Amnistía Internacional carga contra la impunidad policial en Turquía

Hakan Yaman, padre y conductor de minibús, se topó con disturbios al volver tarde del trabajo. De repente, un chorro de agua a presión le empapó. Como un vendaval, cinco policías se cerraron sobre él cosiéndole a patadas. “¡Acabemos con esto!”: las fuerzas de seguridad arrastraron a Hakan hasta un rincón oscuro. Creyeron oportuno arrancarle el ojo izquierdo con un punzón antes de tirar al hombre, inconsciente, sobre una hoguera.

“Este es el caso que más me horroriza”, relata a Eldiario.es Andrew Gardner, uno de los investigadores de Amnistía Internacional, parapetado tras una taza de té. El drama de Yaman está incluido en un informe demoledor que acaba de presentar la ONG. El texto de 70 páginas desmenuza, ofreciendo testigos, datos y e información jurídica, los abusos cometidos por gobierno, policía y jueces durante las protestas por el parque de Gezi.

En el jardín de la sede de AI, una liviana cortina de lluvia refresca la memoria de aquél sofocante viernes 31 de mayo. De madrugada, docenas de policías irrumpieron en el último pulmón verde del centro de Estambul. Un puñado de activistas resistía desde el lunes anterior en su corazón para evitar una tala masiva de árboles. Primero quemaron sus tiendas de campaña; luego, les ahuyentaron anublando Gezi con gas lacrimógeno.

Indignación contra la represión

Esta acción desmedida reverberó en las calles. A las pocas horas, los uniformados destacados en las principales ciudades del país estaban apabullados ante la cadena de protestas desatadas en respuesta a la represión en Gezi, convertidas ya en disturbios. Incapaces de contener la ira juvenil, agentes y vehículos de agua a presión (TOMA) correteaban desorientados por los aledaños del parque. Cargaban y detenían al tuntún.

He aquí el punto de partida para Gardner. “Si las protestas de Gezi tuvieron tanto eco internacional es por la violencia empleada, amplia y masivamente, contra una protesta decididamente pacífica”, explica Gardner. “Lo inédito de esta vez es que las víctimas de esta brutalidad ya no eran kurdos en la ciudad de Diyarbakir, como era costumbre, sino jóvenes veinteañeros sin militancia política”.

Detrás de la policía está el ministro de Interior Muammer Güler, y el dedo del mismo Primer Ministro. Recep Tayyip Erdoğan acusó a los manifestantes de comulgar con grupos terroristas locales. No contento, el gobierno ha señalado a lo largo del tiempo a la oposición política, a unos incógnitos “lobbies de interés” y hasta al sionismo de organizar y alentar las protestas que encendieron Turquía durante dos meses.

Ataque al disenso

“El principal problema es que este gobierno autoritario no sabe cómo tratar las opiniones disidentes”, señala el investigador de Amnistía Internacional, “esto es algo de lo que advertimos en un informe anterior. Se considera la crítica una amenaza, algo que debe ser machacado a toda costa”. En este paso firme triturando protestas, recuerda AI, el líder turco ha dejado un rastro de graves violaciones de derechos humanos.

Una de las que más preocupa a la ONG y que encabeza su reporte es la denegación del derecho de reunión pacífica. Amnistía Internacional recuerda, además de la propia Constitución turca, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos de 1960 y la Convención Europea para los Derechos Humanos de 1950. Turquía es firmante de todos ellos.

El informe recalca que tampoco hay epígrafe que justifique la dispersión sistemática de protestas pacíficas. Ante la justificación gubernamental de que había violentos infiltrados entre los manifestantes, AI recuerda que la ley internacional no permite tomar la parte por el todo, y que la policía sólo debe actuar contra los elementos que alteran el orden público al mismo tiempo que permiten seguir al resto.

Tampoco la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos juega del lado turco. Algunas de las más de 50.000 sentencias falladas contra Turquía desde que el Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdoğan llegara al poder resaltan que la ausencia de notificación previa no justifican la disolución de una protesta. Más en el caso de las manifestaciones de Gezi, nacidas al calor de la espontaneidad.

Acusados de terrorismo

“Había ocurrido antes, y temíamos que se repitiera durante las protestas de Gezi. Así ha sido”, lamenta Andrew Gardner, “la fiscalía ha recurrido a la Ley Antiterrorista”. Los rigurosos artículos del Código Penal 314 (pertenencia a organización ilegal), 220.6 (crimen en nombre de una organización ilegal) y hasta el 312 (intento de derrocamiento del gobierno) se han usado contra parte de los cerca de 5.000 manifestantes detenidos.

Ankara, detalla Amnistía Internacional, cargó contra todos: estudiantes, activistas, tuiteros, periodistas, arquitectos y hasta sanitarios que atendieron a más de 8.000 heridos durante las protestas. Las cabezas visibles de Solidaridad con Taksim, una plataforma de ciento cincuenta grupos que intentó enhebrar las acciones en defensa del parque de Gezi y que llegaron a sentarse con Erdoğan, serán juzgados como terroristas.

Pero todo el esfuerzo de los tribunales por llevar ante la justicia a los manifestantes queda en nada a la hora de depurar responsabilidades entre los policías. Pese a que el gobierno mostró visos de reconocimiento de los abusos cometidos por los uniformados, sólo 43 antidisturbios han sido pírricamente sancionados. “La policía no estaba ni equipada ni entrenada para gestionar la situación”, enfatiza Gardner.

“Dos aspectos han diferenciado la actuación policial durante las protestas de Gezi de ocasiones anteriores”, aclara Gardner. “Primero, el ingente número de detenciones arbitrarias y extraoficiales”. Se golpeó y confinó durante horas a los detenidos. “En segundo lugar, la notable cantidad de casos de vejaciones sexuales cometidos por los agentes de los que tenemos constancia”, remacha el activista.

Una policía impune

Amnistía Internacional subraya la labor determinante de la prensa local e internacional a la hora de forzar al gobierno a investigar la violencia policial. Andrew Gardner comenta mente el caso del joven de 19 años Ali Ismail Korkmaz: “Si primero miembros del AKP aseguraron que a Korkmaz le habían asesinado sus amigos, luego se demostró que al menos un policía de paisano participó en el apaleamiento que lo mató en Eskisehir”.

La ONG considera que la brutalidad policial está detrás de al menos tres de las seis muertes de manifestantes habidas en el marco de las protestas por el parque de Gezi. Korkmaz entró en un coma terminal entre garrotazos. A Abdullah Cömert, en Antioquía, un cartucho de gas lacrimógeno le destrozó el cráneo. En Ankara, un policía abrió fuego real contra los manifestantes. Mató a uno de ellos, Ethem Sarısülük.

El policía que mató a Cömert no ha acudido aún ante el fiscal. Familiares de Sarisülük, así como testigos de su asesinato, denuncian presiones policiales. Piden una pena mínima para el autor de los disparos. El caso de Korkmaz ha consistido en una carrera de obstáculos para acceder a la identificación de los autores de la paliza. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron dañadas adrede.

“La sensación de impunidad policial es generalizada. La lentitud y lo intrincado de las investigaciones contra los abusos policiales hacen creer en ello”, esgrime Andrew Gardner. El investigador se alarma ante la cantidad de heridos que temían ir a hospitales por miedo a ser identificados. O que se negaban a interponer denuncias para evitar futuras consecuencias y creyendo que sería en vano.

Amnistía Internacional ha redactado su informe a partir de un trabajo de campo realizado entre junio y agosto en Antioquía, Esmirna, Ankara y Estambul, las urbes que acogieron más manifestaciones pro Gezi. Se han conducido alrededor de cien entrevistas, la mayoría cara a cara. Pero el dossier sólo detalla unas treinta. “Temerosos de perjuicios futuros, muchos se negaban a ser identificados”, apunta Gardner.

Los padres de Berkin Elvan son del grupo que ha querido dar la cara. El joven, de catorce años, salió de casa el 16 de junio a comprar el pan. La tragedia se cruzó en su camino cuando un policía, disparando desde unos veinte metros, le abrió la cabeza con una lata de gas pimienta. El chico está en coma desde entonces. Sus agresores se han encargado de reprimir duramente toda concentración pacífica de apoyo.

También ha dado el paso Hülya Arslan, que acampó junto a su madre en el microcosmos que ocupó Gezi a principios de junio. El día 11 por la noche, en el curso de un intento de desalojo del campamento, una bala de plástico policial reventó el ojo de la joven. Eylem Karadağ y Deniz Erşahin denuncian tocamientos y vejaciones sexuales de antidisturbios en Ankara. Los mismos cuya actuación Erdoğan tildó de “legendaria”.

Gas lacrimógeno letal

Corretea como una exhalación por su oficina. Meriç Eyuboğlu, que desde el minuto cero puso su experiencia como abogada a disposición de las víctimas de la policía turca, no de abasto atendiéndolas. “Se violaron varios acuerdos internacionales sobre uso de fuerza, como el que prohíbe usar gas lacrimógeno en lugares cerrados o en instalaciones médicas”, aclara. “Tampoco se facilitó asistencia médica apropiada a los afectados”.

Eyuboğlu indica que, según la Convención de Ginebra, el gas lacrimógeno está sometido a las directrices sobre armas convencionales. Otro de los puntos más críticos al respecto es la confiscación y destrucción de máscaras anti gas a manifestantes en los mismos lugares en los que se estaba gaseando. Andrew Garder define esta práctica, que se volvió habitual y de la que Eldiario.es fue testigo, como “tortura”.

El doctor Gazihan Çağlar, voluntario de la Asociación Médica de Turquía (TTB), asegura que al menos dos ciudadanos turcos murieron de infarto tras exponerse durante horas al gas lacrimógeno lanzado en las protestas. Algunos estudios consideran que esta arma antidisturbios, llamada también CS, puede tener efectos letales para el corazón y el hígado e incluso provocar abortos.

Extensiones de calle cubiertas de gas fueron imagen de postal de las protestas de Gezi. Durante los primeros 20 días de manifestaciones la policía agotó toda una provisión anual de 130.000 cartuchos de CS. Al poco, Interior compró 400.000 más. Según la TTB, 11 personas perdieron un ojo y 104 sufrieron heridas traumáticas craneales como consecuencia de su disparo de forma inapropiada: se dispararon a la altura de la cabeza.

Junto al gas, los otros protagonistas fueron los vehículos TOMA. Los fabrica la empresa turca Nurol bajo licencia de Beit Alpha, compañía asentada en el ‘kibbutz’ israelí homónimo. Pese a que Turquía lo negó en repetidas veces, este medio comprobó como las fuerzas de seguridad mezclaban con el agua a presión de los TOMA componentes químicos no especificados que provocaban quemaduras de primer grado.

Balas plásticas y balas de pintura para señalar a los objetivos a detener. Patrullas de fieles al primer ministro Erdoğan, armados con palos, siendo escoltados por la policía hasta un lugar en el que atacar a manifestantes. Más recientemente, uso de bolas de plástico que hieren al impactar en la piel y que, al romperse, desprenden una sustancia que provoca vómitos. El arsenal de los antidisturbios turcos se extiende.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China son algunos de los países que facilitaron las labores de represión policial al vender al gobierno turco material represor. “Amnistía Internacional pide a estos países y a otros posibles proveedores un cese temporal de su actividad hasta Turquía investigue y aclare todas las denuncias de abusos cometidos”, puntualiza Andrew Gardner.

El factor Estrasburgo

Rıza Türmen pasó una década de juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Toda demanda individual abierta contra los excesos policiales debe agotar la vía ordinaria antes de llegar a Estrasburgo”, advierte. “Sin embargo”, matiza, “si el TEDH considera que una serie de violaciones se han convertido en práctica administrativa, puede aceptar directamente demandas asociadas a esa erosión de derechos”.

“Dependerá de si Turquía investiga a fondo y juzga la actuación policial que Estrasburgo se implique o no”, comenta lacónico Andrew Gardner, “pero veo a Erdoğan encallado en su discurso provocador”. Recientemente, el Primer Ministro ha pedido a sus votantes que denuncien a los vecinos que participen en caceroladas. Además, planea introducir en los barrios un sistema electrónico de denuncias anónimas.

Las pistas apuntan a que el rumbo del ‘premier’ no virará. El 27 de septiembre, el Consejo de Europa denunció el incumplimiento de la sentencia del caso ‘Oya Ataman contra Turquía’. “El TEDH sigue recibiendo demandas de interferencias en el derecho a manifestación pacífica y de uso excesivo de la fuerza en protestas, así como falta de soluciones para remediarlo”, rezaba su comunicado.

Contención en las cargas y más supervisión, entrenamiento policial, reformas legales, investigación exhaustiva de los abusos…Amnistía Internacional recomienda y lamenta la fría respuesta de Ankara estos mensajes. Por eso Andrew Garder, un británico poco dado a la efusividad, le cuesta mantener el optimismo tras meses de minucioso trabajo: “Si te digo la verdad, pocas esperanzas tengo de que Erdoğan reaccione”.