La SGAE pone en busca y captura los derechos de los autores depurados tras la Guerra Civil

“Se pone en conocimiento de todos los músicos que residan en Madrid y pertenecientes a los sectores de maestros, directores, pianistas y profesores de orquesta la obligación ineludible en que se encuentran de formalizar la oportuna declaración jurada de depuración, requisito indispensable para ejercer su actividad profesional”. La nota fue publicada en un periódico poco después de la Guerra Civil española. Era un aviso a todos aquellos artistas que, con la llegada del régimen franquista, querían seguir cobrando por sus derechos: tenían que pasar por la llamada comisión depuradora. 

El tribunal que se encomendaba la depuración de autores era también el de los periodistas o de los intelectuales: su nombre era el tribunal especial de prensa, cuyo máximo representante era Manuel Martínez Gargallo. Pasó de humorista a juez instructor de este organismo y fue responsable de juzgar, entre otros, al poeta Miguel Hernández. 

Por eso, para aclarar lo que sucedió a los autores españoles y a la SGAE entre 1931 y 1945, la entidad ha puesto en marcha una investigación tomando como punto de partida los 8 tomos de actas que quedan de este periodo. El problema, como añade el presidente de la entidad, Antonio Onetti, es que muchas de estos documentos han sido incautados y otros han podido ser destruidos, lo que dificulta aún más rellenar esos vacíos históricos. 

“Muchos de los autores que aparecen como depurados en las actas, que dependen de ese tribunal de prensa, son desconocidos para la mayoría de nosotros y es complicado seguirles el rastro. Algunos carecen de herederos y sus repertorios y obras no tienen gran relevancia. Aunque hay casos excepcionales como el del compositor Pablo Sorozábal, que dejó escrita sus memorias”, señala el encargado de la SGAE en una rueda de prensa.

Al igual que ocurrió con España, la entidad encargada de velar por los derechos también quedó dividida entre el bando sublevado y el republicano. De hecho, en plena Guerra Civil incluso llegaron a coincidir dos SGAE con toda la confusión que de ello se derivada. “En A Coruña se articula una SGAE paralela [por el bando franquista] a pesar de que la legítima era la que estaba en Madrid. Cada una recaudaba en su zona geográfica, por lo que estaban limitados a la hora de repartir y recibir el dinero de los derechos”, señala Onetti. 

Con la llegada del franquismo las autoridades que incorporaban esa SGAE segundaria se incorporan a la sede central, creando a su vez unos estatutos que acaban con el estilo de federación que anteriormente caracterizaba a la entidad. Es entonces cuando la Falange se encargó de la depuración para, entre otras cosas, eliminar aquello que fuera contrario a la dictadura. De momento, según afirma el presidente de la sociedad, han encontrado “más de 40 o 50” autores depurados. 

Las represalias para estos creadores eran variadas y dependían de cada caso particular. El tribunal podía decidir congelar las cuentas del autor, para que no recibiera ningún pago a partir de ese momento, o acabar condenándolo a la cárcel tras pasar por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Otros en cambio, como fue el caso del ya mencionado Pablo Sorozábal, quedaban inhabilitados para tener cargos dentro de la entidad. “Estos castigos se levantan luego, lo que no sabemos es exactamente cuándo. Tampoco sabemos si ese dinero se reintegró o no”, apunta el presidente. 

Por el momento esta investigación está en una fase muy temprana y, a pesar de que ya se han identificado algunos autores depurados, Onetti apunta que no puede dar los nombres de estos por razones legales. “Aunque la Ley de Protección de Datos se extingue con la muerte, el derecho al honor no. Entonces, para cualquier comunicación de un autor represaliado o acusado de haber delatado a otro es necesario preguntar antes a la familia, ya que tienen el derecho de preservarlo”, sostiene.

Por el momento están intentando recopilar toda la documentación disponible en la entidad y, una vez acaben con las posibilidades internas, la intención es acudir a otras instituciones externas de archivos o memoria histórica para continuar el proceso. Además, hay una vía de investigación fundamental: los descendientes. “Hemos descubierto que quienes suelen tener esa documentación son los herederos de los autores que fueron depurados. Nos gustaría es que aquellos familiares de creadores que fueron represaliados y que tengan documentación la compartan,  porque de alguna manera todo debe conducir a aclarar ese capítulo que forma parte de la historia de la cultura de este país”, culmina Onetti sobre un trabajo de la restauración de una memoria olvidada que, según parece, solo acaba de comenzar.