Residencias de mayores, un cambio de modelo de vida o muerte

La pandemia se ha cebado con las residencias de mayores. Las personas de más edad forman uno de los colectivos de riesgo principales en el contagio del coronavirus SARS-CoV-2, que está causando estragos en todo el mundo, con especial incidencia, entre otros países, en España, cuya población ha tenido hasta ahora, con cerca de 86 años para las mujeres y 80,5 para los hombres, la esperanza de vida más alta de Europa y una de las más altas del planeta. Tan elevada que un estudio de la Universidad de Washington vaticinaba hace solo unos meses que en 2040 la población española superaría a la japonesa como la más longeva.

Durante esta emergencia sanitaria, en los hospitales están muriendo en gran número las personas mayores, pero en las residencias se ha situado uno de los escenarios centrales de la desgracia. Solamente en Madrid, cuando escribo estas líneas, se cuentan en más de 5.000 los fallecidos con coronavirus o con síntomas compatibles en centros de mayores desde que comenzó la epidemia. Y las cifras de muertos, en proporción al total, son altas en todas partes, aunque no se haya llegado a la virulencia que el fenómeno ha alcanzado en esa comunidad.

Las estadísticas señalan que en las últimas décadas habían bajado los porcentajes de mortalidad debida al cáncer, la diabetes, los problemas cerebrovasculares o la obstrucción pulmonar crónica, mientras subían los del Alzheimer, la neumonía y la gripe. La COVID-19 ha venido a desbaratar esas estadísticas y, también, a poner dramáticamente en evidencia los problemas del modelo de residencias para la tercera edad, con un primer elemento a replantear: la institucionalización, es decir, el ingreso permanente de mayores pluripatológicos en grandes instalaciones junto a otras decenas o cientos de personas en parecidas circunstancias.

Otro asunto directamente relacionado con el primero es si ese tipo de centros han de ser gestionados por empresas con ánimo de lucro o deben formar parte de un sistema público de servicios sociales estructurado como el de salud, que, dicho sea de paso, ha mostrado su enorme relevancia en esta crisis.

Las patronales del sector de las residencias, cuando todavía no se ha superado la emergencia, empiezan a reaccionar ante lo que inevitablemente se pondrá sobre la mesa. El presidente de Aerte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, José María Toro, declaraba en Radio Valencia, de la cadena SER, hace unos días: “Me preocupa que ahora se plantee que los centros deban tener más carga sanitaria o que tengan oxígeno. Lo que planteaba la consellera hace un año eran centros más pequeños, como un mayor nivel de atención social y no sanitaria. Siempre hemos defendido un modelo más social que sanitario y escuchar ahora que el modelo tiene que ser más sanitario me sorprende. Parece que hay un cambio de criterio”.

La consellera en cuestión es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y titular de la cartera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que lleva tiempo impulsando un nuevo modelo de servicios sociales y de gestión de la dependencia plasmado en una de las normas más ambiciosas del gobierno del Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos: la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Un texto legal que declara los servicios sociales “esenciales y de interés general” y que responde al propósito de transformar las prácticas “asistencialistas y caritativas” de épocas pasadas en “una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal”.

En efecto, la voluntad política de la izquierda valenciana va en un sentido muy diferente. Pero el de las residencias de mayores es un sector intensamente privatizado, no solo en la Comunidad Valenciana, herencia de políticas de la época de hegemonía de la derecha en la que se implantó el denominado 'modelo Cotino', que en paz descanse. Un modelo de privatización articulado alrededor de empresas en las que participaron muchos “amigos habituales”, como la propia familia del exconseller y ex director general de la Policía fallecido hace unos días, o el condenado por financiación ilegal del PP valenciano Enrique Ortiz, que esta misma semana confesaba, en su segundo pacto con la Fiscalía, haber manipulado el plan urbanístico de Alicante con dos alcaldes de ese partido.

Como resultado de esa herencia, en la actualidad, de las 334 residencias que existen en territorio valenciano, 32 son municipales y están concertadas con la Generalitat, 41 las gestionan entidades sin ánimo de lucro y también están concertadas, 88 corresponden a centros gestionados por empresas privadas que se sostienen con fondos públicos y 39 son de titularidad pública, aunque solo siete de ellas de gestión pública directa. El resto, un negocio privado que se concentra, por su rentabilidad, en las grandes ciudades. En conjunto, el Gobierno valenciano paga cerca de 12.000 de las más de 27.000 plazas de residencias existentes pero gestiona directamente un número muy menor de esas plazas.

La intención es modificar sustancialmente ese panorama y en el pulso de la Administración con la patronal del sector han surgido discrepancias que adquieren nuevo significado a la luz de la pandemia y sus efectos. Para empezar, la vicepresidenta Oltra se ha mostrado desde el principio partidaria de desinstitucionalizar en lo posible a las personas dependientes, reconocer y dar más importancia a las cuidadoras, apostar por la gestión pública y dar más juego al tercer sector, es decir, a las entidades sin ánimo de lucro.

Tan lejos como el pasado mes de febrero, antes de la emergencia sanitaria, el propio José María Toro se quejaba de que el departamento de Oltra pretendía convertir en residuales a las empresas privadas y centrarlo “todo” en el tercer sector y en lo público. Criticaba también que se fomentara al “cuidador no profesional”, que hace que muchas familias se hagan cargo de los familiares dependientes.

Son solo algunas de las discrepancias que marcan la distancia en las prioridades del modelo. En las mesas de trabajo de la administración valenciana con entidades y asociaciones, sindicatos y empresas, se concluyó la necesidad de centrar la atención del sistema en la persona, mejorar las ratios de ocupación y de trabajadores en los centros y dar prioridad a espacios con unidades de convivencia más pequeñas frente al formato de grandes residencias.

Y en ese proceso la patronal Aerte discrepaba, entre otras cosas, de las reversiones de los centros de gestión integral; de potenciar los conciertos con entidades del tercer sector, es decir, sin ánimo de lucro; de profesionalizar a las personas que han cuidado a dependientes en el entorno familiar (mayoritariamente mujeres); del incremento de prestaciones de la dependencia para ayudas a domicilio (que facilitan la libre elección de la persona por permanecer en su casa y favorecen la autonomía); de que en los pliegos de condiciones de los concursos se incluya el servicio de enfermería 24 horas en residencias (que genera costes inasumibles, en opinión de la patronal) o de que se exija habitaciones con conducción de oxígeno (que permiten instalar respiradores para cuidado paliativo o para estabilizar al paciente hasta el traslado a un centro hospitalario).

El hecho es que una tercera parte de los fallecimientos por la pandemia en la Comunidad Valenciana, que superan en conjunto el millar, se han producido en residencias de mayores (323 hasta el pasado viernes 17 de abril) y que hay en ellas cerca de 1.400 residentes y 390 trabajadores contagiados. Las empresas que los gestionan han reclamado la ayuda urgente de la Administración para proveer de material de protección a las personas que viven en sus centros y a los trabajadores porque no eran capaces de garantizarlo. En cerca de un centenar de residencias hay contagiados. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto bajo vigilancia permanente y ha medicalizado una treintena de esas residencias y la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al menos en ocho de ellas.

Convertido en un ámbito horroroso del ataque de la pandemia, el sector de las residencias de mayores no solo habrá de reforzar las medidas preventivas. Necesitará fuertes inversiones públicas y una transformación estructural de la gestión, ya que debe ser reformado a fondo. Se trata de un cambio de modelo de vida o muerte.