La Generalitat despide a los 36 trabajadores de La Luz de las Imágenes
La Luz de las Imágenes, la fundación impulsada por la Generalitat en colaboración con la jerarquía eclesiástica y dedicada, básicamente, a la restauración de arte religioso, tiene los días contados: el 10 de diciembre sus 36 trabajadores serán despedidos mediante un ERE.
El comité de empresa ha aceptado una indemnización de 20 días por años de trabajo más una compensación –unos 15.000 euros por persona, dependiendo de la antigüedad y la categoría- para cada trabajador. El cierre de la empresa fue decidido por el patronato de la Fundación, formado por la Generalitat, las tres diputaciones valencianas, varios ayuntamientos, el Arzobispado de Valencia y tres obispados.
El gobierno valenciano había anunciado que no pondría ni un duro más y el resto de patronos o no quieren o no pueden aportar dinero. La búsqueda de patrocinios privados ha sido en balde. La decisión del cierre se tomó con el único voto en contra de Alberto Ibáñez, representante del Ayuntamiento de Vila-real, donde es concejal de Compromís.
La Luz de las Imágenes está dirigida por Carmen Díez Quintero, imputada por contratar con empresas de la trama Gürtel. Quintero fue ratificada en su cargo en junio de 2013 en clara violación de la teórica línea roja contra la corrupción del presidente de la Generalitat. Aunque la conselleria de Cultura pidió, tímidamente, su despido, fue apoyada entonces por la mayoría del patronato.
Quintero ha dirigido una entidad financiada básicamente con fondos públicos con todos sus empleados contratados a dedo, sin concurso ni oposición. Tiene 36 trabajadores, 14 de ellos con el rango de jefes. La Fundación dice haber restaurado más de 2.600 pinturas, esculturas, muebles u otras piezas valencianas de interés histórico-artístico.
Desde 1999, la Generalitat ha invertido más de 90 millones de euros en La Luz de las Imágenes, que ha llegado a acumular déficits de más de 11. Sólo este año, ha presupuestado 2.4 millones, pero la Fundación, con la Generalitat camino de la bancarrota, es prescindible en opinión del gobierno de Alberto Fabra, que ya ha despedido a más de 3.000 trabajadores en la reestructuración del sector público valenciano. Otros 36 se van a la calle en días.
