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Los exalcaldes de Alicante Castedo y Alperi, al banquillo por favorecer al constructor Enrique Ortiz en el PGOU

El juez del caso Brugal lleva a juicio a Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y al constructor después de 7 años de instrucción y una ida y vuelta al TSJCV

Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencia y revelación de información privilegiada

Enrique Ortiz y Sonia Castedo.

Enrique Ortiz y Sonia Castedo.

Pese a librarse recientemente del caso Rabasa, en el que se acusaba a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) de arreglar el Plan General Urbanístico (PGOU) de la ciudad para que Ikea se asentara en terrenos del constructor Enrique Ortiz, la justicia vuelve a reclamar a Castedo que se siente en el banquillo. Será otra vez a razón del PGOU, otra vez por favorecer a Ortiz y también acompañada por su antecesor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi.

Según adelanta el diario El Mundo, el juez instructor del caso Brugal, Manrique Tejada, apunta que tanto Castedo como Díaz Alperi y Ortiz habrían utilizado el PGOU de Alicante para enriquecer al constructor, empresario que a cambio financiaba al PP, según confesó, y daba regalos a los políticos benefactores, reconocidos por ellos mismos.

Las acusaciones son por cohecho, tráfico de influencia y por revelación de información privilegiada de cuando Díaz Alperi y Castedo eran alcaldes (y cuando la segunda fue edil de urbanismo del primero), por haber favorecido a Ortiz.

Un caso de ida y vuelta

El caso Brugal empezó a instruirse en 2010 en el Juzgado n.5 de Alicante, pero después de que Tejada informara de que detectaba indicios de delito en el papel de Castedo y Díaz Alperi, fue el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) el que asumió el caso en septiembre 2012 por la condición de aforados de ambos al ser diputados del PP en las Corts.

Desde entonces el nuevo magistrado encargado fue Juan Climent que siguió las tesis del juez instructor de Alicante y acabó imputado a los ex alcaldes de la ciudad. Pero en abril de 2014 Díaz Alperi renunció a su acta de diputado autonómico -argumentando problemas de salud-, gesto que repitió Castedo semanas después. Consecuencia: los tiempos del juicio se dilataban porque el caso tenía que volver a Alicante.

Ahora, casi siete años después del inicio de la instrucción del caso -y casi tres desde que volviera a Alicante- el magistrado llama a los principales encausados que deberán responder de sus prácticas urbanísticas en el consistorio.

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