Hay que invertir el orden: investidura/amnistía

En el momento en que se produzca la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se reducirá de manera notable el margen de maniobra de las derechas en el ámbito parlamentario, en el judicial y en el estado profundo. Todas las operaciones que se están poniendo en marcha no tienen otra finalidad que la de obstaculizar el proceso de investidura. En cuanto el Gobierno deje de estar en funciones, se pondrá fin a las mismas, porque ya no pueden surtir ningún efecto. El auto del magistrado García Castellón no se habría dictado siquiera con Sánchez investido presidente del Gobierno. Jurídicamente no tiene recorrido alguno. Políticamente sí lo tiene, en la medida en que intenta retrasar la investidura y dar margen a la agitación en la calle. Y a que los miembros del Consejo General del Poder Judicial puedan seguir haciendo monstruosidades jurídicas como la de este pasado lunes. Y a intentar reventar en la calle la investidura. 

La incógnita de la investidura hay que despejarla ya. En cuanto esté despejada, lo estará también la de la amnistía. Con lo que hemos visto y seguimos viendo estos días, no tiene sentido mantener la desconfianza entre los partidos que tienen que aprobar la ley de amnistía. Con la investidura no se podrá detener de ninguna manera el ejercicio de la “potestad legislativa” (art. 66. 2 de la Constitución) por parte de las Cortes Generales. Y como dicha potestad está reglada en la Constitución y en los Reglamentos Parlamentarios, nadie podrá actuar nada más que dentro del marco establecido por dichas normas. Una vez aprobada la ley, únicamente el Tribunal Constitucional podrá pronunciarse sobre su constitucionalidad. 

La investidura debe preceder a la ley de amnistía. Dado que las derechas no disponen de escaños suficientes para aprobar una moción de censura, se verían obligadas a actuar dentro del marco previsto en la Constitución. Y en dicho marco la mayoría parlamentaria y su Gobierno tendrían a su disposición las facultades que la Constitución les reconoce para la “dirección política” del país. Esto es lo que les preocupa a las derechas españolas. 

Por eso están actuando de la forma en que lo están haciendo. Y cuanto más tiempo se les deje, más estratagemas se inventarán para paralizar el proceso de investidura. Porque la investidura es el único obstáculo insuperable para ellas. Mientras no se haya producido la investidura, no dejarán de inventarse escándalos con los que entorpecer la gobernabilidad y retrasar el inicio del Gobierno de la mayoría parlamentaria elegida el 23 de julio.

Tras lo que estamos viendo estos días, queda claro que no se puede seguir otra vía que la que anticipó Aitor Esteban de que en esta legislatura todas las fuerzas políticas que pueden configurar la mayoría parlamentaria de investidura tienen que estar juntas todo el tiempo, es decir, que además de mayoría de investidura tienen que ser mayoría de Gobierno. Porque de lo contrario, ya sabemos lo que nos espera.  

Nadie puede llamarse a engaño. Porque aquí sí que nos estamos jugando la democracia y el Estado de Derecho.