Más de 300 organizaciones exigen al Gobierno que repare esta semana la exclusión sanitaria de inmigrantes
Más de 300 entidades congregadas en la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, han exigido por carta a la ministra de Sanidad la aprobación de un reglamento para arreglar las lagunas que ha dejado la normativa con la que el Gobierno socialista pretendía devolver la sanidad a “todas las personas” residentes en España.
Tras la adopción del Real Decreto 7/2018 que pretendía recuperar la sanidad universal, muchas personas continúan excluidas del acceso a la asistencia pública. Entre ellas, los padres reagrupados en España por sus hijos españoles, así como mujeres embarazadas y menores en situación irregular que no pueden documentar una estancia en el país mayor de tres meses, como ha publicado en exclusiva eldiario.es.
Algunos de los casos documentados, de especial gravedad, son los de Juan, enfermo de cáncer de próstata, y Guadalupe, con cáncer de mama y endometrio. A pesar de sus graves enfermedades el Ministerio de Trabajo les deniega las tarjetas sanitarias de forma sistemática. El Instituto Nacional de Seguridad Social lo justifica apelando a que este colectivo tiene como requisito para regularizar su situación contar con un seguro médico, algo negado por al menos 60 sentencias de tribunales españoles, como ha documentado este medio este martes.
Ante los diferentes casos de exclusión y la inminente disolución de las cortes para el próximo 5 de marzo, más de 300 organizaciones, entidades científicas y colectivos han enviado una carta de urgencia a María Luisa Carcedo solicitando la aprobación de un reglamento que, según entienden, es el eslabón que falta para “garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el Estado español”.
Según denuncian, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”.
Para las organizaciones firmantes la aprobación del Real Decreto 7/2018 fue “un paso importante” aunque “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”.
En concreto, a lo largo de la misiva, REDER, Amnisía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal instan al Ministerio a reparar “dos ejes fundamentales” a través de un reglamento. Entre ellos se encuentra “la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar”.
“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, concluyen las organizaciones integradas en REDER, así como Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal.
Otro foco mencionado por las entidades es blindar la atención sanitaria gratuita a “mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata”, unos supuestos que aparecen especificados en la reforma aprobada en julio por Pedro Sánchez.
Además, las organizaciones firmantes solicitan que se revise la exigencia del empadronamiento como prueba de su residencia en España, un hecho que está dejando a muchas personas sin atención médica, como ha documentado Médicos del Mundo. “La persona que vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo”, explican las entidades firmantes. Por esta razón, aclaran, solicitan “la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc.”.
