Plan Cabanyal pretende dejar en la calle a dos familias vulnerables y con menores en los bloques Portuarios de València

Marcos Giménez y Tamara Borrego caminan sin mucho ánimo por el solar de los bloques Portuarios. Pesa el sol, pero más pesa en el bolsillo la sentencia que les obliga a abandonar la casa que ocupan desde hace tiempo en el patio 3 y que pertenece a la entidad pública Plan Cabanyal-Canyamelar SA. Aseguran que, hace unos días, agentes de la policía les dieron de tiempo hasta el lunes 10 de agosto para recoger sus cosas y marchar. Todo empezó casi un año antes, el 7 de octubre de 2019, tras una inspección de la Policía Local que acabó con una denuncia por defraudación de fluido eléctrico. El juicio se celebró el 14 de enero y, aunque Iberdrola declinó acciones alegando que nada tenía que reclamar, Plan Cabanyal siguió adelante y la sentencia, apenas 15 días después, condenó al matrimonio a una multa de 240€ y al desalojo de la vivienda. Sobre la solicitud de alquiler social, por parte de su abogada, la sentencia lo dejó en manos “tanto del propietario de la vivienda como de los poderes públicos con competencias en la materia”. Y es aquí donde reside el conflicto.

El Plan Cabanyal está participado a partes iguales por la conselleria de Vivienda a través del EVha (la entidad valenciana de vivienda y suelo) y por la concejalía de Urbanismo desde la empresa pública Aumsa. Y el pasado 19 de noviembre, se anunció que funcionaría como “ventanilla única” para la rehabilitación del barrio con un “carácter fundamentalmente social”. Aquella reunión estuvo presidida por el alcalde, Joan Ribó, y se pidió el apoyo de la concejalía de Bienestar Social. Sin embargo, el gerente de Plan Cabanyal, Vicent Gallart, niega que exista esta ventanilla única “y menos para la resolución de cuestiones sociales, algo en lo que no tenemos ninguna competencia, pero tampoco medios propios para llevarla adelante”. Es por ello que atribuye a los Servicios Sociales la solución al problema de los desalojos.

Por su parte, fuentes de la concejalía de Bienestar Social critican que nada habría que resolver si Plan Cabanyal no creara “este problema de permitir que familias queden en la calle”. Es por ello que, sostienen, llevan meses declinando realizar informes para esta oficina porque no quieren colaborar con los desalojos: “Este tipo de informes de intervención deben solicitarse antes de la denuncia, la intervención policial y la sentencia judicial, porque, si no, estamos ante hechos casi consumados y poco podemos hacer”. “El Plan Cabanyal tiene el mandato político de no desalojar a ninguna familia hasta que no se arbitre un plan de intervención, que consiste en un alternativa habitacional”, recalcan las mismas fuentes.

“Si desalojan, seremos contundentes”

Un argumento con el que coincide César Jiménez, secretario autonómico de Vivienda y Función Social. “Bajo ningún concepto debe producirse el desalojo si no existe una solución habitacional”, advierte y subraya que si este lunes la familia sigue en la vivienda, la orden a Plan Cabanyal es “no ejecutar el desalojo y renunciar a la recuperación, de lo contrario deberíamos hablar y ser contundentes”. Por su parte, Gallart justifica que las sentencias de desalojo no son por denuncias de Plan Cabanyal, sino de Iberdrola o la Policía Local. “Intentamos siempre llegar a una solución previa a la celebración del juicio”, prosigue, aunque no especifica el tipo de respuestas, el número de ocasiones y porque en este caso no se ha podido llegar a un acuerdo.

Por otro lado, fuentes de la concejalía de Urbanismo destacan que la familia de Marcos y Tamara, con cinco menores, uno de ellos de siete meses, “cuenta con un amplio historial delictivo y con hasta cuatro quejas de vecinos”, datos sobre los que esta misma fuente no supo o quiso facilitar más datos. “Si quiere, investigue”, profirió, antes de puntualizar que se trata de “quejas verbales, a las que no se da trámite”, por lo que resulta imposible realizar un seguimiento. “Nos llegan quejas”, reconoce Gallart, aunque no precisa si existe alguna en concreto de esta familia. Y, acto seguido, resume el conflicto de los bloques: “Es entre familias que lo habitan con algún título, de forma especial los que son propietarios, y las que lo habitan sin ningún título”.

Los bloques Portuarios, en el camino de la antigua prolongación de Blasco Ibáñez, constan de 168 viviendas, de las que 77 son públicas y pertenecen a distintas administraciones. Muchas están desde hace años ocupadas por familias en riesgo de exclusión y que ya han presentado justificantes de antigüedad anterior al 1 de julio de 2015, fecha límite del decreto de la Generalitat que permite regularizar ocupaciones. De aplicarse, muchas familias podrían legalizar su situación y acceder a luz y agua sin tener que recurrir a enganches. “No nos corresponde aplicar esta normativa”, apostilla Gallart sin mayores explicaciones y a pesar de que la conselleria forma parte del accionariado del Plan Cabanyal.

Por otro lado, está previsto que los bloques sean demolidos con la ejecución del Plan Especial del Cabanyal (PEC). La vicealcaldesa y responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, señaló que, en su lugar, se edificarán 144 viviendas destinadas a atender situaciones de exclusión social y emergencia.  Gómez se congratuló el pasado 18 de mayo del acuerdo alcanzado “con los vecinos de los bloques” para su realojo en el mismo barrio. A la pregunta de qué sucederá con los ocupantes de viviendas, derivó este asunto a los Servicios Sociales.

“Nos quieren fuera para que no hagamos ruido cuando vayan a tirar los bloques”, lamenta José Giménez, hermano de Marcos y que también cuenta con un proceso judicial de desalojo por habitar sin permiso otra casa del Plan Cabanyal. En su caso, desde la conselleria de Vivienda anuncian que están trabajando, junto a los Servicios Sociales, en una alternativa habitacional. “¿Dónde nos vamos y en mitad de esta pandemia?”, se pregunta José, con tres hijos menores. Mientras, en el solar ya ha atardecido, se ha ido ampliando el círculo con otras familias que están en la misma situación. En el centro, la sentencia de Marcos y Tamara pasa de mano en mano como espejo que arde. Se hace el silencio. Marcos baja su mascarilla, mira reír a su bebé pese a la colección de rostros graves que le rodea y escupe su síntesis hacia el cielo: “Estamos viviendo en la miseria”