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DESALAMBRE

Una Fiscalía siciliana confirma su acusación por "favorecer la inmigración ilegal" contra dos miembros de Proactiva Open Arms

La investigación preliminar de la Fiscalía de Ragusa se resuelve con una nueva acusación de "violencia privada" contra la jefa de misión de la ONG catalana, Ana Isabel Montes, y el capitán Marc Reig

Los investigados tienen 20 días para adjuntar nueva documentación tras la que los fiscales pedirán ante un juez el cierre del caso o el envío a juicio

"Atacan a los que salvamos vidas y el mundo calla frente a las violaciones sistemáticas de los derechos básicos", dice la ONG

El barco español "Open Arms" permanece inmovilizado en el puerto de Pozzallo en Sicilia, Italia. EFE/Archivo

El barco español "Open Arms" permanece inmovilizado en el puerto de Pozzallo en Sicilia, Italia. EFE/Archivo

La Fiscalía de Ragusa, en Sicilia, ha notificado el cierre de la investigación preliminar, ha confirmado su acusación por los presuntos delitos de "favorecer la inmigración ilegal" y ha añadido el de "violencia privada" contra la jefa de misión de la ONG española Proactiva Open Arms, Ana Isabel Montes y el capitán del barco Marc Reig. La Fiscalía identifica al Ministerio del Interior como la parte perjudicada.

La investigación comenzó el pasado 15 de marzo tras el rescate por parte del barco Open Arms de 218 personas en peligro en el Mediterráneo Central y su negativa de entregarlos a las patrulleras libias.

En el auto de conclusión de las investigaciones, al que ha tenido acceso Efe, se confirma la investigación a Anabel Montes, que era la jefa de la misión en aquella ocasión y al capitán del barco, que estuvo inmovilizado por orden de la magistratura durante algunas semanas en el puerto de Pozzallo, en la isla de Sicilia.

Ahora los investigados tendrán 20 días para adjuntar nueva documentación tras la que los fiscales de Ragusa, Fabio D'Anna y Santo Fornasier pedirán ante un juez el cierre del caso o el envío a juicio.

Según la abogada Rosa Lo Faro, que asiste a Reig, los fiscales están determinados a pedir el enjuiciamiento como prueba que han añadido a las acusaciones "el delito de violencia". Según el auto, el supuesto delito de "violencia" se justifica porque ambos "no tuvieron en cuenta las instrucciones dadas por el IMRCC (Centro de Coordinación) de Roma" de no intervenir en un rescate, y que al final lo hicieron y, además, subieron al barco a los rescatados.

Añade el auto que, a pesar de lo solicitado por las autoridades italianas y españolas, no solicitaron a las autoridades maltesas que les autorizaran a desembarcar o les indicaran un puerto seguro, tras lo que decidieron dirigirse a las aguas territoriales italianas "lo que obligaba a otorgarles el ingreso en un puerto territorial italiano". La Fiscalía confirma el delito de favorecer "la entrada en territorio italiano de 216 ciudadanos extracomunitarios".

"De nuevo acusados por la Justicia italiana de favorecer el tráfico de personas y violencia privada contra el Ministerio del Interior. Aún no acabo de comprenderlo. ¿Sería esta la violencia privada contra el ministro del Interior para los fiscales de Ragusa?", ha escrito en su perfil de Twitter el director de la ONG, Oscar Camps, que incluía imágenes de rescates en el Mediterráneo.

La ONG catalana ha difundido este miércoles un comunicado en el que considera que la Fiscalía da "un paso más" en la "persistente criminalización de las organizaciones humanitarias en los últimos años". "Tiene el claro objetivo de eliminar los testigos incómodos que señalan y denuncian las violaciones de derechos humanos en el Mediterráneo", denuncian. "Atacan a los que salvamos vidas y el mundo calla frente a las violaciones sistemáticas de los derechos básicos recogidos en la Declaración Universal que cumple 70 años", dice la ONG en Twitter.

En abril de este año, el juez instructor de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ordenó liberar al barco de la ONG y rechazó la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la fiscalía de Ragusa. Mientras, la investigación continuó para los dos miembros de Open Arms.

En aquel auto, el juez argumentaba su decisión afirmando que "no existe un puerto seguro en Libia", un país sobre el que pesan numerosas denuncias de abusos contra la población migrante, y que una prueba de ello es "el persistente cuadro político interno y conflictivo, a pesar del reconocimiento internacional al gobierno de Fayez al Serraj". Asimismo añadía que es conocida la "reticencia de las autoridades maltesas para cooperar con las peticiones de ayuda" al justificar por qué la ONG decidió no comunicar con Malta tras el rescate de los 218 migrantes. 

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