España, a examen ante la ONU sobre derechos humanos
El pasado 21 de enero España pasó examen ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En representación de Red Acoge, tuve la oportunidad de viajar a Ginebra para intentar hacer llegar a las delegaciones de los países asistentes cuál es la realidad de las personas inmigrantes que viven en nuestro país.
España volvía así a afrontar el Examen Periódico Universal (EPU) en materia de derechos humanos. La presentación corrió a cargo de Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Exteriores, quien hizo un recorrido de los principales avances que se han realizado en España desde el año 2010, fecha del anterior examen.
Bajo el techo diseñado por Miquel Barceló, las delegaciones de 95 países manifestaron sus felicitaciones y recomendaciones a España, todo ello en un minuto y quince segundos.
Durante las horas que duró fuimos espectadores de esa especia de debate de Estado de la Nación a nivel internacional, en el que son el resto de Estados quienes asumen la tarea de cuestionar aquellos aspectos de los derechos humanos que como Estado creen relevante y España debe aplicar y/o mejorar.
Por nuestra parte, como miembros de la sociedad civil y junto con otras organizaciones del tercer sector, el día previo tuvimos la oportunidad de exponer la realidad con la que trabajamos día a día a través de nuestros informes y preocupaciones ante los y las representantes de los países que componen las Naciones Unidas.
Entre las principales preocupaciones que nos encontramos se encuentran la falta de derecho a la atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación de irregularidad y la situación en la frontera entre Marruecos y Ceuta y Melilla, entre otras.
Respecto a los resultados, se solicitó a España que ratificara la Convención de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Ésta ha sido ratificada por 42 Estados, ninguno de ellos europeo, pero España tan solo la ratificaría si se hace dentro del seno de la Unión Europea.
De gran interés fueron las recomendaciones que en el contexto del EPU varios países le hicieron llegar a España sobre la necesidad de respetar el procedimiento legal a la hora de expulsar a las personas que entran de manera irregular en el territorio.
Como es sabido, recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una enmienda a Ley de protección de la Seguridad Ciudadana que modificará la legislación de extranjería estableciendo la posibilidad de devolver a territorio marroquí a las personas que accedan saltando la valla en Ceuta y Melilla sin ningún tipo de procedimiento o garantía legal.
La preocupación de Red Acoge pasa por el hecho de que no se esté dando la obligada protección internacional a personas que puedan estar huyendo de contextos de crisis humanitarias y de graves violaciones de derechos humanos. Como eldiario.es ha publicado recientemente, ningún subsahariano ha podido solicitar asilo en la frontera de Melilla desde la instalación de las nuevas oficinas destinadas a tal efecto.
A pesar de que la posición española ante el EPU trató de diferenciar entre las personas que llegan a frontera y las que saltan la valla, no se puede permitir tal separación cuando se está hablando protección internacional y de derechos humanos.
En este sentido, fueron numerosos los países que insistieron en que España debía respetar el procedimiento legal, asegurar la asistencia letrada e intérprete y hacer efectivo respetar el principio de no devolución. Para nuestra sorpresa, el Secretario de Estado aseguró que la modificación de la legislación de extranjería está siendo consultada a organismos internacionales, dando pie a entender que puede haber modificaciones.
Como complemento a la anterior recomendación, se le pidió que se respetaran las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de asilo y de trata de personas.
Por último, no quiero dejar de señalar que también se le pide a España un mayor respeto hacia los derechos económicos y sociales de las personas migrantes y, concretamente, en materia de salud, donde expresamente se le solicita que se garantice el derecho a la atención sanitaria sin discriminar con respecto a cuál es su situación administrativa.
El viernes 23 se hicieron públicas todas las conclusiones y recomendaciones para España. El Gobierno asegura que ahora se abrirá un periodo de reflexión por parte del Estado para analizar cuáles de ellas se aceptan y se comprometen a implementar en los próximos años. En Red Acoge confiamos en que serán tenidas en cuenta si España quiere mostrarse ante el mundo como garante de los derechos humanos.
