El Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación se reclaman mutuamente el pago de más de cuatro millones de euros por un plan parcial

El Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación se reclaman mutuamente cantidades millonarias por el Plan Parcial Villa de Prado, fruto de un convenio de cesión de terrenos por parte de la institución provincial que propició un nuevo barrio en Valladolid a principios de 2.000. El asunto está en los tribunales desde hace un año.

Para tratar de llegar a un entendimiento, el alcalde accidental y concejal de Urbanismo Manuel Saravia, se ha reunido este miércoles con el presidente de la Diputación, Conrado Íscar. Saravia ha recordado que el origen del problema es un asunto que viene de atrás, puesto que arranca en julio de 2000, cuando se firmó un convenio entre Diputación y Ayuntamiento, ambas entonces en manos del Partido Popular, para desarrollar el sector Villa de Prado.

En los primeros años se llevó a cabo la ejecución de la urbanización de esa zona sin conflicto. Pero las desavenencias ya estaban planteadas al concluir el último mandato del entonces alcalde Javier León de la Riva. Un conflicto heredado, tanto por la corporación municipal (en 2015) como por la nueva corporación provincial constituida hace dos meses.

Las diferencias que se plantean son por la valoración de las parcelas aportadas por la Diputación, en virtud del convenio. Hay discrepancias también en cuanto a las bases legales del sistema de cooperación y otras previsiones del convenio de 2000. Esas desavenencias, según Saravia, “implican un conjunto muy amplio de debates jurídicos y técnicos muy especializados”.

Así, la Diputación hace reproches al Ayuntamiento por la aprobación de una liquidación favorable al mismo en 4,7 millones de euros y la ha llevado a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo argumentando que es el Ayuntamiento quien debe a la Diputación 5,8 millones.

Según el concejal de Urbanismo, los argumentos de la institución provincial avalan, precisamente, la conveniencia de un pacto. Por contra, el portavoz de la Diputación, Agapito Hernández, dice que no se puede llegar a un acuerdo que contradiga los informes de sus técnicos, porque sería actuar en perjuicio de la Corporación provincial. Pero, de la misma forma tampoco se podría llegar a un acuerdo en contra de los informes técnicos municipales, sin embargo, Saravia a insistido en que “en eso consisten los acuerdos. En pensar que se tiene razón, pero se cede y se busca la conformidad con la otra parte”.

El procedimiento judicial, a pesar de que está listo para que probablemente en septiembre se dicte sentencia, no se declara “concluso”, con lo que permite la conciliación o “acuerdo que ponga fin a la controversia”. Tal conciliación podría darse “en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia” (art. 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

La Diputación “está incumpliendo la obligación de vender sus suelos para viviendas protegidas”

La propuesta que el Ayuntamiento ha presentado a la Diputación consistía en suscribir un acuerdo por el que ambas partes renunciasen a reclamar cantidad alguna a la otra administración, entendiendo que el mismo pacto supondría una ventaja para ambas administraciones, y el posible perjuicio de una redundaría en beneficio de la otra; ambas administraciones públicas. De manera que se trataría de una solución que no sería “manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico ni lesiva del interés público o de terceros”, como exige la misma ley antes citada para admitir la desaparición pactada de la controversia.

Además, el concejal de Urbanismo estima que hay más argumentos favorables al Consistorio: la propia Diputación, que en sus escritos al juzgado califica al Ayuntamiento con expresiones desdeñosas (habla de “dejadez municipal”, dice que utiliza “argumentos engañosos”), está incumpliendo la obligación de vender sus suelos con el destino de viviendas protegidas, y no libres, como lo está haciendo; como se pone de manifiesto en el escrito de conclusiones presentado por el letrado del Ayuntamiento el pasado 2 de julio.

El barrio de 'Villa Gaviota'

El barrio de Villa de Prado, donde se ubica el Parlamento autonómico, fue el centro de un escándalo político en las elecciones municipales de 2007, cuando el PSOE desveló que hijos de altos cargos del PP fueron los adjudicatarios de viviendas protegidas. El asunto quedó fuera de los tribunales porque ninguna norma establecía un sistema de orden de adjudicación a los solicitantes. Así, en el barrio consiguieron viviendas a precios asequibles el hijo de Javier León de la Riva, el hijo del entonces delegado del Gobierno, Isaías García Monje o el hijo del que fue jefe de Protocolo en las Cortes, entre muchos otros. La mayoría de ellos acabó en el mismo edificio, que adquirió el sobre nombre de 'Villa Gaviota'.