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Un distrito del este de Alemania obliga a solicitantes de asilo a trabajar en sus centros por 80 céntimos la hora

Imagen de archivo de un hombre barriendo en los aparcamientos para bicicletas en Berlín.

Aldo Mas

Berlín —

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Saale-Orla-Kreis, un distrito del este de Alemania en el que viven cerca de 80.000 personas, ha saltado a la palestra en los últimos días. ¿El responsable? Christian Herrgott, quien ha puesto en marcha una medida que ha sido recibida entre aplausos de su partido, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), y una cascada de críticas. Herrgott ha puesto a trabajar a solicitantes de asilo a 0,80 euros la hora, muy por debajo del salario mínimo, en “servicios comunitarios”.

El político, que con 39 años ocupa el cargo de secretario general de la CDU en Turingia y ha sido elegido recientemente administrador de Saale-Orla-Kreis, ha defendido que se trata de una medida para “estructurar el día” de los migrantes además de prepararles, dice, “para el mercado de trabajo”. En Alemania, los solicitantes de asilo no pueden trabajar en sus primeros tres meses en el país.

Según ha trascendido en la prensa, la semana pasada comenzaron a trabajar los primeros demandantes de protección en este excepcional régimen laboral que la CDU de Turingia enmarca en la llamada ley de prestaciones a los solicitantes de asilo. El quinto artículo de dicha ley federal dice: “En los centros de acogida (…) se ofrecerán oportunidades de trabajo, en particular para el mantenimiento y el funcionamiento de la instalación (...) Además, se ofrecerán oportunidades de trabajo, en la medida de lo posible, para organizaciones estatales, municipales y sin ánimo de lucro si el resultado del trabajo sirve al público en general”. La norma plantea también que los beneficiarios están “obligados a aceptar una oportunidad de trabajo que se les ofrezca”. De no aceptar dicha oferta, podrían ver recortadas sus prestaciones sociales.

Así, la ley fija que por trabajos como cortar setos, tareas de limpieza y labores de ayuda en los centros de acogida o quitar nieve de caminos, se pagará 80 céntimos la hora a los solicitantes de asilo. Las personas elegidas para desarrollar estas tareas podrán hacerlo, como máximo, cuatro horas al día. Por lo pronto, los trabajos que llevan a cabo en Saale-Orla-Kreis son fundamentalmente de limpieza y mantenimiento de los interiores y exteriores de los centros de acogida, según han explicado fuentes del distrito a elDiario.es.

“Actualmente tenemos unos 150 adultos que viven en alojamientos compartidos y están obligados a trabajar. Y hasta ahora hemos colocado a unos 50 de ellos en trabajos de carácter social. Trabajan cuatro horas al día en centros de asilo, asociaciones, con organizaciones sin ánimo de lucro o con las autoridades locales”, ha dicho Herrgott en una entrevista reciente con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Con la medida, los migrantes que han pedido ser reconocidos como refugiados en Saale-Orla-Kreis pueden ganar unos 64 euros al mes en caso de trabajar cinco días a la semana, dinero que se pone a su disposición en tarjetas que les servirá para compras en suelo alemán y que está previsto que se distribuyan a partir de marzo.

Lluvia de críticas

El salario mínimo de Alemania se sitúa actualmente en 12,41 euros la hora. Es lo que cobra un 6,2% de la mano de obra del país del canciller Olaf Scholz, según datos de la oficina federal de estadística (Destatis). El hecho de que haya migrantes en fase de solicitud de asilo cobrando 12 veces menos de lo mínimo que vale la hora de trabajo en el mercado laboral ha desatado un aluvión críticas contra Herrgott y la CDU.

La ONG especializada Pro Asyl ha calificado de “inaceptable” la medida del distrito de Turingia. “La afirmación de que los refugiados no quieren trabajar, para acabar explotándolos a 80 céntimos la hora, mientras a muchos de ellos no se les permite trabajar en absoluto, es racista e inhumana”, ha dicho el portavoz de la organización, Tareq Alaows, en X (antes Twitter).

Anja Piel, dirigente de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB, por sus siglas en alemán), ha criticado que se trata de otro “colofón insustancial a los debates a costa de los refugiados”. Por su parte, la política ecologista Doreen Denstädt, ministra de Inmigración, Justicia y Protección al Consumidor de Turingia, ha acusado a Herrgot de hacer exactamente lo que hacen “los grupos de extrema derecha: utilizar las falsas narrativas sobre los 'refugiados vagos”.

Herrgott ha salido al paso de las críticas defendiendo que es el camino correcto. “No es explotación, simplemente hacemos cumplir la ley”, dijo en unas declaraciones recogidas por la cadena de radio-televisión pública Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

La CDU saca pecho

Herrgott es el primer político que aplica estas disposiciones de la ley sobre las prestaciones a refugiados. Antes, a principios de año, ya había dado que hablar cuando logró imponerse en una votación por el control de Saale-Orla-Kreis a Uwe Thrum, político de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que en estos momentos está en auge en las encuestas. Hasta la victoria de Herrgott, Saale-Orla-Kreis figuraba como “un lugar de patriotas”, un “bastión de AfD” en la crónica local.

Ahora, con la controvertida medida, la CDU saca pecho en materia de inmigración, un tema del que se ha apoderado AfD pese a los intentos del Gobierno de coalición de Scholz de endurecer el discurso. “Tenemos que expulsar más y más rápido”, dijo el propio canciller en una entrevista con el semanario Der Spiegel el pasado otoño.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, un millón de refugiados ucranianos viven en Alemania. A estos números hay que sumar un flujo de decenas de miles de demandantes de asilo anuales. En 2023, 351.915 personas solicitaron el estatus de refugiado en suelo alemán, según la oficina federal para la inmigración. En conjunto, son datos similares a la llamada “crisis de los refugiados” de 2015 y 2016.

Lo que sí parece cambiar es la actitud de la élite política. La CDU, formación que arropó a Angela Merkel con su política de 'puertas abiertas' en 2015 y 2016, ahora celebra decisiones como las de Herrgott. La diputada regional Beate Meißner, representante democristiana en el Parlamento de Turingia, ha atizado a AfD con el trabajo de Herrgott en Saale-Orla-Kreis. “¿Qué hace realmente en Sonneberg el primer presidente de distrito de AfD en Alemania? ¡Nada más que palabrería: Ni tarjetas de pago ni trabajo obligatorio para los refugiados! ¡Algunos están agitando, otros lo están haciendo!”, dijo en redes sociales en referencia al distrito de Sonneberg, también en Turingia, que el pasado verano elegía como responsable a Robert Sesselmann, político de AfD.

Para defender la medida, Herrgott ha brindado varios argumentos, entre ellos que esas labores tan mal remuneradas suponen otra manera “de aprender alemán” diferente “a los cursos de integración” que reciben los migrantes, según dijo al diario Bild. Pero no ha ocultado que la iniciativa tiene otra función: mandar, sostiene, “una señal” a la sociedad, que “los que están aquí y son subvencionados por los contribuyentes también deben devolver algo a la comunidad”, de acuerdo con el semanario Die Zeit.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Scholz, el también socialdemócrata Hubertus Heil, ha respaldado la aplicación de la ley. “Que municipios obliguen a los solicitantes de asilo que viven en centros de acogida a realizar trabajos que sean útiles para la comunidad es lo que dice la legislación en vigor”, dijo Heil al Bild, el diario más leído de Alemania.

Para democristianos y socialdemócratas, el rival a batir en Turingia es AfD. El estado federal, al igual que Sajonia y Brandeburgo –otros dos länder situados en el este alemán–, celebran elecciones regionales el próximo mes de septiembre. Los sondeos de intención de voto atribuyen la victoria al partido ultraderechista.

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