“El Gobierno es responsable de los naufragios porque no garantiza el derecho al asilo”

“No es nuestra responsabilidad que las personas decidan huir”, afirmó con rotundidad Juan Ignacio Zoido en una comparecencia sobre la muerte de 49 personas en el reciente naufragio en el Mar de Alborán. Esta es la última de una larga lista de declaraciones sobre migración y asilo con las que, según juristas especializados en migración, el ministro del Interior se contradice con la realidad.

“Tampoco es nuestra responsabilidad directa que lo hagan en condiciones precarias, en embarcaciones que a duras penas flotan y a la menor de cambio se hunden”, añadió el ministro.

El Ejecutivo, como país firmante de Convención de Ginebra, tiene obligación de permitir el acceso al asilo a quienes huyen de sus países de la guerra o la persecución. “El Gobierno tiene responsabilidad desde el momento en el que ratifica la Convención de Ginebra, un tratado internacional que compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país y garantizar el derecho de asilo”, responde Patricia Fernández, abogada especializada en Extranjería y miembro de la ONG Coordinadora de Barrios.

“Ratificar esta declaración significa tener la obligación de dictar leyes y normas que garanticen ese derecho. Eso es lo que no está haciendo el Gobierno y por eso también es responsable”, resume la letrada.

Una de las medidas que las ONG no se cansan de exigir a la Unión Europea y al Ejecutivo español consiste en la creación de vías legales y seguras de entrada a Europa. Estas personas corren el riesgo de lanzarse al mar en este tipo de embarcaciones porque no se les posibilita ningún otro camino regular para pedir protección. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), “los Estados podrían aplicar una serie de medidas para que los Estados miembros permitan a los potenciales refugiados llegar a la UE sin recurrir a traficantes”. Este es uno de los extremos donde la responsabilidad gubernamental se incrementa, insisten las ONG.

Como Estado miembro del Consejo Europeo, el Gobierno de España puede influir en la toma de decisiones y aplicar los diferentes mecanismos legales existentes para garantizar el derecho de asilo, recuerdan. No obstante, los juristas consultados destacan que el Gobierno español no tiene por qué esperar a la UE para poner en marcha herramientas como permitir el registro de solicitudes de asilo en embajadas u oficinas consulares de los países vecinos desde donde estas personas huyen.

“Sí es responsabilidad del Gobierno haber desarrollado el reglamento de la Ley de asilo para que, en vez de subir una valla, pudieran solicitar el traslado humanitario en las embajadas”, destaca Paloma Favieres, Coordinadora del departamento jurídico de la Comisión Española de Ayuda la Refugiado. “Si no habilitas vías legales, la gente acaba en la barca”.

La posibilidad de solicitar la protección internacional en las embajadas de los países de acogida desde los estados de origen o de tránsito de refugiados está incluida en la legislación española. Su Ley de Asilo de 2009 recoge esta opción, pero no puede ejecutarse: la normativa está pendiente de su desarrollo en un reglamento que, ocho años después, continúa sin existir.

Para Favieres, detrás del aumento de las llegadas de migrantes y refugiados a España a través del Estrecho está un posible “cambio de ruta” con respecto a la que recorre el Mediterráneo central desde Libia a Italia. “Es un círculo vicioso, la situación de abusos que sufren estas personas en Libia hace que cada vez más gente venga a las costas españolas. En vez de apoyar en el Consejo de Estado la financiación de los guardacostas libios, deberían proponer soluciones para que no tengan que pasar por ello”, insiste.

Responsabilidad “moral, política y jurídica”

Javier de Lucas, catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, considera que el Gobierno de España tiene “una responsabilidad política, moral y jurídica” en las muertes que ocurren a las puertas de nuestras fronteras. “Zoido no piensa ni en la primera ni en la segunda”, asevera el jurista.

En cuanto a la moral, considera que “desde un punto de vista de preservación de la vida, Zoido sigue la lógica de Caín: yo no soy el guardián de mi hermana. Para él, las personas que huyen no son hermanos ni nada, mientras que para una ética universalista es todo lo contrario”.

A nivel político, detalla el catedrático, es responsable porque Zoido olvida que la política no esta actuando adecuadamente “sobre las causas que ponen en la situación de riesgo inminente miles de personas. La ausencia de una política de cooperación y co-desarrollo, sumado al carácter depredador utilizado sobre esos Estados de huidas, revelan una política deplorable”, añade.

Por último, desde el punto de vista jurídico, “en el derecho del mar existe una obligación de socorro de toda persona que se encuentre en peligro. El no tomar decisiones jurídicas que garanticen el cumplimiemto de esa obligación y, por el contrario, incentivar la vigilancia y contención en lugar de la protección, es una grave irresponsabilidad jurídica”, desarrolla de Lucas, quien también recuerda la necesidad de permitir las peticiones de asilo en las oficinas consulares.

Otro de los obstáculos al acceso de asilo en España se encuentra en las devoluciones en caliente, regularizadas por el Gobierno en 2015 a través de la figura de “rechazo en frontera”. Con estas prácticas, la Guardia Civil de Ceuta y Melilla expulsa de forma inmediata a quienes sean interceptados nada más saltar las vallas de las ciudades autónomas, por lo que se les niega su derecho al asilo y, quizá, podrán optar por vías aún más peligrosa: tras esta reforma de la Ley de Extranjería, centenares de migrantes que se encontraban en Marruecos en su intento de atravesar la frontera con España optaron por modificar su ruta y probar suerte a través de Libia, la ruta más mortífera.