La Comunidad Valenciana es, con Cataluña y el País Vasco, la que más aumenta las sanciones a los apartamentos turísticos ilegales
La Generalitat Valenciana endurecerá las sanciones para los apartamentos turísticos ilegales en la nueva ley de Turismo. El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el director de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, han presentado este lunes el anteproyecto de ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana en un acto en el Palau de la Generalitat repleto de empresarios y representantes hoteleros.
Ambos dirigentes han insistido en que la ley busca un turismo sostenible, que respete el paisaje y la diversidad como garantía de cohesión territorial, así como luchar contra el intrusismo, la falsa economía colaborativa y el engaño al consumidor. Asímismo, la ley se adapta al código ético del turismo impulsado por la ONU y considera la ética “un factor de innovación social, lejos del márketing”.
Para perseguir la economía sumergida y la competencia desleal, ello, la ley ha endurecido las máxima sanción para infracciones leves, que aumenta de 30.000 a 60.000 euros, y prevé las máximas multas para las empresas que operen sin licencias e incurran en competencia desleal como -Airbnb, Homeaway o Rentalia-, de hasta 600.000 euros en función de los agravantes. “La competencia desleal no es el camino, el camino es participar, dentro de la reglamentación y sin hacer competencia desleal. Se puede legalizar todo tipo de apartamentos y de segmentos turísticos, siempre que sea desde la legalidad y desde la calidad”, ha señalado el president.
La valenciana se convierte así en la tercera autonomía en endurecer las sanciones mínimas y máximas, aunque de forma modulada. Como explican fuentes de la Generalitat, las grandes empresas que se lucran sorteando la legislación no se considerarán en la misma medida que quién alquile su piso 5 días al año.
Según ha explicado el president, la Agencia Valenciana de Turismo se sustiturá por un comité estratégico, un órgano directivo cogestionado al 50% por entidades públicas y privadas, para que “todos los sectores se sientan escuchados y participen en la toma de decisiones”.
La norma incluye “9 compromisos para un turismo 10”, según Colomer, que son: sostenibilidad y paisaje, hospitalidad, ética y responsabilidad social, vertebración del territorio, competitividad, cooperación entre empresas, calidad y diversificación, capital humano y conocimiento, transparencia y participación de los agentes.
El Ejecutivo también pretende aumentar la plantilla de inspectores, que actualmente son solo 10 para toda la comunidad, la mayoría ubicados en Alicante, aunque colabora con la Policía Nacional adscrita a la Generalitat y con los ayuntamientos.
