El Gobierno de Rajoy deja sin gastar el 45% de los fondos de Cooperación entre 2012 y 2016

Los recortes ocultos del Gobierno de Rajoy en cooperación

Evolución del presupuesto sin utilizar y el gasto real de la política de cooperación para el desarrollo. Datos de liquidación de los PGE en millones de euros y ajustados a inflación

La política de Cooperación al Desarrollo no solo ha sufrido un recorte del 70% desde el año 2010. Al tijeretazo que ha arrasado con la Ayuda al Desarrollo en España, se une la baja ejecución de los fondos que, año tras año, se deberían haber destinado a la erradicación de la pobreza. El Gobierno del expresidente Mariano Rajoy dejó sin gastar el 45% del presupuesto asignado a este fin en la partida del Ministerio de Exteriores entre los años 2012 y 2016.

Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), analizados por eldiario.es, el Gobierno anterior apenas ejecutó 1.702 millones de los 3.074 millones aprobados en los Presupuestos Generales del Estado entre 2012 y 2017.

Así se desplomó la ejecución del presupuesto en Cooperación con la llegada de Rajoy

Evolución del porcentaje presupuesto sin gastar y el gasto real de la política de cooperación al desarrollo. Datos de liquidación de los PGE en millones de euros ajustados a inflación

La caída más notable del gasto de los fondos enviados a la Cooperación al Desarrollo se produce desde la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo. Si durante el periodo de 2007 a 2011, con el PSOE en el poder, se ejecutó el 86% de lo presupuestado, tras el ascenso del Partido Popular ese porcentaje ha descendido hasta el 55%.

Detrás del agujero entre lo presupuestado y el gasto real se encuentra principalmente el Fondo para la Promoción al Desarrollo (Fonprode). Un mecanismo definido por la AECID como “uno de los principales instrumentos financieros de la Cooperación Española” que “garantiza la capacidad de respuesta de esta política convirtiéndolo en uno de los principales canales de ejecución de ayuda al desarrollo”.

No obstante, los informes de ejecución presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017 demuestran que el Fonprode, un instrumento muy cuestionado por las ONG, no tocó ni un solo euro de los más de 669 millones destinados a financiar el fondo durante estas últimas anualidades.

A partir de 2013, el fondo no ha acudido a las partidas del presupuesto público para financiarse. A pesar de ello, los Presupuestos Generales del Estado destinan cada año alrededor de 200 millones de euros a un instrumento que, a día de hoy, no puede gastarlos. En los últimos PGE, aquellos con los que tendrá que gobernar Pedro Sánchez tras la moción de censura, entregaron 199,230 millones de euros, la misma cifra que el año anterior.

Así, el Fonprode acabó 2016 con un saldo de 374 millones mientras que en 2013 solo tenía 38 millones disponibles.

Partidas millonarias para el Fonprode que no necesita

Evolución del saldo final de tesorería del Fonprode a 31 de diciembre de cada año. Desde 2013, el fondo no acude a las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado

¿Por qué no se gasta su presupuesto?

La falta de ejecución de su presupuesto público se debe a la incapacidad actual del Fonprode para conceder créditos. El fondo, en sus inicios, tenía como principal finalidad la ejecución de operaciones no reembolsables, es decir, financiar proyectos sin la necesidad de que los países receptores devolviesen la aportación. Tras la crisis económica y las medidas enfocadas a controlar el déficit, el instrumento financiero acabó con las donaciones, que en la práctica dejaron de aprobarse en 2015, explican desde la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Esta limitación a operaciones reembolsables sumó complejidad a la búsqueda de proyectos a financiar: para cerrar la concesión de un préstamo, el Fonprode solo puede escoger países de Renta media, “sin problemas de sostenibilidad de la deuda” y con un nivel “de desarrollo incipiente que les permita absorber una importante cantidad de recursos”. Es decir, los receptores del crédito deben tener capacidad para desarrollar un proyecto que busque reducir la pobreza y, posteriormente, devolver el dinero al Fondo con una rentabilidad elevada, impuesta por Hacienda.

Así, todos los requisitos exigidos al Fonprode tienen una consecuencia. Sus préstamos no interesan en los países de renta media pues son incapaces de devolver la aportación con los intereses establecidos; o bien, los posibles beneficiarios acaban por ver más provechosas las condiciones de la banca privada.

“Debido al control del déficit público, la ayuda no reembolsable se encuentra muy limitada, pues esta computaría como déficit. Por otro lado, la ayuda reembolsable, para cerrar créditos que cumplan las normas establecidas para el control de la deuda, tendría que vulnerar las normas de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Por eso está bloqueando”, explica Iliana Olivié, investigadora principal sobre Cooperación al Desarrollo del Real Instituto Elcano.

Si el Fonprode está bloqueado, ¿por qué año tras año el Ejecutivo anterior lo ha dotado con alrededor de 200 millones al año? Desde Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONGD consideran que se trata de una manera de “inflar” la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sin repercutir al déficit público, tras los profundos recortes sufridos desde 2008. “La OCDE establece como cantidad mínima exigida para pertenecer al club de donantes a los Estados un 0,2% de su Renta Nacional Bruta (RNB). Con esta aportación, España se queda en esa línea roja”, detalla Carlos García Paret, de la CONGDE.

El Fonprode financia fondos en paraísos fiscales

Más allá del inexistente gasto de sus presupuestos públicos anuales, el Fonprode ha sido foco de numerosas críticas por parte de expertos y ONG desde la reforma que experimentó en 2014. La modificación supuso la supresión del porcentaje máximo de ayuda no reembolsable, la eliminación de obligación de publicar los resultados de sus operaciones y el aumento del peso de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) –sociedad adscrita al Ministerio de Economía que busca la internacionalización de las empresas españolas– en la identificación de los proyectos a financiar.

“Fuimos contrarios a la reforma de 2014 porque provocaba la victoria de los intereses de la empresa sobre los de la cooperación para el desarrollo. Al final hemos comprobado que este no era el camino”, sostiene el experto de la Coordinadora de ONG.

El riesgo de desvincular el instrumento financiero de un enfoque de cooperación al desarrollo, la opacidad y la preocupación ante la desaparición de las donaciones desataron la oposición de la sociedad civil hacia el Fonprode. El escándalo estalló en 2015, cuando un informe de varias ONG demostró que una de las empresas financiadas por este mecanismo, Feronia Inc., cuenta con sedes en paraísos fiscales y acarrea numerosas denuncias de explotación por parte de sus trabajadores.

El director de la AECID, Luis Tejada, reconoció en el Congreso de los diputados que “están trabajando” en la salida de los Fondos a los que prestan financiación a pesar de estar basados en paraísos fiscales. “En la actualidad tenemos dos fondos domiciliados en paraísos fiscales: el Fondo Africano de Agricultura y el Fondo Africano de Garantías. No lo prohíbe la ley ni el reglamento, pero sí el Código de financiación responsable de la cooperación española”, explicó. A su llegada a la Agencia como director, apunta, solicitó el fin de la colaboración con dichos fondos pero, según dice, el Instituto de Crédito Oficial les advirtió que “hacerlo antes de su conclusión tendría consecuencias muy gravosas para el presupuesto público”.

Por ello, añade, la Cooperación al Desarrollo española continúa financiando Fondos con base en paraísos fiscales aunque, señaló, “pronto podrán anunciar” su salida de ambos proyectos. Al menos hasta la moción de censura de Mariano Rajoy, la AECID estaba trabajando en una nueva reforma del Fonprode con el objetivo de aumentar el interés de sus créditos pues el actual Plan Director de la Cooperación Española describe el Fondo como una de las herramientas clave de su política en los próximos cuatro años.

Tras la caída del Partido Popular del Gobierno, el futuro del Fonprode, así como la capacidad de acción del PSOE en una posible reforma de este, se encuentra en el aire. La portavoz socialista en la Comisión de Cooperación del Congreso, Carlota Merchán Mesón, ha defendido en distintas ocasiones la modificación del mecanismo “siempre que se recupere el liderazgo del Ministerio de Exteriores y la primacía del desarrollo y la lucha contra la pobreza como prioridades”.

La posible reforma tampoco está exenta de suspicacias por parte de las ONG. Carlos Botella, de Oxfam Intermón, defiende la necesidad de una renovación siempre y cuando “la sociedad civil tenga un papel fundamental en el proceso”. Desde su punto de vista, para que el Fonprode cumpla con los objetivos de la política de cooperación al desarrollo debe “dar importancia” a aquellos lugares o proyectos donde ya están las oficinas de cooperación y las organizaciones sociales para hacer posible el “control y seguimiento de las actuaciones públicas”.

“Tenemos un cierto miedo de que se recupere el instrumento sin salvar los problemas de su ADN. El mecanismo obedece a intereses de ayuda vinculada, ayuda inflada e internacionalizacion de empresas”, cuestiona García Paret, de Coordinadora de ONGD.

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