Cumbre para resolver otro entuerto del PP: convocada la primera comisión del convenio de la F1 desde 2007 para abordar una deuda de 50 millones

La línea 10 de Metrovalencia, el aparcamiento del Mercat Central con la reurbanización de las plazas del Mercat y de Bruges o el reinicio en las próximas semanas de las obras del edificio central de Sociópolis, paralizado tras la crisis inmobiliaria de 2007.

Son solo algunos de los proyectos fallidos del PP heredados en 2015 por los gobiernos de izquierdas de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València a los que se ha dado solución en los últimos años. Pero no son los únicos.

Ambas administraciones trabajan en las últimas semanas para resolver el entuerto jurídico, urbanístico y económico generado por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, hoy en día abandonado y tomado por un asentamiento de chabolas.

En el momento de la ejecución del trazado (año 2007) la Generalitat y el Ayuntamiento suscribieron un convenio para el desarrollo del circuito en el ámbito del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Grau. En virtud de este acuerdo, la Generalitat abonaba las obras de asfaltado del trazado y el Ayuntamiento se comprometía a devolverle el dinero una vez desarrollara el PAI a través de las cargas urbanísticas repercutidas a los propietarios de los terrenos o de un canon de urbanización “sin perjuicio de establecer cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento considero adecuada”, puesto que en la práctica el trazado del circuito se convertirá en viales residenciales. El convenio incluía la constitución de una comisión de seguimiento del mismo que nunca se llegó a reunir.

La semana pasada el alcalde de València, Joan Ribó, y el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, anunciaron la reconstitución de la mencionada comisión para negociar un nuevo convenio que sirva para establecer una nueva fórmula de financiación de la cuantía que adelantó en su día la Generalitat a través del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP). Esta comisión integrada por técnicos de la Conselleria de Vivienda y del Ayuntamiento de València se reunirá por primera vez este jueves dando así cumplimiento a la última resolución del Consell Jurídic Consultiu.

El principal punto de fricción es sobre la cuantía avanzada en su día por la Generalitat para financiar la parte del circuito urbano recayente al sector del Grau. Y la primera sorpresa es que la deuda no es de 38 millones de euros como se presupuestó en su día, sino que finalmente incluyendo intereses ascendió a 50 millones de euros (la totalidad del circuito costó 89 millones), tal y como queda reflejado en la memoria de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de 2013.

Hace años, este organismo que funcionó hasta 2016, cuando el Gobierno valenciano lo reconvirtió en la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), facturó al Ayuntamiento de València las citadas cantidades económicas. Las facturas fueron devueltas al EIGE por considerar el Consistorio que no tenía con esta entidad pública deuda alguna vencida, liquida y exigible, como no lo tiene actualmente con su sucesora EVha.

Es decir, el Ayuntamiento entiende que tiene unas obligaciones (sin plazo concreto) por el Convenio, pero no un concepto facturable a una entidad pública que asumió la financiación del coste de las correspondientes infraestructuras. Además, las obras aún a día de hoy no se han recepcionado por parte de la corporación municipal.

En este contexto, tanto Ribó como Illueca establecieron las bases que deben regir el nuevo convenio que se empezará a discutir este jueves. En primer lugar, se buscará una nueva fórmula de financiación más adecuada a la realidad actual en una zona en el que se hace necesario dotaciones residenciales y otras equipaciones sociales y en consecuencia, transformación del acuerdo económico del nuevo convenio en dotación útil para la Generalitat y el Ayuntamiento.

En este sentido, el acuerdo priorizará el incremento de la vivienda dotacional, que no computa como edificabilidad en los parámetros estructurales, a desarrollar y gestionar por la Consellería de Vivienda, con la necesidad de construcción de edificios piloto en arquitectura bioclimática o suelo de emergencia habitacional.

En este sentido, cabe la posibilidad de incorporar 35.000 metros cuadrados de techo aproximadamente con carácter de equipación residencial y que pueden ser construidas y financiades de diferentes formas, como la fórmula de ‘complejo inmobiliario’ de colaboración público-privada para conseguir un barrio de nuevo desarrollo inclusivo entre la vivienda libre, protegida y social.

Por último, se establece como criterio que se mantenga la gestión diecta del PAI a través de Aumsa y que la carga urbanística principal tiene que ser ampliar y terminar el Parque de Desembocadura, con la posibilidad también de la cofinanciación europea para renaturalización de lechos fluviales.

Con todo, las negociaciones no serán sencillas al menos en lo que a la parte económica se refiere. La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, afirmó recientemente que el Ayuntamiento de València no pagará “ni un euro ni un metro de suelo público” por la “estafa” del PP con el circuito de la Fórmula 1.

Gómez aseguró que está ultimando un acuerdo con los propietarios del suelo del PAI del Grao para resolver un problema que generó el PP con el circuito de Fórmula 1. “Estamos intentando llegar a un acuerdo que sea positivo para la ciudad, pero sin engañarnos. Es decir, cuando Francisco Camps, ex presidente del PP, y también lo ha reiterado su portavoz, María José Catalá, hablaba de que esto no nos iba a costar ni un euro, era absolutamente falso. No se puede repercutir el 100% de un circuito de Fórmula 1 porque un circuito de Fórmula 1 no puede ser un nunca un barrio, no puede ser nunca un coste adelantado de urbanización porque tiene un uso muy distinto a generar barrio”, explicó la vicealcaldesa.

Así, parece claro que una parte de los 50 millones se repecurtirá a los propietarios a través de las cargas urbanísticas, con lo que la discusión estará en quién debe asumir la cuantía que quedará por cubrir y con qué fórmula. Tanto Ribó como Illueca hablaron de la posibilidad de incorporar los mencionados 35.000 metros cuadrados de techo con carácter de equipación residencial.

La Generalitat aún debe 15 millones del circuito

El circuito urbano de Fórmula 1 continúa generando costes millonarios a las arcas públicas, pese a que hace nueve años que se disputó el último Gran Premio de Europa y que toda la parte recayente a El Grau y Natzaret está vallada, abandonada y carece de uso ciudadano.

El pasado día 12 junio se abonaron 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para abonar los costes de construcción del trazado.

El crédito empezó a pagarse en 2016 y tiene una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales, por lo que quedan por abonar 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.

El circuito tuvo un coste total de 89,7 millones de euros. Pero no solo la construcción del trazado supuso gasto para las arcas públicas. El coste total de la organización del Gran Premio entre los años 2008 y 2012 ascendió a 308 millones de euros entre el circuito (89,7 millones), la compra de la empresa Valmor y el canon (115 millones) o la retransmisión de Canal 9 (26 millones de euros), entre otros conceptos.