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El parlamento asturiano apoya la consulta popular para cambiar decisiones políticas y derogar leyes

La Junta General de Asturias propone la reforma de tres artículos de la Constitución

La Junta General del Principado de Asturias se convierte en el primer parlamento autonómico en aprobar la reforma de tres artículos de la Constitución para favorecer la participación ciudadana en decisiones políticas que afecten a las sociedad y para derogar leyes en vigor, cuyos resultados serán vinculantes.

La iniciativa de Izquierda Unida sale adelante con el respaldo del PSOE y el voto de UPyD, clave frente a la oposición de Foro y PP, que advierten de las “graves consecuencias” de esta iniciativa, al suponer un cambio del actual modelo democrático de España.

La proposición, que se debatirá en el Congreso de los Diputados, plantea la reforma de tres artículos de la Constitución (87, 92 y 134) y una nueva regulación que permitirá ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta, tanto a través de la Iniciativa Legislativa Popular como de un referéndum, a partir de medio millón de firmas.

De salir adelante la propuesta en el parlamento español, los ciudadanos decidirán sobre cuestiones, hasta ahora vedadas, como la educación, el derecho a la huelga, el Código Penal, la Ley Electoral o la legislación sobre partidos políticos. Queda fuera de la consulta todo lo relacionado con la legislación en materia tributaria, los presupuestos generales, las leyes de carácter internacional y la normativa relativa a la prerrogativa de gracia.

Para el artículo 92, Asturias propone que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados o a iniciativa de quinientos mil electores”.

Asimismo, se someterá a referéndum “la derogación de leyes en vigor, cuando lo soliciten ante la Mesa del Congreso quinientos mil electores”. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la misma fecha que las elecciones generales siempre que coincidan en el mismo año y su resultado será vinculante. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento del plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución.

La reforma del artículo 87 propone una ley orgánica que regule “las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley”.

La propuesta entró en el parlamento asturiano de la mano de IU a petición de la plataforma 'Democracia Directa', uno de los colectivos del 15M, y con el respaldo de 7.500 firmas.

El portavoz de la coalición de izquierdas, Aurelio Martín, ha defendido que “todos las fuerzas políticas tienen la obligación de cambiar la desafección por confianza con medidas como ésta”. El respaldo de los socialistas y del diputado de UPyD fue esencial para su aprobación.

El PSOE justifica el apoyo a la necesidad de poner en marcha iniciativas que frenen los intentos de recentralización del Gobierno de Mariano Rajoy o de secesión de comunidades como Cataluña. Para los socialistas, los que se pretende desde Asturias es abrir un debate sobre una reforma constitucional más amplia.

El diputado de UPyD destaca su carácter pionero, porque mejora la participación ciudadana en las cuestiones políticas, mientras que la bancada conservadora del parlamento asturiano opta por mantenerse en una oposición alarmista.

Según el PP, traerá “graves consecuencias” si la propuesta sale adelante en el Congreso de los Diputados; consecuencias que, a juicio de Foro, suponen el cambio del actual modelo democrático de España: “Es malo hacer una reforma que se crea que la panacea es la democracia directa”, aseguran.

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