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El Principado reclama a Pastor el informe OLAF para responder a las acusaciones de irregularidades en el Puerto de Gijón
Asturias —
Una semana después de que saltara a la opinión pública la exigencia de la UE a España de devolver 198 millones de euros de la obra de ampliación del Puerto de Gijón (El Musel), el Gobierno del Principado desconoce el contenido de un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre la investigación del proyecto cofinanciado con fondos de cohesión para la ampliación del principal puerto asturiano.
Según dicho informe, que ha sido remitido a la oficina del fiscal general del Estado para que estudie las acciones judiciales pertinentes y a los ministerios de Hacienda y Fomento, se han detectado supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra, licitada en 499,35 millones de euros y por la que se pagaron 710 millones de euros.
El pasado lunes saltaron todas las alarmas al conocer la existencia de dicho informe y el escrito de la Comisión Europa al Ministerio de Hacienda en el que plantea la devolución de los 198 millones de euros. El Gobierno del Principado optó por guardar silencio a la espera de conocerlo en la reunión del día siguiente entre los responsables de Puertos del Estado y la Autoridad Portuario. Sin embargo, el documento vaga por los despachos de diferentes departamentos del ejecutivo central sin que Asturias tenga acceso a él.
El miércoles, la consejera de Fomento, Belén Fernández, habla por teléfono con la ministra Ana Pastor y le traslada el “interés legítimo del Gobierno de Asturias en disponer de ese informe”. El contacto telefónico no obtiene resultados, ya que una semana después el ejecutivo autonómico sigue a la espera. “Se nos está vetando la capacidad de valoración o reacción sobre el informe”, dice la titular del Principado.
Tras el silencio ministerial, Belén Fernández ha enviado una carta a Ana Pastor en la que reclama de forma oficial el informe, que entiende “es imprescindible para practicar la voz fundada y no el verbo ligero”. La consejera está molesta porque el Gobierno asturiano no puede responder a la escalada de “opiniones públicas de hondo calado” a raíz de un texto que la administración autonómica desconoce, “sembrando dudas generalizadas sobre quienes, de manera directa o indirecta, contribuyeron a la ampliación del puerto de Gijón”.
En el escrito, la consejera recalca “el compromiso pleno del Gobierno asturiano con la transparencia y la defensa de la legalidad” y recuerda que “ese deber de transparencia con los ciudadanos se compadece mal con esta especie de ocultismo que parece haberse instalado en este proceso, que el Principado de Asturias ni alimenta ni comparte”.
La investigación de la OLAF se trazó sobre la adjudicación que se hizo el 4 de enero de 2005, la mayor obra, por presupuesto, que se había adjudicado de una sola vez en España. El entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, siempre defendió que la contratación y la adjudicación cumplieron escrupulosamente la legislación española y que las investigaciones de la UE se deben a las discrepancias entre la normativa estatal y la comunitaria.
La polémica sobre El Musel viene de bastante atrás, del año 2007, cuando la Comisión Europea abre un procedimiento de revisión a raíz de que la Autoridad Portuaria solicitara más fondos para sufragar los sobrecostes. A la revisión comunitaria se suma a la denuncia formulada por los Verdes de Asturias, en ese momento socio de IU en el Gobierno del Principado, que pide a Europa que no sufrague el incremento de la obra y reconsidere el proyecto.
Un año después, en 2008, el colectivo ‘Andecha Asturias’ logra colar a través de un eurodiputado una denuncia ante la OLAF, que inicia una investigación con la obra prácticamente concluida. En su informe, que desconoce el ejecutivo autonómico y que ha saltado a los medios de comunicación, considera que “existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea”.
Se sabe que el Ministerio de Fomento ha recurrido a la Abogacía General del Estado para que estudie la fórmula para depurar posibles responsabilidades y recuperar el patrimonio público. Y todo esto se dice y se hace a espaldas del Gobierno del Principado.
