Las autoridades portuguesas vigilan a las empresas agrícolas españolas por explotación laboral

Un vehículo de paisano da vueltas por las explotaciones agrícolas de Beja, en la región portuguesa del Alentejo. Nadie sospecha nada, incluso preguntan al inspector si necesita ayuda. Un minuto después, mientras se colocan sus chalecos y credenciales, los patrones suben a los trabajadores en los vehículos y escapan rápidamente antes de que sean obligados a identificarse.

Ocho horas más tarde, una fuente alerta de la presencia de un gran grupo de ciudadanos rumanos en una vieja casa abandonada y acondicionada para el alquiler de trabajadores temporeros. En la entrada hay vehículos con matrícula española y en el interior de las viviendas, varias familias rumanas procedentes de Albacete.

La región de Beja, en el sur de Portugal, es una especie de oasis en medio de la sequía que afecta a gran parte de la península ibérica y se ha convertido en un paraíso para las empresas portuguesas, españolas y multinacionales que buscan producir alimentos y productos agrícolas baratos.

Pero no es sólo la promesa de agua en medio de unos recursos menguantes lo que atrae a los inversores –algunos de ellos, grandes fondos de capital riesgo–, sino también la búsqueda del menor coste posible con la mano de obra migrante. En los últimos meses, las autoridades portuguesas han intensificado las inspecciones en la zona con el objetivo de destapar redes de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Autoridad para las Condiciones Laborales, perteneciente al Ministerio de Trabajo luso, se encarga, junto a Fiscalía y cuerpos de seguridad, de realizar este tipo de inspecciones para garantizar las condiciones de los trabajadores. Desde primera hora de la mañana el día de la inspección, el inspector jefe de este departamento en la región portuguesa de Alentejo, Carlos Graça, se prepara junto a su equipo para investigar la recolecta de productos.

Desde finales de junio han notado un aumento de trabajadores en fincas agrícolas donde se siembran ajos. Su equipo ha fotografiado vehículos con matrículas españolas y sospecha que los trabajadores están siendo transportados desde España, ya que no se ha comunicado “mediante la comisión de servicio, como exige la ley”. Los acuerdos entre España y Portugal contemplan a los trabajadores transfronterizos, pero estos deben notificarlo a las autoridades del país en el que están desplazados.

“El jefe es español, él arrendó el campo y cultivó los ajos. Nosotros solo venimos a cortarlos y nos vamos”, asegura a elDiario.es Stefan Ionescu, que carece de contrato en Portugal y no confirma su situación en España. Ionescu cuenta que tiene que poner sus propias herramientas para realizar el trabajo.

El inspector Carlos Graça lo tiene claro. No es la primera vez que lo ve. “Son empresas españolas que contratan trabajadores en España y los trasladan a Portugal, lo que dificulta enormemente la actuación de las autoridades”, asegura el inspector a elDiario.es. “Muchas veces vienen aquí a diario y se van a España nuevamente. Otras veces se quedan durante la temporada”. Es el caso de Stefan y su familia, que estarán varias semanas en el Alentejo recolectado los cultivos de ajo.

Explotación laboral en el Alentejo

La región del Alentejo ha vivido una transformación histórica desde que en 2002 se inaugurara la presa de agua de la Alqueva en el río Guadalmedina. La zona pasó de ser agricultura de secano a cultivos de regadío, lo que permitió instalarse al modelo del agronegocio en la zona.

Según Héctor Rodríguez, responsable de agronegocio en la consultora CBRE, “en la península ibérica existen más de cuatro millones de hectáreas de regadío”. El riego permite incrementar las producciones y maximizar la rentabilidad para los inversores, que han aumentado su presencia en un 30% en la zona durante los últimos cinco años.

Mientras el negocio de la agricultura crece y muchos inversores inmobiliarios se asientan en Portugal, los delitos de explotación laboral y trata de seres humanos han aumentado. En los últimos seis años se han identificado 637 víctimas de explotación laboral, principalmente en el sector agrario. Los datos del Observatorio Portugués contra la Trata Laboral representan un aumento del 75% desde 2017.

El modelo de negocio en la región consiste en mucha mano de obra en poco tiempo. El nivel de trabajo y de jornaleros por la zona alertó a la Fiscalía portuguesa. Su responsable en Alentejo para el tráfico y explotación de seres humanos, Nuno Rebocho, explica: “Compran, pagan y declaran esta actividad. Pagan impuestos. Todo está correcto”. Sin embargo, el experto afirma que eso no impide que se den casos de explotación laboral. “Con la evolución de la investigación llegamos a la conclusión de que en nuestro Código Penal se prevé el castigo a los empresarios, los explotadores de grandes fincas, porque utilizan mano de obra objeto de trata”, añade.

La Fiscalía está coordinando grandes operaciones contra la explotación laboral, pero Rebocho alerta de un fenómeno transfronterizo: “Trabajan allí (en España) y vienen aquí. Desde aquí van allí, muchos caen en redes. Una vez legalizados aquí, se van a España a trabajar y viceversa”, dice.

Falta de regulación

España y Portugal comparten la frontera sin interrupciones más larga de la Unión Europea y conviven las dos grandes regiones agrícolas: Alentejo y Andalucía. Y uno de los problemas es el trabajo forzoso, que España aún no ha regulado de manera completa, según las propias autoridades españolas.

“Actualmente no tenemos esa regulación. Muchas veces estamos ante delitos que los juristas conocemos como normas penales en blanco, donde es difícil establecer la frontera entre lo que sería la simple infracción sancionable conforme a la legislación laboral y una conducta que fuera realmente relevante”, explica a elDiario.es Natividad Plasencia, fiscal delegada de Trata de Seres Humanos de la Fiscalía de Sevilla.

A menudo esos casos acaban en una condena al empleador por “delito contra los trabajadores” en lugar de explotación laboral. En 2022, el último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, 516 personas fueron rescatadas en España en situaciones de explotación laboral. Además, otras 89 fueron liberadas de redes de trata de personas para la explotación laboral. La mayoría eran hombres veinteañeros procedentes de Marruecos, Colombia, Senegal, Ucrania y Rumanía.

La huerta de Europa

En el municipio almeriense de El Ejido, la unidad de Grupo Roca se prepara para llevar a cabo una inspección en invernaderos, la recolecta ha terminado y ahora se procede a limpiar los campos. Tras recibir una geolocalización en el buzón de denuncias, las patrullas se desplazan hasta ese punto.

El efecto sorpresa genera una huida generalizada. Invernaderos abiertos, pero vacíos. El equipo trata de identificar a los empresarios, pero sin éxito. Durante los últimos cinco años las autoridades españolas han realizado unas 25.000 inspecciones administrativas, según datos del Ministerio del Interior.

“Siempre que se llega a una finca, en cuanto ven que estamos accediendo, salen corriendo porque saben que el propio propietario de la finca le ha dicho que si ven a la Guardia civil o a gente con carpetas, que salgan corriendo”, asegura el teniente Raúl Yánez Ocaña, responsable del operativo. Los denunciantes suelen ser las propias víctimas a través de un buzón anónimo que levanta la voz de alarma a las autoridades y pone en marcha las inspecciones.