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Vox presiona en València para cogobernar con el PP: rechaza el convenio del nuevo estadio y deja en el aire los presupuestos

La alcaldesa de València, María José Catalá, preside la sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces.

Carlos Navarro Castelló

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“La señora María José Catalá debe entender de una vez por todas que 13 (concejales) no son 17, que por tanto si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación con respecto a los representantes del Valencia CF deberá pactar con Compromís o con el PSPV, pero no con Vox. Ya he dicho muchas veces que 13 es un mal número en este ayuntamiento porque no da la mayoría necesaria para poder aprobar casi nada. Nosotros tenemos la mano tendida para defender los intereses de los valencianos”. El portavoz municipal de Vox en València, Juan Manuel Badenas, lanzó un primer aviso a la alcaldesa del PP, María José Catalá, mostrando su rotunda oposición a la firma de cualquier convenio urbanístico con el Valencia CF para finalizar el nuevo estadio mientras Peter Lim sea el máximo accionista del club.

Badenas eligió así un tema tremendamente mediático y de gran trascendencia social para escenificar los graves problemas que va a tener Catalá para sacar adelante sus grandes proyectos si no da entrada al partido de extrema derecha en el Gobierno municipal. Y es que, el PP gobierna actualmente en minoría con 13 concejales, y con los cuatro de Vox alcanzaría los 17 necesarios para dar salida a las cuestiones de mayor calado.

El aviso de Badenas no es casual, puesto que se produce a los pocos días de que la alcaldesa Catalá comentara la semana pasada a preguntas de elDiario.es que el Gobierno municipal está en una etapa “mucho más discreta que la anterior” en sus relaciones con el club para alcanzar un acuerdo y añadiera: “Esa discreción nos va a llevar a resultados positivos”. Catalá aseguró también que no va a rebajar “ni un milímetro la intensidad ni la presión en el nivel de exigencia sobre el Valencia CF”.

El dirigente ultra consideró que Catalá habló de discreción “porque les da vergüenza que se sepa que tienen esas reuniones, porque es de vergüenza tener reuniones con alguien que no te ha devuelto un préstamo y estás pensando en darle otro, cuando la señora Catalá habla de reuniones discretas es porque le da vergüenza, porque sabe que el señor Lim es un incumplidor”.

Esta oposición frontal acompañada de la advertencia de que “13 es un mal número” se produce además en plena elaboración de los presupuestos municipales, que incluirán una de las medidas estrella de Catalá, la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 71 millones de euros. Para sacar adelante las cuentas y la rebaja fiscal la alcaldesa necesitará del apoyo de Vox, puesto que tanto Compromís como PSPV se han mostrado reacios en los últimos años a aplicar una rebaja impositiva que consideran que beneficia más al que más poder adquisitivo tiene y que supondrá una merma de los servicios públicos.

En este sentido, Badenas tiró balones fuera cuando se le preguntó si la entrada de Vox en el Gobierno municipal es una condición indispensable para apoyar los presupuestos o cualquier otro proyecto municipal: “El interés de Vox es el interés de los valencianos, por lo tanto analizaremos caso por caso”.

A finales del pasado mes de julio, Catalá logró el apoyo del partido de extrema derecha para poner en marcha la actividad del Ayuntamiento de València en el pleno de organización que se celebró el 28 de julio, en el que necesitó sus votos para aprobar diversas cuestiones, como la constitución de las diferentes comisiones municipales o los sueldos de los concejales.

En aquel momento, Catalá reconoció a Vox como “socio preferente” y además de conceder a sus cuatro concejales el sueldo máximo al otorgarles el régimen de dedicación exclusiva, asumió diversas cuestiones demanddaas por los ultras, como el cambio de nombre de diferentes concejalías. Así, por ejemplo, se creó un área de Familia y otra de Mejora Climática, y desaparecieron la concejalía de Emergencia Climática que llevaba Alejandro Ramón de Compromís, la de Cooperación Internacional y Migraciones que dirigía la socialista Mayte Ibáñez, o la de Políticas de Género y LGTBI que llevaba la concejala de Compromís Lucía Beamud.

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