4 millones de euros, concurrieron otras tres instituciones académicas al proceso de diálogo competitivo abierto para privatizarla. Una información que nunca se hizo pública por las severas cláusulas de confidencialidad de todo el proceso.

En concreto, fueron la universidad Isabel I, la escuela de negocios IMF y la cooperativa valenciana Florida Universitaria las que se interesaron en la operación. De la documentación se desprende que las ofertas económicas iniciales más cuantiosas por el 70% de la VIU fueron la de IMF y la de Florida: ambas ofertaron 10 millones de euros, aunque en el caso de la primera se condicionaba “al valor real de los activos aportados” y se abonaría una primera cuota de 2 millones al cierre de la transacción; en el de la entidad valenciana no se concretaba un calendario de pago más allá de una primera aportación de 1,2 millones, ya que el resto se sufragaría mediante fondos generados por la propia VIU.

Por su parte, Planeta empezó ofertando 3,5 millones de euros y la universidad Isabel I 3 millones aportados en ambos casos mediante fondos propios con calendarios de pago concretos.

En cuanto a las inversiones y financiación previstas, mientras la universidad Isabel I y Florida no concretaban ninguna cifra, IMF estimaba necesaria una inversión de 21,9 millones de euros en cuatro años y Planeta proponía una inversión en comercialización de 10 millones en los primeros tres años vía préstamos del grupo a la nueva sociedad.

Con todo, finalmente la única institución de las cuatro que realizó una oferta final de compra fue el Grupo Planeta, que subió de 3,5 a 4 millones de euros su puja por el 70% de la VIU. El documento de “propuesta final para la entrada en el capital de la VIU” refleja una previsión de inversiones para comercializarla de 17,4 millones de euros en cuatro años a razón de 1,5 millones el primero, 3,3 millones el segundo, 5,6 millones el tercero y 7,4 millones el cuarto, unas cifras que no aparecen ni el contrato de compra venta de las participaciones ni en la escritura.

Según el plan de negocio presentado en este documento, Planeta preveía que la VIU podría autofinanciarse al tercer año de la privatización, esto es a partir de 2016, aunque iba a necesitar financiación aportada por el propio grupo. Según sus previsiones, el primer año arrojaría una pérdidas de 809.000 euros, el segundo unas ganancias antes de impuestos de 577.000 euros, el tercero de 2,4 millones y el cuarto de 4,9 millones, lo que demuestra que con una gestión eficiente la VIU podría haber sido rentable no solo desde el punto de vista social, sino también económico para las arcas públicas.

Desde el Partido Popular siempre han subrayado que una auditoría realizada por el gobierno de Ximo Puig en 2015 señala que el proceso de venta fue correcto y conforme a la normativa vigente.