Lauri Love/LuxLeaks: dos condenas y un aplazamiento
La vista para decidir si procede atender o no las peticiones de extradición a Estados Unidos del presunto hacker británico Lauri Love concluyeron ayer en el Tribunal de los Magistrados de Westminster. La lectura de la resolución judicial se aplazó hasta el próximo 20 de julio.
Organizada en dos sesiones, la vista de anteayer estuvo dedicada sobre todo a expertos del campo de la psicología y la psiquiatría para ahondar en los aspectos clínicos que entraban en juego en caso de que se produjera finalmente la extradición de Love al país norteamericano.
Miembros de la Courage Foundation, organización dedicada a la defensa de los derechos y libertades en Internet, entraron a presenciar las sesiones, contando casi minuto a minuto lo que sucedía en ambas. En concreto recogieron entre otros el testimonio del catedrático emérito de neuropsiquiatría en el King’s College de Londres y psiquiatra forense, Michael Kopelman, tuiteando: “Mi diagnóstico en este caso es síndrome de Asperger y desorden depresivo recurrente”.
Hablan los expertos: diferencias entre políticas penitenciarias
Tras un breve debate sobre el orden de comparecencia de los testigos, la acusación tomó la palabra para afirmar que los investigadores del caso “tenían una fuente del FBI en el chat desde donde Lauri Love conducía supuestamente los ataques”. Antes de comparecer los especialistas, el padre de Lauri Love explicó de manera concisa y directa el peligro al que podría enfrentarse su hijo si al final lo extraditaban a Estados Unidos. Según la BBC, Alexander Love “contó al tribunal que vio cómo algunas personas a las que asistió terminaron suicidándose como la única solución a un futuro que no conseguían vislumbrar”. Love tiene más de treinta y seis años de experiencia como capellán de prisiones.
Un escrito elaborado por la Corage Foundation al que ha tenido acceso eldiario.es recoge unas declaraciones de Carol Povey, directora del Centro para el Autismo en la Sociedad Nacional Autista en las que sostiene que “la Sociedad Nacional Autista cree firmemente que la extradición podría ser inapropiada y dañina para cualquiera que, como el señor Love, tenga síndrome de Asperger, una forma de autismo”. Y continúa:
Desde nuestro punto de vista en lo que se refiere a las probables condiciones de detención en Estados Unidos en este caso, creemos que habría una falta de apoyo y que prácticas como el régimen de aislamiento causarían ansiedad y angustia en una persona autista. La Sociedad Nacional Autista trabaja para asegurarse de que la gente que se encuentra dentro de un rango de autismo esté protegida de cualquier daño improcedente dentro del sistema de la justicia penal en Reino Unido, y aunque todavía queda mucho por hacer, el sistema británico se ha mostrado dispuesto a hacerse cargo”, sostuvo Povey en defensa de su labor para especificar que: “De hecho, en 24 prisiones de Inglaterra ya están trabajando con nosotros para hacer unos ajustes razonables para proporcionar el acceso a los servicios de apoyo.
Love: “Internet en sus primeros años era un sueño utópico”
La segunda sesión del juicio estuvo reservada nuevamente a los testigos de la defensa, con extensos interrogatorios de la acusación por la tarde. Hablaron personalidades del “activismo digital” y del mundo hacker: Jeniffer Arcuri de My Hacker House dijo que “My Hacker House tiene como objetivo desarrollar las habilidades informáticas como un bien social”, y alabó el trabajo desarrollado por Laurie para esta institución. Naomi Colvin, portavoz de la Courage Foundation, alabó también las intenciones de Love.
Después llegó el testigo más esperado. Lauri Love ocupó su sitio en el estrado para arrancar con un comentario irónico que fue encendió a sus seguidores en Twitter: “Hay mucha más verdad de la que da tiempo a escuchar hoy” dijo antes de prestar juramento. Describió el estado de depresión al que se refirieron los especialistas clínicos consultados en la sesión previa en los siguientes términos: “Sientes que te hundes, pero a veces te encuentras en la superficie y puedes nadar y chapotear”. Recordó por otra parte que “Internet en sus primeros años era un sueño utópico…. Podían hablar los unos con los otros tomando únicamente como base las ideas de cada uno”.
La indignación cundió entre los miembros de la Courage Foundation que retransmitían la sesión mediante sus dispositivos móviles cuando aseguraron que la acusación preguntó a Lauri si sus “desventajas manejables” –refiriéndose al parecer a la condición clínica descrita por los expertos y por él mismo ante la juez– no eran “un escudo ante el tribunal”.
Hacia el final, un miembro de la Courage Foundation hizo la siguiente valoración de conjunto: “La vista sobre la extradición ha estado más centrada en la defensa de la acusación que en la defensa del denunciado” y destacó el hecho de que esa misma acusación “no tuviera ningún testigo y la defensa, quince”.
El caso de Gary McKinnon
El 25 de octubre de 2013, Lauri Love fue detenido en la casa de sus padres, en Stradishall, una pequeña localidad situada al Este de Inglaterra. Como contó ya eldiario.es el pasado 11 de mayo, la policía requisó varios equipos informáticos y discos duros de su domicilio. Todos estaban cifrados. La NCA británica, equivalente al FBI estadounidense, exigió que descifrara los contenidos, cosa a la que el acusado se negó. Este organismo de seguridad acudió entonces a los tribunales para obligar a Love a entregar sus claves.
Finalmente, los argumentos de la NCA no persuadieron a la juez que instruía este caso, Nina Tempia, según ella misma manifestó en su momento, así que Love no se vio obligado finalmente a descifrar el contenido de los dispositivos que le fueron requisados.
Ahora, a finales de junio, Love se enfrentaba a tres órdenes de extradición dictadas por separado desde varias jurisdicciones de Estados Unidos, lo que a juicio de la Courage Foundation “incrementa los riesgos de obtener una sentencia contra él que iría mucho más allá de la que pudiera dictar cualquier otro tribunal británico”, hasta el punto, según esta organización de apoyo, “de que su equipo legal calcula una condena máxima de 99 años”.
Gary McKinnon, también diagnosticado con síndrome de Asperger igual que Lauri Love, fue acusado de hackear ordenadores militares de Estados Unidos en 2002. Durante ocho años pesó sobre él una orden de extradición, emitida por Estados Unidos en 2004. Finalmente, el 16 de octubre de 2012, la secretaria de Interior Theresa May bloqueó la extradición de McKinnon alegando razones relacionadas con los derechos humanos.
El 6 de febrero de 2013 The Guardian informaba de la intención de May de promover cambios en las leyes de extradición mediante propuestas de reforma del proyecto de ley en materia penal y de tribunales. El objetivo, según cuenta el diario británico, era “transferir a los altos tribunales los poderes que como secretaria de Interior le correspondían para impedir que alguien sea enviado a comparecer en un tribunal extranjero cuando se alegan razones humanitarias”.
Fruto de este proceso, fue la llamada forum bar que entró en vigor en octubre de ese mismo año, constituyendo la sección 83A de la Ley de Extradición de 2003, que quedaba enmendada. A grandes rasgos establece en su apartado primero que la extradición de una persona depende, en buena medida, “de los intereses de la Justicia”, y que dichos intereses serán sometidos al criterio de un juez que puede considerar que la extradición no es oportuna, entre otros casos, “si la actividad” por la que se juzga a una determinada persona “se desarrolló principalmente en Reino Unido”.
Para la portavoz de la Courage Foundation, Naomi Colvin, no hay ninguna duda respecto al paralelismo que guardan ambos casos, y el espaldarazo que esta ley reformada puede suponer para Love, como se desprende de sus declaraciones a eldiario.es: “El caso de extradición de Lauri es el primer gran examen de los cambios en la ley que se produjeron a raíz del caso de extradición de Gary McKinnon, que fue muy controvertido en Reino Unido. La forum bar está pensada para prevenir que vuelva a darse una situación como la de McKinnon y si hay un caso en el que [la forum bar] podría aplicarse, es el de Laurie”.
El cambio legislativo: tarde e insuficiente para Detour
Como publicó ayer eldiario.es ayer, todos los filtradores del escándalo LuxLeaks recibieron condenas salvo el periodista Édouard Perrin, para quien se pedía una multa por haber difundido el contenido de los documentos en su programa de la televisión pública francesa. Perrin resultó absuelto, mientras que Antoine Deltour y Raphaël Halet recibieron condenas de doce y nueve años respectivamente, además de multas de 1.500 y 1.000 euros. En principio, se trata de una sentencia suspendida por lo que los filtradores no irán a la cárcel.
El comité de apoyo a Antoine Deltour difundió inmediatamente después de leerse la sentencia un comunicado donde afirmaban sentirse “enfadados” con una sentencia que tildaron de “incomprensible” por “ignorar el interés público” que, a su entender, dirigió la acción de filtrar los documentos llevada a cabo por Deltour.
Por su parte el propio condenado dirigió unas palabras de gratitud recogidas por su comité de apoyo advirtiendo de que, según su punto de vista, “condenar a los ciudadanos que son el origen de la filtración de LuxLeaks equivale a condenar los avances en materia de regulación [fiscal] que se habían fijado como objetivo”.
Según publicó Libération a finales del pasado mes de mayo, al final de los debates para la aprobación de la Directiva Europea sobre el Secreto Comercial se optó por introducir una coletilla que exonerara del deber de guardar secreto a los filtradores de información que actuaran en pro del interés general.
La agencia Europe, según este diario francés, informó de la intención del Parlamento europeo de Estrasburgo de introducir esta exoneración en caso de “malas prácticas” empresariales, y en el caso de la sede de Bruselas de aplicar este eximente en caso de “comportamiento inapropiado”. A la hora de unificar criterios, según esta misma agencia, se optó por “acto reprobable”.
La nueva redacción de esta directiva europea no habría servido por tanto para librar a Deltour de la condena, ya que al fin y al cabo, como señalaba precisamente Libération en otro artículo, “los acuerdos fiscales de las multinacionales radicadas en Luxemburgo eran perfectamente legales”.
No obstante, el comité de apoyo a Antoine Deltour, vio algo positivo tanto en esta directiva como en el proyecto de ley que se discutió en la Asamblea Nacional en Francia a principios de este mes de junio para abordar esta problemática, y que ha sido conocido con el apellido de su impulsor, el ministro de Finanzas Michel Sapin.
El portavoz de dicho comité señaló en declaraciones a eldiario.es previas a la lectura de la sentencia que “es un buen punto de partida y hay ideas interesantes. Por primera vez hay una definición trasversal y un esquema básico para proteger a los filtradores”, si bien matiza que ellos, al igual que otras ONG, han denunciado que la definición era demasiado “restrictiva” y que Antoine “no encajaría” dentro de la misma.
