Las ONG denuncian en los juzgados agresiones a los internos del CIE tras el motín

SOS Racismo y la Coordinadora de Barrios han presentado este viernes una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla, para exigir que se investigue “la represión policial que sufrieron los internos del CIE de Aluche (Madrid)” tras la protesta acontecida en la noche del 18 al 19 de octubre en la azotea del centro, cuando 39 de ellos pidieron “libertad” y denunciaron las malas condiciones en las que viven encerrados.

La denuncia, apoyada por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, pide que se investiguen los hechos y exige que se adopten las medidas cautelares pertinentes para evitar la deportación, “hasta que se esclarezcan los hechos”, de aquellas personas “que hayan sufrido agresiones o sean posibles testigos de lo ocurrido”.

Los testimonios recogidos por SOS Racismo coinciden con los publicados el jueves por este medio, en los que varios internos manifestaron haber recibido golpes y malos tratos por parte de los agentes de la Policía nacional: “ Nuestros compañeros han visto a personas con marcas y hematomas. Relatan que estuvieron negociando con los agentes, que llegaron a un acuerdo según el cual no habría represalias si bajaban del tejado, pero que sí las hubo, también contra personas que no participaron en la protesta”, explica la portavoz de SOS Racismo, Clara García.

“Bajamos del techo y la solución fue una paliza tremenda”, decía Omar (nombre ficticio) en conversación con eldiario.es desde el CIE de Aluche, un día después del motín. “Yo tengo el costado con muchísimo dolor. Algunos no pueden casi ni respirar. Tenemos moratones por todos los lados”, añade.

La versión policial

La Policía ha negado que los agentes pegaran a los internos y aseguran tener informes médicos de todas las personas que participaron en la protesta, en los que, según indican, se prueba que “ninguno ha resultado herido”.

“Dudamos mucho de la veracidad de los partes médicos a los que hace referencia el ministro del Interior, en tanto y cuanto el CIE de Aluche se ha distinguido, lamentablemente, por ser un lugar donde la atención médica es tan deficitaria que se llegó incluso a producir hace unos años el fallecimiento de Samba Martín”, ha dicho Javier Baeza, portavoz de la Coordinadora de Barrios.

Baeza hace referencia al caso de la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche en 2011 sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado.

Incomunicados el día después

El ministro del Interior en funciones aseguró que el centro recuperó “la normalidad” después de la protesta, pero eldiario.es comprobó que no fue así. Tras el motín, la Policía activó un dispositivo de seguridad que impidió cualquier contacto con los internos, el acceso al interior del centro y la comunicación con las personas encerradas, incluso con aquellas que no habían participado en el motín.

“Durante todo el día no pudieron hablar con nadie, ni con sus familiares, ni con las ONG ni con sus abogados”, corrobora Clara García, que asegura que actualmente esas comunicaciones ya se han reestablecido.

Fernández Díaz ha defendido “la labor diaria de la Policía” y ha asegurado que los centros españoles están “a la vanguardia” en cuanto a las “garantías de respeto a los derechos humanos que tienen los internos”. Sin embargo, sus declaraciones chocan tanto con los testimonios de los internos tras los acontecimientos de esta semana, como con multitud de informes en los que las organizaciones han documentado durante años malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de las personas encerradas y ausencia de asistencia sanitaria permanente.

SOS Racismo y la Coordinadora de Barrios han aprovechado la concentración mediática frente a los juzgados para reiterar su postura a favor del cierre de los CIE. “Condenamos la respuesta policial y reafirmamos en la denuncia el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia y los tratos vejatorios como práctica frencuente en estos centros, que son un lugar de no-derecho en los que se priva de libertad a migrantes por una simple falta administrativa”, concluyen las ONG.