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Los empresarios de Alicante piden a Fomento mantener 40 años más de peaje en la AP-7 después de anunciar su liberalización

La autopista de peaje AP-7 a la altura de Sant Vicent del Raspeig, Alicante

Toni Cuquerella

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La Cámara de Alicante ha anunciado que pedirá al ministerio de Fomento que, pese a que ha manifestado que a partir del 1 de enero se liberalizará la AP-7 entre Tarragona y Alicante, que no se cierren las puertas a algún tipo de peaje. La petición, anunciada durante la constitución de la Mesa Cameral de la AP-7, se refiere concretamente a que se mantenga “alguna fórmula de peaje blando” y que se haga a través de una concesión “a 40 años” a cambio de que se acometan diferentes infraestructuras en Alicante.

Los empresarios han reconocido divergencias entre los representantes de los transportes de mercancías y viajeros y sector turístico. El presidente de la Cámara, Juan Riera, ha señalado que este “no es un asunto sencillo de resolver, ya que hay posturas muy encontradas entre diferentes sectores empresariales”. “No todos pensamos lo mismo, pero sería bueno que pudiéramos hacer un frente común con una postura consensuada”, indicó el presidente de la Cámara.

La propuesta contiene matices para los usuarios de la autopista. Así, junto con el mantenimiento del peaje, se pide que se establezcan bonificaciones para residentes y transportistas, y que la empresa concesionaria se comprometa a invertir 2.000 millones (cifra que calculan es lo que costó construir la AP-7) en infraestructuras para las comarcas alicantinas, apuntando así al Tren de la Costa o los accesos a la autopista desde Calp y Altea.

En conclusión apuntan que la conclusión ha sido pedir a Fomento “que no se cierren las puertas definitivamente a opciones que podrían ser muy beneficiosas para el conjunto de la economía de la provincia de Alicante y la economía nacional”.

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